En el día de ayer el gobierno nacional prorrogó la prohibición de suspensiones y despidos “sin justa causa”, así como los vinculados con “falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”. En el marco del endurecimiento de las restricciones ante la elevada suba de contagios la semana pasada, el Decreto 266/2021, publicado en el Boletín Oficial el 22 de abril, indica que la violación de estas medidas “no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”. Aun así, la medida contempla excepciones: no abarca a los trabajadores de la industria de la construcción, a quienes hayan sido contratados ya declarada la emergencia sanitaria, ni al personal del sector público.

Estas normas son herederas del decreto antidespidos ordenado el 30 de marzo del 2020 por el presidente Alberto Fernández. Si bien la medida contaba con una duración original de 60 días, el decreto ya ha sido prorrogado en cinco ocasiones. En esta última ocasión, fue un pedido central de la CGT al Poder Ejecutivo frente al temor de una pérdida generalizada de puestos de trabajo. Uno de los jerarcas de la central sindical había afirmado anteriormente: “Hay peligro de que terminemos con una ola de despidos si siguen subiendo los casos y se amplían las restricciones”.

Pero además de promulgar nuevas limitaciones a la circulación y a la actividad económica, el Decreto 241/2021 anunció la suspensión de las clases presenciales del 19 al 30 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A pesar de los esfuerzos del gobierno porteño para continuar la presencialidad en detrimento del DNU, la principal resistencia ha sido impuesta por los gremios docentes UTE y Ademys, que decidieron en la noche de ayer continuar el paro iniciado el lunes. En estos tres días de huelga, según la UTE, “se observó escuelas cerradas o prácticamente vacías, la adhesión con medidas de fuerza de estudiantes secundarios y terciarios y de familias resistiendo para cuidar la vida y la salud de todos”. Por su parte, la posición de los establecimientos educativos privados estuvo fragmentada entre aquellos que defendieron la presencialidad y los que, frente a las amenazas de denuncias y el paro ordenado por el sindicato de docentes privados Sadop, obedecieron la suspensión original.

No es una novedad en la Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, que los sindicatos cuenten con una voz dominante en los asuntos públicos y un poder de acción eficaz que, en caso de no ser escuchados, fuerce a tenerla en cuenta. Pero en un país en el que la pobreza ha ido en aumento, el desempeño educativo se encuentra debajo del promedio regional y la actividad empresarial ha atravesado un deterioro en los últimos años, más que la supervivencia del más apto, cuando un gobierno carece de suficiente autonomía o es incapaz de ejercer sus decisiones, parece predominar la ley del más fuerte.