El gobierno retoma la iniciativa y profundiza el conflicto con la oposición

Con el decreto publicado el 8 de abril, pero principalmente a partir del publicado el último jueves, el gobierno nacional buscó retomar la centralidad en la toma de decisiones respecto a las restricciones frente a la pandemia. El innegable comienzo de la “segunda ola” le presentó al Ejecutivo una fuerte disyuntiva, que incluso se replicó al interior del gabinete: continuar con la tendencia aperturista y descentralizadora (comenzada el 26 de abril del último año cuando se flexibilizaron actividades productivas y se presentó el marco bajo el cual se habilitaba a las provincias y CABA a solicitar aperturas focalizadas) o asumir nuevamente la responsabilidad de dictar medidas restrictivas, y con ellas los costos políticos derivados.

Posicionándose nuevamente como la autoridad sanitaria central, el gobierno inauguró una nueva etapa en la toma de decisiones respecto a la pandemia. En un primer momento, con la prohibición de entrada al país de extranjeros no residentes y la aplicación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el Ejecutivo Nacional se posicionó como el actor central (y único) al dictar medidas de cumplimiento en todo el país. Con el decreto publicado el 7 de junio se aplicó por primera vez el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), comenzando así a descentralizarse la toma de decisiones permitiendo a los Estados Provinciales aperturas y flexibilizaciones bajo aprobación del Estado Nacional. Una nueva etapa se inauguró cuando el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cumplió con los criterios epidemiológicos para ingresar en DISPO, se habilitaron la mayoría de las actividades y se trasladó de hecho (la normativa establecía responsabilidades compartidas) la responsabilidad de aperturas y cierres a los distritos subnacionales.

La postura adoptada en las últimas semanas, fruto del abrupto ascenso de contagios en el país en general y el AMBA en particular, inauguró una nueva etapa en la que el gobierno nacional volvió a marcar la agenda y se erigió nuevamente como la autoridad sanitaria principal. Vía decreto, y de cumplimiento exclusivo para el AMBA, se prohibieron actividades en lugares cerrados, se estableció un horario fijo para las actividades comerciales, se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles y se restringió la circulación entre las 20 y las 06 horas hasta el 30 de abril.

Un punto sobresalió entre las medidas y marcó el quiebre definitivo del consenso interpartidario logrado por el gobierno en marzo del 2020: la suspensión de la presencialidad escolar. La polémica escaló hasta un conflicto directo con Horacio Rodríguez Larreta quien, vía conferencia de prensa, anunció una presentación ante la Corte Suprema para frenar la medida y le solicitó una reunión personal al Presidente. La misma se desarrolló durante la mañana del último viernes y derivó en dos nuevas presentaciones ante los medios. Alberto Fernández defendió y ratificó las medidas adoptadas, y el Jefe de Gobierno de CABA sostuvo el amparo presentado por la presencialidad escolar a la vez que adhirió al resto de las disposiciones.

En su discurso, el Presidente remarcó que, aún habiendo tenido un diálogo positivo con Rodríguez Larreta, las medidas adoptadas no iban a sufrir modificaciones y criticó la estrategia del gobierno porteño, basada en recurrir a la justicia. El tono utilizado en la conferencia de prensa puede ser también muestra de un nuevo período para el Poder Ejecutivo con relación a la pandemia: los costos políticos de posicionarse como el actor central en el proceso de toma de decisiones, mucho más tratándose de un año electoral y tras haberse desligado durante meses de la aplicación de medidas restrictivas, son mucho más altos que en marzo de 2020. Será tema de discusión para las próximas semanas la resolución del conflicto con el gobierno porteño (vía judicial o no), el posible posicionamiento de Horacio Rodríguez Larreta como el principal representante de la oposición y, tras el vencimiento del plazo de las medidas establecidas, la posible renovación (o profundización) de las mismas fruto de la situación sanitaria.

Escrito por

Licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires.

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