La pandemia dio un vuelco de gran importancia en las vidas de las personas, impactó en los ámbitos de la economía, la salud, el comercio, la política, entre tantos otros. Cambió la forma de vivir en todos los sentidos, pero hay sectores que se vieron particularmente damnificados. Uno de ellos fueron lxs trabajadorxs sexuales. Es por eso que este artículo  se pregunta ¿cómo la pandemia afectó a la cotidianidad de las trabajadoras sexuales sindicalizadas? 

Pero para poder responder esta pregunta, es preciso que contextualizar el debate social sobre la situación del trabajo sexual en Argentina. Mientras desde algunas posiciones no se reconoce al trabajo sexual como un trabajo, sino como violencia y explotación del cuerpo de las mujeres, en otras posiciones se lo comprende y se reconoce como tal, argumentando que es una decisión autónoma de las personas mayores de edad que quisieran ejercerlo siendo soberanas de sus propios cuerpos.  

Las discusiones en términos binarios que asumen forma de abolicionismo o regulacionismo se encuentran obsoletas, no porque ya no sean temas para poner en debate, sino porque no son solo dos las posiciones respecto al trabajo sexual. Por el contrario, Daich y Varela (2013) sostienen que tradicionalmente se reconocen tres modelos en lo que hace a la regulación de la prostitución: abolicionismo, prohibicionismo y reglamentarismo; sin embargo, la lista no finaliza ahí y se suma un cuarto modelo, el de la “legalización”. 

Daich (2012) sostiene que Argentina tiene una posición abolicionista desde el año 1936, donde se sanciona la Ley 12.331 (la Ley de profilaxis), en cuyo texto se establecen disposiciones para erradicar y atender las enfermedades venéreas. No obstante, en el artículo 15 de dicha ley se prohíbe el establecimiento de casas de tolerancia o espacios donde se ejerza la prostitución. Esto está ligado al contexto histórico que le da el marco a la ley: la existencia de Zwi Migdal, un grupo de rufianes judíos que tras engaños captaban jóvenes para prostituirlas. Sin embargo, hay quienes sostienen que muchas jóvenes decidían por voluntad propia y arribaban a Buenos Aires. Este tipo de organizaciones criminales había conformado sedes en Buenos Aires, Rosario, Nueva York, Brasil, India, China, entre otros sitios del mundo, generando así una importante red de trata de blancas. 

Actualmente, en Argentina no se penaliza la prostitución, pero se encuentran vigentes los Códigos Contravencionales, de Faltas o de Convivencia que criminalizan el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública. Ejemplos de ello son: el Art 98 del Código de Faltas de Formosa, el Art 57, inciso 7 de la Ley de Faltas y Contravenciones de Jujuy, o el Art 85 del Código de Faltas de Catamarca , entre otros ejemplos que han recibido varias críticas respecto a lo amplio e imprecisos que son algunos artículos, dejando margen de maniobra arbitrario a las fuerzas de seguridad. La criminalización además de expresarse en la imagen que se sostiene de lxs trabajadorxs sexuales; a quienes se lxs asocia al escándalo en la vía pública, la vagancia, la perversión y la pobreza, tiene un impacto material que implica la represión policial, pago de coimas, detenciones arbitrarias, violaciones, arrestos, persecuciones en las residencias, allanamientos y robos. 

En 1994, comenzaron las incipientes huellas de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) con frecuentes reuniones para pensar en una organización que cuente con herramientas frente a la violencia y persecución policial que aún hoy siguen siendo moneda corriente. Un año después pasaron a formar parte de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y en 1997 comenzaron a conformar la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) cuyo origen data del mismo año. 

Desde los primeros pasos (que luego devino en la conformación sólida de una Asociación hasta la actualidad), las personas que integran AMMAR han demostrado que la organización es la mejor forma política que tienen en la cotidianidad, como así también para resistir y dar respuesta a fenómenos y momentos “bisagra”. La irrupción del Covid-19 y las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el Gobierno Nacional es uno de ellos. 

Ahora bien, con el Decreto 297/2020 en el cual se expresa la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare como pandemia el brote del nuevo coronavirus, la situación y la posibilidad de transitar las calles se vio truncada. De esta forma, quienes utilizan la calle como medio para realizar el trabajo sexual dejaron de hacerlo y es en esta precisa circunstancia donde las preguntas que comienzan a surgir son múltiples: ¿qué sustento económico reemplazó a su trabajo durante los meses de Aislamiento? ¿Hubo medidas desde el Estado que beneficiara y tuviera en cuenta a este sector de la población? ¿Cuáles fueron las formas de organización que tomaron las personas que se autodenominan trabajadoras sexuales? ¿Siguieron ejerciendo su trabajo? 

Como respuesta a las inquietudes y teniendo en cuenta que el trabajo sexual se encuentra dentro de los sectores económicos informales y que no gozan de los derechos laborales, se puede hacer un primer análisis general: la crisis y emergencia, que principalmente fue sanitaria, devino en alimentaria como en una especie de causalidad y, como secuela de lo mismo, decantó en la urgencia de crear soluciones de autogestión para dar reparo a la incertidumbre que se avecinaba. 

Como primera forma de organización colectiva, se creó un Fondo Nacional de Emergencia, en el cual recibían dinero, donaciones de alimentos y artículos de limpieza, con lo que se componían bolsones que fueron repartidos entre personas que forman la Asociación, como así también el dinero recaudado sirvió para que no se generen deudas con los alquileres de departamentos, habitaciones y evitar estar en situación de calle.

Muchos son los testimonios de personas trabajadoras sexuales que han mencionado el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) como una ayuda económica que les dio la oportunidad de comenzar emprendimientos como confección de tapabocas, o simplemente, subsistir en la cotidianidad. Si bien el IFE se puede mencionar como una respuesta estatal frente a la emergencia sanitaria, no es una medida especializada y unidireccional donde las únicas destinatarias sean las trabajadoras sexuales. En este sentido,no hubo una medida que cuente con estas características. 

Siguiendo sobre el mismo eje, una medida gubernamental fue la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que permite acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación. En dicho Registro y por primera vez, se reconoció la categoría “trabajadora sexual”, sin embargo y con una fuerte reacción de los sectores abolicionistas, fue dado de baja a las pocas horas de crearse. La Secretaria General de AMMAR, Georgina Orellano, en su cuenta de Twitter realizó un hilo manifestando que en menos de cinco horas, aproximadamente 800 trabajadorxs sexuales se inscribieron en el Registro. 

Así también, desde AMMAR se ha realizado un informe relevando información de un total de 600 respondentes hasta el 31/10/2020. Algunos datos importantes que se instalan como antecedente y registro de la problemática son:

• El 72% de las personas trabajan en la vía pública, el 12% lo hace en ámbitos privados o vía internet mientras que la minoría es webcamer o stripper.
• El 62,9% tiene a cargo otras personas y son jefxs de hogar. 
• El 50,7% de las personas manifestó haber sufrido violencia durante el aislamiento. Los dos tipos de violencia con mayor presencia son de tipo institucional y de género. 

Cabe destacar que estos resultados no son representativos del total de la población que se dedica al trabajo sexual.

Las cifras recogidas por AMMAR tienen detrás un marco contextual donde la vulnerabilidad es la principal protagonista, no solo en cuanto a loeconómico sino también los riesgos a los que se encuentran expuestas las personas que se dedican a ejercer el trabajo sexual teniendo en cuenta la violencia policial, como así también los tipos de violencias de género que se denuncian en el país.

Como conclusión, el debate sobre el trabajo sexual data de varios años y el panorama promete que seguirá discutiéndose durante otros más. Sin embargo, el contexto pandémico demostró que sin la organización y la contención, como así también las herramientas que emergieron desde AMMAR y las formas de autogestión, muchxs de lxs trabajadorxs sexuales estarían en situación de calle y sin sustento alimentario. 

Si bien es complicado pensar en una historia contrafáctica cuya legalización del trabajo sexual sea una realidad efectiva, dado a que el discurso hegemónico actual no es el de la legalización, la situación frente a la pandemia sería otra. El hecho de que su trabajo esté registrado, amparado por el Estado y goce de la formalidad, le permitiría el acceso a determinados beneficios como la jubilación a quienes cumplan los requisitos, obra social, créditos, mejor acceso al alquiler de departamentos, entre otros. 

El recorrido que queda por transitar no parece fácil, pero, ¿será este el próximo debate que los movimientos feministas pongan en eje de discusión y en la agenda pública?

Referencias bibliográficas

AMMAR (2020). PUTXS DATOS: Trabajo Sexual y pandemia en Argentina. Perfil sociodemográfico de trabajadorxs sexuales alcanzadxs por AMMAR. 

Daich, D. y Varela, C. (2013). Políticas anti-trata y vulneración de derechos de las trabajadoras sexuales. 

Daich, D. (2012). ¿Abolicionismo o reglamentarismo? Aportes de la antropología feminista para el debate local sobre la prostitución. RUNA XXXIII, 1, pp. 71-84.