#ENDSARS: Nigeria unida contra la violencia policial

Durante el mes de octubre las protestas en Nigeria bajo el lema #EndSARS tuvo repercusión en todo el mundo, especialmente después del fenómeno de Black Lives Matter iniciado en Estados Unidos. La población nigeriana alzó su voz contra la fuerza especial policial (Federal Special Anti-Robbery Squad) luego de que se hizo viral un video donde un miembro del escuadrón disparaba a un joven en un hotel del estado de Delta y al intentar desmentir los hechos posteriormente, la policía arrestó al autor del video. La indignación causada llevó a que salgan a la luz más fotografías y testimonios de violencia por esta unidad. 

En las últimas 3 semanas, las marchas diarias fueron encabezadas por mujeres y hombres demandando el fin de los abusos policiales, teniendo una gran repercusión en las redes sociales y en las diásporas. Las marchas presenciales se realizaron en 10 estados de Nigeria y en otros 5 países como el Reino Unido, los Estados Unidos, Irlanda y Canadá. En territorio nigeriano, estos hechos fueron contrarrestados con fuertes represiones con gases lacrimógenos y mangueras de agua en las ciudades de Abuja, Benin, Lagos, Osogbo y Ogbmoso.      

Pero ¿qué es el SARS? ¿Qué objetivo tienen las manifestaciones? Esta unidad policial no es nueva, como así tampoco sus abusos. Hombres y especialmente mujeres jóvenes protagonizan esta lucha de años que revivió con un hashtag el pasado mes, frente a un Estado que no da respuestas, o al menos no ninguna que no haya intentado fallidamente en el pasado.

LOS ORÍGENES DE LA FUERZA

Este departamento fue creado en 1984 durante el gobierno de Muhammad Buhari para estar a cargo de la lucha contra asesinatos, robos armados y delincuencia. Sin embargo, no es noticia que se les acuse de actos de violencia brutal (tanto física como sexual), extorsiones, tortura, intimidación y demás abusos de los cuales resultan impunes. 

La Policía de Nigeria se estableció por primera vez en 1820, pero fue más de un siglo después, en 1930, que las fuerzas policiales del norte y del sur se fusionaron en la primera fuerza policial nacional. En 1992, se formó la Brigada Especial Antirrobo (SARS) para combatir el robo a mano armada y otros delitos graves. Antes de eso, la lucha contra el robo era responsabilidad de la fuerza policial de Nigeria en general, aunque desde 1984 las unidades de lucha contra el robo existían por separado como parte de los departamentos de investigación criminal de los diferentes estados.

En los primeros días de la unidad, los oficiales del SARS operaban encubiertos con ropa y vehículos de civil sin ninguna insignia de seguridad o del gobierno y no portaban armas en público. Su trabajo principal era monitorear las comunicaciones por radio y facilitar arrestos de criminales y ladrones armados. La violencia policial tiene sus raíces en las estructuras coloniales, cuando el deber del organismo era proteger a la elite gobernante del país. 

Esta cultura de violencia injustificada de los derechos humanos dentro de la unidad no surgió por sí sola, sino que es parte de una problemática más profunda. Más bien, refleja las falacias que la élite gobernante nigeriana ha mantenido en el país, que ha tratado de enriquecerse ilegalmente. Los abusos dentro de la fuerza comenzaron siendo sutiles y con un nivel de violencia menor, pero ante la impunidad sus delitos fueron aumentando ya que los oficiales no eran enjuiciados, ni siquiera reprendidos. El SARS fue solo una de las muchas unidades policiales utilizadas para proteger a los criminales ricos de las consecuencias de la pobreza extrema que los rodea. Las investigaciones de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) estiman que entre 1960 y 2005 se robaron alrededor de 20 billones de dólares del tesoro nacional. Según Oxfam, mientras que los cinco nigerianos más ricos tienen un patrimonio neto combinado de 29.900 millones de dólares, 112 millones de nigerianos siguen viviendo en la pobreza. 

Sin embargo, entre los pobres también se encuentran los agentes de policía encargados de proteger a los ricos. Sus salarios son desesperadamente bajos y se pagan de manera irregular. Según la escala salarial de 2018, un sargento de policía ganaba 582.000 nairas (1.600 dólares) al año. Por el contrario, el salario básico de un senador era de más de 750.000 nairas (2.100 dólares) al mes, además de una asignación para gastos de 13,5 millones de nairas (37.500 dólares). El mismo año, después de un enfrentamiento con los sindicatos, el gobierno aumentó el salario mínimo nacional a 30.000 nairas (83 dólares) al mes, muy por debajo de las 50.000 nairas (138 dólares) que se habían exigido (AlJazeera, 2020). El pago insuficiente afecta a todo el sector público, que ha convertido la corrupción y la extorsión en un medio para complementar los salarios insuperables de los servidores públicos. Mientras exista la enorme desigualdad, disolver el SARS es simplemente mover el problema, no resolverlo.

La unidad se expandió rápidamente en 2009 cuando el gobierno intentó hacer frente a la creciente ola de fraude y cultismo en los campus universitarios. Pero en cambio, se convirtió en el centro de un escándalo constante, donde los agentes utilizaron indiscriminadamente el acoso y la extorsión contra los jóvenes de Nigeria.

Las protestas comenzaron en 2017 cuando el SARS arrestó a un joven de 23 años acusado de haber robado una computadora portátil. Amnistía Internacional informó que fue torturado y apenas se le dio comida durante los 40 días de detención antes de que lo llevaran a los tribunales y lo acusaran de robo a mano armada. Finalmente, el tribunal desestimó el caso por falta de pruebas. Ese año se lanzó una campaña en las redes sociales con el hashtag #EndSARS para documentar el abuso y la extorsión por parte de los oficiales del SARS y exigieron la revisión total o la disolución de la unidad. 

En sus comienzos, los protestantes demandaban que el organismo sea desarmado y una mayor accountability policial, es decir, rendición de cuentas por sus actos. Esto tenía como principal objetivo enjuiciar a aquellos acusados de abuso y compensar a las familias afectadas. Un reclamo básico es que se rinda cuenta exhaustiva del presupuesto gastado en la fuerza. A su vez, tampoco portan uniforme ni vehículos especiales porque, como se aclaró en el punto anterior, usualmente trabajan encubiertos como civiles, por lo que les exigen el uso de una vestimenta distintiva. Sin embargo, este es tan sólo el primer paso para lograr una reforma que asegure el cumplimiento de la tarea primordial de la fuerza policial. La protección de sus habitantes y el cumplimiento de la ley, tarea que con el crecimiento de la fuerza quedó desvariada.

A su vez, el reclamo es aún más íntegro, encabezando las siguientes demandas bajo el lema #5for5:

  • Inmediata liberación de los protestantes arrestados,
  • Justicia para las víctimas y compensación para sus familiares,
  • Establecer un comité independiente que revise los actuales y pasados agravios por parte del SARS,
  • Evaluación psicológica de los miembros de la fuerza,
  • Aumento del salario policial, de modo que sean adecuadamente compensados por proteger la vida y la propiedad de los civiles.

Según el informe de Junio de Amnistía Internacional (organismo que se encarga de encabezar los reclamos respecto a los delitos por parte de la fuerza), hubo al menos 82 casos de tortura y ejecución extrajudicial llevados a cabo por el SARS entre enero de 2017 y Mayo de 2020. Apelan que “Los oficiales tergiversaron su deber de proteger a los nigerianos en una oportunidad para extorsionar y robar dinero, propiedades y otros objetos de valor pertenecientes a las familias afectadas”. Pero Amnistía Internacional no fue el único organismo implicado.

LA COALICIÓN FEMINISTA

Otro bastión importante a tener en cuenta a la hora de analizar las protestas nigerianas es la coalición feminista. Las mujeres nigerianas tomaron un rol de liderazgo durante las marchas, teniendo incluso una “Marcha de Madres”, cuyas familias fueron víctimas de la brutalidad policial. A su vez, el fenómeno de la Coalición Feminista logró recaudar cerca de 400,000 dólares para financiar las protestas mediante un posteo en Twitter donde declaraban sus gastos para campañas del movimiento #EndSARS, atención médica gratuita a los reprimidos y representación legal para los arrestados en las manifestaciones. La transparencia en sus movimientos hizo que rápidamente se llenen de elogios, transparencia que el pueblo demanda a sus líderes desde hace años. Cuando la violencia aumentó, lanzaron una declaración donde le pedían a los habitantes que se queden en sus casas para resguardar su seguridad.

Hoy en día, este movimiento de mujeres tomó identidad propia creando una ONG donde buscan una nación donde la igualdad para todas las personas sea una realidad en las leyes y en su vida cotidiana. Tiene como objetivo promover los derechos de las mujeres nigerianas centrándose en tres pilares: los derechos y la seguridad de las mujeres, la igualdad financiera para las mujeres, y poder político y legislativo para las mujeres. Ante la magnitud de las marchas y la difusión de las denuncias a oficiales, y el constante reclamo, el gobierno tomó ciertas medidas que no fueron bien recibidas del todo.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

El pasado 4 de octubre la policía prohibió al SARS ocuparse de tareas enfocadas en crímenes violentos, diciendo que los comandantes de la fuerza serían responsables de las malas conductas de sus oficiales y que a partir de ese momento los oficiales deberían usar obligatoriamente un uniforme que los identifique. Sin embargo, la población no quedó satisfecha ya que esta fue la cuarta vez desde 2015 que anuncian medidas de este estilo: en 2006 y 2008, los comités presidenciales propusieron recomendaciones para reformar la Policía de Nigeria; en 2009 el Ministro de Justicia nigeriano y el fiscal general de la federación convocaron a un Comité Nacional sobre la Tortura para examinar las denuncias de tortura y homicidios ilegítimos, pero avanzaron poco; y en octubre de 2010, el entonces presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, asignó 71.000 millones de nairas (196 millones de dólares) para reformas policiales (AlJazeera, 2020).

En 2016, el inspector general de la Policía de Nigeria anunció amplias reformas para corregir el uso excesivo de la fuerza por parte de las unidades del SARS y el incumplimiento del debido proceso. De hecho, en 2017 se presentó a la Asamblea Nacional de Nigeria una petición firmada por 10.195 personas en la que pedía la disolución total del SARS, pero en lo que tardó este documento en llegar al Congreso, pocos senadores avalaron la petición porque, ante la disminución de casos, el problema dejó de ser protagonista y quedó descartado. Es decir, en 3 años de movimiento, se lograron muy pocos avances. El desmantelamiento de la fuerza no funciona porque para la élite gobernante no es conveniente: es un organismo barato de mantener, no invierte en insumos (sólo en armamentos), protege los intereses de la elite, y lleva a cabo prácticas coercitivas ilegales contra la población civil, especialmente aquella que vive bajo el índice de la pobreza. Tan sólo un detalle quedó por fuera de este cálculo de costo-beneficio, y es que con la masividad de los medios y el acceso a las tecnologías de la comunicación, la participación y preocupación por hechos de actualidad fueron “democratizados”, es decir, quedaron al alcance de más personas: las fuentes de información están al disponibles para aquellos que cuentan con conexión a internet, y así de rápido también se viralizan las noticias, tanto cuando son buenas como cuando en este caso, ponen en tela de juicio a una institución que desde hace años extralimita sus facultades.

La segunda semana de octubre del corriente año, el presidente de la nación se comprometió con la reforma, pero no desintegró el departamento policial. El 14 de octubre, el inspector general de la policía federal ordenó la creación de una nueva fuerza especial (SWAT) que se ocuparía de las anteriores tareas del SARS. Esto impulsó la creación del nuevo movimiento incipiente llamado “EndSWAT” en adición a #EndSARS. El 20 de octubre hubo otra escalada de violencia y el presidente habló en público, pero en vez de condenar estos actos, pidió que cesen las protestas. Ese mismo día, el gobernador de Lagos emitió un toque de queda en su estado a partir de las 16 hs. con el fin de disuadir a los ciudadanos de manifestarse. Los protestantes pacíficos en una de las más grandes marchas en el estado fueron masacrados a fuego abierto por las Fuerzas Armadas. Este hecho fue transmitido mediante redes sociales, donde se podía ver a la gente corriendo, cantando el himno nacional y tratando de asistir con primeros auxilios a los afectados. Se estiman al menos 56 víctimas fatales y cientos de heridos en lo que se llamó la “Lekki Toll Gate Massacre”.  

Las protestas contra la violencia policial no son noticia en 2020, lo que comenzó en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, se trasladó a Nigeria en un grito contra los abusos de la fuerza, y aquí traspasó las fronteras, manifestándose en diferentes países. En medio de África, un continente con democracias débiles y presidencias vitalicias, la represión es moneda corriente y cada estado enfrenta su propia lucha. El problema es cuando estos abusos suceden en la vía pública, con suficientes testigos como para hacerle frente a un organismo del Estado, y es entonces cuando salen a la luz y se hace memoria sobre todas las otras veces que estos abusos fueron denunciados, quedando los culpables impunes. Se puede decir que la juventud nigeriana está redescubriendo su poder, recogiendo el manto de la resistencia cultural y política que en el pasado ayudó a liberar al país de una dictadura militar.

Gran parte de la población nigeriana vive en la pobreza. La mayoría de esta población son jóvenes que padecen el desempleo, fruto de una pobreza estructural que los atraviesa de generación en generación. Lamentablemente, no resulta inusual que las víctimas de los estragos sean personas que pertenecen a este sector relegado por el sistema, ya que son los que menos posibilidades tienen de ser escuchados o acceder a un acompañamiento judicial que tenga un desenlace y no quede en el olvido. La pobreza, la violencia de género, el enriquecimiento ilícito de la elite gobernante y las hambrunas, son tan solo unas de las tantas problemáticas que se encuentran detrás de un movimiento como lo es el #EndSARS. Nigeria dijo basta a una institución corrupta e injusta, también lo dijeron Estados Unidos y Chile, ¿quién será el siguiente?

Escrito por

Lic. en Gobierno y Relaciones Internacionales. Especializándose en estudios Africanos.

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