Artículo escrito en conjunto con @giualderete

Ya son más de 430 mil hectáreas quemadas en todo el país. El ecocidio del delta se extiende a nueve provincias con focos de incendio activos, siendo las más afectadas Córdoba y San Luis. Es de común conocimiento que el incendio forestal es el desmonte más barato y más rápido (alrededor del 95 % de los incendios son intencionales), y que las sequías son una consecuencia de la deforestación y el maltrato del suelo que viene desde hace décadas. Actualmente, la especulación financiera y los productores agropecuarios se encuentran entre los principales señalados como responsables del fuego que asedia el presente Argentino. Ahora bien, ¿Cuál es la coyuntura política y económica nacional en la cual se desarrollan los incendios actualmente?

Argentina y China forman parte de la Asociación Estratégica Integral desde 2014, un acuerdo bilateral que establece un marco dentro del cual ambos países avanzan en diversos niveles y rubros de cooperación. En julio del 2019, el vicecanciller Pablo Tettamanti y su par chino, Zheng Zeguang, reforzaron dicho acuerdo con la implementación de un Plan de Acción Conjunta para el periodo 2019-2023 que establece una serie de distintas políticas económicas y comerciales que fortalecen la cooperación entre los países. El mismo año, se acordó la implementación del Memorando de Entendimiento de Inocuidad para agilizar la habilitación de frigoríficos de nuestro país para exportar carne al mercado Chino.

En julio del corriente año Cancillería argentina difundió un comunicado entre el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá -la misma persona que en 1996, autorizó la siembra de semilla transgénica en el país-, y el ministro de Comercio de la República Popular China, ZhongShan, donde se anunciaba la “asociación estratégica” para la producción y envío de carne porcina al país asiático. Ahora bien, ¿Qué implica este acuerdo con China? Básicamente, la instalación de 25 mega granjas industriales con 12 mil cerdas pariendo lechones en jaulas de gestación, establecimientos de concentración de cerdos para producir y enviar a China más de 900 mil toneladas en cuatro años; zoonosis de todo tipo, contaminación del aire y agua y, sobre todo, la profundización de un modelo agroindustrial que hace tiempo se viene denunciando.

Según los datos obtenidos por el pedido de información pública realizado por Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, se trata de un “memorándum de entendimiento o acuerdo interinstitucional para cooperar entre la Cancillería argentina y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular China. El memorando comprende cooperación en las siguientes áreas: intercambio de investigaciones científicas y tecnología agropecuaria en el sector porcícola; sanidad animal en el sector porcícola; inversión y comercio en el sector porcícola”; los organismos estatales llamados a formar parte son el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Ministerio de Desarrollo Productivo. En ningún momento se hace mención al Ministerio de Salud y al de Medio Ambiente.

El Acuerdo de megaindustrias de cerdos, llegó con promesas de buenos negocios: aumento exponencial de las estadísticas de empleo y beneficios para las economías locales y regionales. Según detalla el “Anteproyecto porcino 12.000 madres” se generarían 380 empleos directos, 268 empleos indirectos constructivos y 21 empleos indirectos en el campo más el personal involucrado en los viajes en camión y los convoy ferroviarios que se realicen anualmente. Sin embargo, según las cifras declaradas por los ya existentes establecimientos de producción de carne porcina de Argentina, como por ejemplo: la empresa Paladini, detallan que aún teniendo una producción mucho menor de cerdas, la generación de empleo es mayor a 2.000 puestos de trabajo.

En el Foro “Producción de alimentos y ambiente” del 29 de Julio convocado por la organización ambientalista Eco House, los principales argumentos a favor fueron la posibilidad de generar divisas, trabajo y -supuestamente en consecuencia- reducir el hambre y la pobreza. Además, según Juan Uccelli, consultor porcino, en Argentina hay 2 cerdos por km2, lo que para él significa que hay mucha superficie para producir sin afectar al medio ambiente. También asegura que la actividad se desarrolla con énfasis en la bioseguridad. De la misma forma, la premisa de beneficios a la economías regionales se presenta como la posibilidad de desarrollo de los territorios. El problema, en este caso, es que los territorios en cuestión son interpretados como áreas vacías donde “no hay nada”, lo cual les permite habilitar la explotación de los bienes comunes sin tener en cuenta las externalidades/pasivos ambientales que impactarán y sufrirán los suelos argentinos, durante el desarrollo de las factorías y posteriormente.

Todos estos argumentos han sido utilizados históricamente en otros megaproyectos ambientales ejecutados en nuestro país, como por ejemplo la megaminería a cielo abierto en los 90’ en la provincia de Catamarca la cual hoy tiene uno de los índices más elevados de pobreza de Argentina. Es por ello que se considera necesario cuestionar cuáles son los indicadores de rentabilidad de las inversiones que se utilizan en los megaproyectos ambientales de Argentina. En el Acuerdo con China, como ya dijimos, no se integran en sus costos las externalidades y los pasivos ambientales que el proyecto dejaría en las comunidades, en los territorios y en el ambiente. Así que, si bien la explotación y venta de cerdos podría generar divisas, no significa necesariamente que genere mayor beneficio social o económico en nuestro país.

Siguiendo la misma línea, el sábado 3 de octubre del corriente año, el Ministerio de Agricultura anunció un “Programa de Compensación y Estímulo” a través del decreto nº 786/2020, cuyo principal objetivo es establecer estímulos para productores de soja. Para esto, se destinarán $12.000.000.000 (doce mil millones de pesos) para aquellos productores agrícolas que el gobierno reconoce como “pequeños productores de soja y cooperativas”. La realidad es que en esta categoría entran todos los productores sojeros y cooperativas que tengan hasta 400 hectáreas destinadas almonocultivo de soja. En otras palabras, productores agrícolas que forman parte del sector agroexportador que se dedica al monocultivo transgénico que desmonta, contamina y disminuye considerablemente la fertilidad de nuestros suelos. Y por si quedan dudas de quiénes son los beneficiados y quiénes los y las perjudicadas en esta historia, los “estímulos” dirigidos a los productores sojeros que desde el año pasado no han incrementado sus ganancias, se pagarán retroactivamente. Es decir, se financiarán con la recaudación que surge del cobro de impuestos a los y las ciudadanas argentinas, en un contexto de crisis económica, socioambiental y de salud.

Paralelamente, se redujeron las retenciones al extractivismo -a la agroindustria y a las exportaciones mineras-. Para tener una idea, el poroto de soja se redujo del 33% al 30% y el sector minero se redujo del 12% al 8%. Mientras que, retomando el Acuerdo con China, en medio de protestas ambientalistas de parte de la sociedad civil, la firma del memorándum se postergó hasta noviembre, con el objetivo de incorporar un artículo sobre protección del medioambiente y la bioseguridad.

Jorge Neme, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación -el mismo Ministerio encargado del diseño y puesta en marcha de los mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del “Programa de Compensación y Estímulo”-, comentó cómo se construyó el memorándum: 1) cooperación técnica para la producción de carne, 2) cooperación técnicas en temas de sanidad y bienestar animal, y 3) promoción de alianzas entre productores y empresas chinas y productores y empresas argentinas para construir granjas para producir carne de cerdos. En otras palabras, el tercer punto, explica el rol de “paraguas” que cumpliría el Acuerdo y bajo el cual se sentarán a negociar empresas privadas argentinas y chinas.

En paralelo a estos conflictos geopolíticos y ambientales, continúa vigente el histórico reclamo popular por la aprobación de la Ley de Humedales en Argentina. Por tercera vez en siete años el Congreso sigue discutiendo el proyecto de ley, por tercera vez en siete años se reactivaron los lobbies que lograron en 2013 y 2016 frenar la sanción de la ley, generando pérdida de estado parlamentario en el 2015 por falta de apoyo en Diputados. El bloque lobbista está integrado por productores sojeros, forestales, ganaderos, empresas mineras, desarrolladores inmobiliarios y varios gobiernos provinciales. La creación de una ley de humedales es necesaria principalmente para tener un Ordenamiento Territorial de los humedales con los que cuenta el país y principalmente para revalorizar sus enormes servicios ecosistémicos, dentro de los cuales encontramos: control de inundaciones, recarga de aguas subterráneas, estabilización de costas y protección contra tormentas, retención y exportación de sedimentos y nutrientes, depuración de aguas, reservas de biodiversidad y un largo etcétera.

El proyecto de ley para la protección de los humedales argentinos, propone: presupuestos mínimos, ordenamiento territorial, gabinete de humedades, una moratoria, aumento de las multas y penalidades. En otras palabras, se busca atender las cuestiones básicas actuales de preservación de los humedales, mientras se va construyendo el inventario de los mismos -un ordenamiento geográfico-. Paralelamente se exigen multas reales -y no unas tan bajas como para que los productores las integren en sus costos de inversión-, y un ordenamiento jurídico nacional del tipo penal-ambiental que tipifique cuáles son los delitos ambientales y reconozca la figura jurídica otorgada de aquel/aquella que efectivamente comete un delito ambiental.

En medio de una pandemia y una crisis económica y sanitaria mundial, es urgente que las autoridades políticas del país no sólo reflexionen sobre los costos-beneficios de las inversiones económicas en términos de bienes comunes y naturales, sino también respecto de la balanza en la cual hace tiempo viene pesando más el -inmenso- lobby de la especulación inmobiliaria, agropecuaria y ganadera frente al valor que les damos a nuestras tierras como única garantía a largo plazo de -con voluntad política- recuperar la soberanía sobre las mismas.

Como es de costumbre, se llega al final del artículo con más preguntas que respuestas ¿Puede ser que siempre se sacrifique la salubridad de nuestras tierras y su calidad habitacional en el altar de las exportaciones? ¿Hasta cuándo van a seguir excluyendo a la ciudadanía en el desarrollo de negociaciones de esta envergadura?

Por lo pronto, sólo se ha podido responder la pregunta sobre ¿Qué podemos hacer?

Donar dinero a las brigadas que están luchando contra los incendios y sus consecuencias
Exigir a las y los legisladores que sancionen y reglamenten urgentemente la Ley de Humedales. Hay 11 proyectos presentados en 2020. Ver en: https://docs.google.com/document/d/1CFGc4ZDZwNlksbOalIsEcnOPNfiIHGbfVJu7DCmQnwg/edit
Frente a la sumisión completa del Estado ante los centros de poder económico, debemos exigir a las autoridades políticas que lideren y exhorten a los gobernadores a tomar las medidas políticas y judiciales necesarias para detener los desmontes ilegales en sus territorios, y así cumplir la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos.
Informarnos, leer y denunciar.