Ciberespacio y democracia: ¿cuáles son los riesgos?

En vísperas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el director de Inteligencia Nacional John Ratcliffe hizo una declaración pública denunciando a Irán y Rusia por haber obtenido información sensible sobre los registros de votación con el fin de interferir en el proceso electoral. Presuntamente Irán habría enviado una serie de emails intimidantes a votantes demócratas bajo el nombre del grupo de ultraderecha estadounidense “Proud Boys” para dilapidar la imagen de Trump. La denuncia a Rusia, por otra parte, fue realizada en tanto se habría obtenido información, pero no hubo definición concreta de cuáles fueron sus intenciones en hacerlo.

Este episodio sin dudas resulta alarmante, pero no novedoso. Ya para las elecciones del 2016 algo parecido había sucedido: la supuesta interferencia de Rusia no sólo en el proceso electoral, sino también durante el momento previo en las campañas de los candidatos, había marcado un precedente en las potencialidades que tiene el ciberespacio como herramienta de persuasión. 

La interferencia habría estado basada en el despliegue de campañas de desinformación para consolidar la pérdida de apoyo (y voto) a Hillary Clinton, entre ellas destacándose la proliferación de fake news en torno a una supuesta enfermedad grave que tenía Clinton (factor considerable a la hora de consolidar el voto) y la venta de armas a yihadistas islámicos, incluyendo a ISIS, por parte de la funcionaria durante su mandato como Secretaria de Estado.

Dentro del proceso electoral pueden existir diferentes factores que pueden condicionar la integridad de las elecciones: cuestiones estructurales (como factores económicos), institucionales (haciendo referencia a sus capacidades profesionales) y fuerzas internacionales (como la globalización), pero también aquellas relativas a la libertad de flujos de información (Norris, 2015). De hecho, desde las elecciones presidenciales de 2016, Estados Unidos incluyó en su Estrategia Cibernética Nacional1 a las instituciones electorales como parte de las Infraestructuras Críticas2 que debían protegerse ante posibles ataques.

Este antecedente llevó a que funcionarios de seguridad electoral como Bill Evanina hayan predicho en agosto que efectivamente países como Rusia, Irán y/o China tendrían como objetivo interferir en las elecciones 2020. Las posteriores declaraciones de Ratcliffe tienden a mostrar que este tipo de intervenciones van en camino a convertirse en moneda corriente y no sólo serían incidentes esporádicos.

Lo cierto es que el uso habitual del ciberespacio lo ha consolidado como un nuevo ámbito de interacción y diálogo, donde las facilidades del intercambio de información sobrepasan las fronteras convencionales de espacio y tiempo. Sin embargo, esta “globalización agilizada” trajo consigo la aparición de novedosas formas de establecer instancias disruptivas para los sistemas democráticos consolidados. 

El problema al día de hoy es cómo garantizar la coexistencia de una democracia robusta frente a los riesgos emergentes que se originan en una “realidad virtual” que tiene potenciales consecuencias en la “realidad tangible”. Las elecciones libres y justas son sólo una arista por analizar, pero en concordancia con ellas también resulta importante establecer bajo qué condiciones la ciudadanía puede endosar su participación efectiva en el ciberespacio respetándose los principios democráticos básicos.

En este sentido, la aparición cada vez más frecuente de las fake news y la ejecución de operaciones psicológicas promocionadas por actores extranjeros (públicos y privados) que buscan la desestabilización doméstica, han traído a colación el debate sobre la regulación de contenido principalmente en las redes sociales que son el primordial medio de interacción de la ciudadanía3

La dimensión ciberespacial bajo estos términos pone en manifiesto dos cuestiones: las altas capacidades de almacenamiento de datos (en el ámbito electoral, por ejemplo, bajo los registros electorales y otros registros personales) y la difusión de información que, en mayor o menor margen, puede moldear la opinión pública (Dominioni, 2018). Frente a esta problemática donde estas dos grandes “fortalezas” del ciberespacio pueden devenir en efectos disruptivos para un sistema democrático establecido, se presenta el siguiente dilema:

¿Qué debería ser lo correcto? ¿Establecer un sistema al estilo “Gran Hermano” orwelliano o promover un ciberespacio sin regulación alguna?

Tomando la primera postura, la de supervisión, se sostiene que el chequeo de contenido e interacción y difusión deben estar regulados bajo una entidad pública que sirva como herramienta paliativa frente a la inminencia que se presenta con la cotidianeidad de las campañas de desinformación (por sólo dar un ejemplo de los riesgos existentes). Esta perspectiva está definida bajo un contexto donde las instituciones del Estado moderno se han visto obligadas a evolucionar para proporcionar reglas de comportamiento, foros para la resolución de disputas y herramientas de vigilancia, adjudicación y castigo en caso de transgresiones a la ley en un espacio que rebasa las líneas convencionales de desarrollo de la sociedad (Lennon y Grabosky, 2017).

Esta postura, no obstante, es comúnmente criticada por aquellos quienes consideran que es un atropellamiento del Estado por sobre las libertades individuales, como así también se plantea que tal intervención podría devenir en una realidad moldeada a los intereses de la entidad que lo regula (Kapor, 1993). Desde esta visión, a medida que las telecomunicaciones avancen y el ciberespacio sea un medio donde las facilidades para recopilar, procesar y utilizar información personal aumenten, la preocupación fundamental por la privacidad individual con información potencialmente sensible crecerá. La gobernanza en el ciberespacio bajo estos términos tan abstractos resulta ciertamente difícil de implementar en tanto esta dimensión está considerada como un espacio sin fronteras definidas, al menos como son conocidas en el ámbito físico.

Desde la otra visión, la promoción del ciberespacio sin regulación está defendida por algunos al percibir que es una instancia de consolidación de una democracia más pluralista y participativa y donde puede efectuarse un tipo de accountability down-top, no como en el caso de la visión de “Gran Hermano” (Bremmer, 2010). El ciberespacio, en este sentido, se visualizaría como un medio de “control” y de interacción directa entre gobierno y sociedad. 

Alvin Toffler (1981) ya para la década del ’80 había reconocido que el uso de las telecomunicaciones llevaría a que los ciudadanos, por primera vez en la historia, podrían ser partícipes directos de sus propias decisiones políticas. Es decir, no sólo serían receptores, sino agentes de cambio. Esto implicaría un viraje paradigmático donde los individuos pasarían de identificarse con el gobierno a definirse como un “auto-gobierno” (Keskinen, 1999).

Sin embargo, el principal desafío que plantea esta visión es cómo no caer en una para-realidad donde la difusión de contenido no pasa por ningún “tamiz” que lo verifique. Una  crítica común que suele darse bajo esta perspectiva reside en cuál es la capacidad que tiene el ciudadano promedio para informarse por todos los medios disponibles y discernir entre qué es verdadero y qué falso (Dahlberg, 2001).

Ambas visiones demuestran posiciones polarizadas de la forma de interpretar la existencia y funcionalidad del ciberespacio: al ser un entorno altamente dinámico, resultaría algo utópico imaginar que existen soluciones eternas e inmutables que den de lleno contra todos los riesgos existentes. De la misma forma que las amenazas evolucionan, el abordaje seguro del espacio cibernético también debe necesariamente hacerlo. 

Y, en este sentido, la principal tarea reside en la educación: la creación de una cultura de ciber-seguridad, donde se pase de un abordaje reactivo a uno proactivo. Es una clave fundamental para garantizar no sólo la participación activa de la ciudadanía en este tipo de medio, en un plano particular, sino también la consolidación de los sistemas democráticos, en uno más general.

Pero, ¿cómo lograr esto? La cooperación público-privada es esencial: la dinámica del ciberespacio muestra que la mayor capitalización de desarrollo tecnológico está bajo propiedad privada, mientras que la conducción gubernamental del Estado juega un rol clave no sólo en términos de responsabilidad bajo la esfera doméstica, sino también en la internacional.

Si no se quiere caer en los polos de vigilancia orwelliana o del ciberespacio como lugar sin límites, el abordaje conjunto de los sectores público y privado para promover esta cultura de la ciber-seguridad es el primer paso. Fomentar el debate en este nuevo espacio sin dudas aporta una gran contribución a la democracia, sin embargo, no debe darse por sentado que todos tienen buenas intenciones sobre su uso. Para garantizar la estabilidad democrática en el espacio cibernético, generar conciencia colectiva sobre sus alcances es imprescindible.

Notas al pie

1 La Estrategia Cibernética Nacional de Estados Unidos fue implementada originalmente en 2003 para incrementar la seguridad y resiliencia de los sistemas de información de la Nación.

2 Son sistemas físicos y virtuales que se consideran esenciales para las operaciones cotidianas en torno a la economía, la seguridad y el bienestar de las sociedades. Entre ellas se destacan los sistemas de corriente eléctrica, transporte, comunicaciones, suministro de agua, entre otros.

3 Se recomienda ver los documentales “El Dilema de las Redes Sociales” (2020) y “Nada es Privado” (2019) que profundizan sobre esta temática.

Referencias bibliográficas

Bremmer, I. (2010). Democracy in Cyberspace: What Information Technology Can and Cannot Do. Foreign Affairs (Council on Foreign Relations), 89(6), 86-92.

Dahlberg, L. (2001). Democracy via Cyberspace: Mapping the Rhetorics and Practices of Three Prominent Camps. New Media & Society.

Dominioni, S. (2018). Protecting Electoral Integrity in Cyberspace: The US Midterm Elections in 2018. Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.

Kapor, M. (1993), Where is the Digital Highway Really Going?. Wired, 1(3), 53-59.

Keskinen, A. (1999). Teledemocracy. En Ostberg, O. y Clift, S. (eds). Democracy and Government On-Line Services G8 Government Online Publication.

Lennon, C. y Grabosky, P. (2017). The governance of cyberspace. En Drahos, P. (ed) Regulatory Theory: Foundations and Applications. Canberra.

Norris, P. (2015). Why Elections Fail. Cambridge University Press.Toffler, A. (1981). The Third Wave. Pan Books.

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