El 2020, año el cual se postulaba a ser histórico para el Reino Unido, lo será pero por razones totalmente distintas a las previstas. La salida del país de la Unión Europea, ocurrida el 31 de enero de este año devino en la retirada de sus representantes de los órganos comunitarios. Partiendo de esta fecha, se inició un período de transición de 11 meses en el cual tanto la UE como el Reino Unido debían trabajar en la negociación y firma de un acuerdo para definir las relaciones económicas y comerciales futuras, deshaciendo décadas de cercanos vínculos comerciales.

Sin embargo, la crisis sanitaria ralentizó los tiempos de la negociación, la cual había comenzado en marzo y se detuvo en abril por la pandemia del COVID-19 en donde tanto Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, como Michel Barnier, jefe para la negociación del Brexit por parte de la UE, tuvieron que recibir tratamiento médico luego de contraer el virus. 

Las negociaciones se retomaron a finales de abril y comienzos de mayo de manera virtual, aunque con pocos avances. En especial se le reclamó al Reino Unido la falta de interés en el tratamiento de cuatro cuestiones de vital importancia para la UE: (1) estándares sociales, ambientales y en materia de ayuda pública que eviten la competencia desleal entre ambos actores; (2) la firma de un único acuerdo, en vez de varios acuerdos sectoriales, que es lo que busca el Reino Unido; (3) cooperación en materia policial y judicial, en donde Londres no garantiza mantener los estándares en materia de derechos fundamentales y libertades individuales en cuestiones como la protección de datos; y (4) la política pesquera, en donde el Reino Unido se abstuvo de presentar propuestas concretas pese a que sabe de la importancia que tiene para la UE tener acceso a sus aguas. Con respecto a este último punto, autoridades a cargo de las negociaciones aclararon que la Unión no aceptaría ningún acuerdo que no incluyera un capítulo sobre actividad pesquera. 

La quinta ronda de negociaciones se dio entre el 20 y 24 de julio en Londres, la cual terminó con ambas partes aclarando la lejanía de un acuerdo. Barnier advirtió que un acuerdo de libre comercio es poco probable a menos que el Reino Unido retroceda en sus demandas. Mientras tanto, David Frost, encargado de las negociaciones por el lado británico, dijo que ambas partes deben enfrentar la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo.

No obstante, detrás de esta retórica parece ser que sí existió cierta disposición al compromiso. Se está avanzando sobre algunos obstáculos para el acuerdo en cuanto a cómo se estructurará y qué papel tendrá el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en vigilarlo. A pesar de estos avances, la política pesquera y la competencia desleal siguen siendo los dos puntos clave de la negociación, sobre los cuales se sigue sin obtener una resolución. En caso de mantenerse la posición dura de Londres frente a estos dos temas es posible que en diciembre, una vez finalizado el plazo, se produzca una separación brusca o dura o “hard Brexit”.

Por su parte, Boris Johnson junto con todo su gabinete, se mantuvo firme en la decisión de no extender el plazo de acuerdo más allá del 31 de diciembre pese a las circunstancias ganando críticas de líderes como Nicola Sturgeon, de Escocia y Mark Drakeford, de Gales, quienes consideraron esta postura como “extremadamente imprudente”. El gobierno del Reino Unido tenía plazo para decidir sobre la extensión hasta el primero de julio y, en caso de aceptarla, esta podía de ser de uno a dos años. Johnson está en deuda con la mayoría del Parlamento que lo apoya para que haga realidad el Brexit. A su vez, una extensión significaría contribuir para el presupuesto financiero de la organización en los próximos años, situación que quiere evitarse.

Con respecto a la pandemia del COVID-19 ya es sabido que la respuesta por parte del gobierno británico para la gestión de la crisis sanitaria fue tardía, lo que generó en un principio un gran impacto a nivel de contagios y muertes. Sin embargo, hoy en día, el país está gestionando la salida de la cuarentena de manera paulatina permitiendo la apertura de comercios y la realización de actividad física. La preocupación actual se centra alrededor de la probabilidad de un “rebrote” producto de esta apertura y en especial teniendo en cuenta la llegada del invierno en pocos meses. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Reino Unido hoy en día posee casi 300.000 casos confirmados con alrededor de 46.000 muertos. En este contexto, el Sistema Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) es temeroso de que el Brexit pueda perjudicar al sector sanitario, en especial en caso de que ocurra sin acuerdo, generando un retraso en la importación de recursos médicos y fármacos. 

El impacto del virus y las medidas de aislamiento, en consonancia al resto del mundo, afectaron de manera importante a la economía británica. La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido confirmó que el PBI del país creció un 1.8% en mayo luego de que se desplomara en un 20% durante el mes de cuarentena, siendo la mayor contracción registrada de la economía. Mientras tanto, el desempleo pasó de 856.000 a 2 millones de personas. La recuperación será menos sólida sin un acuerdo comercial que regule la relación entre el país y la UE, en especial para aquellos actores económicos cuyos sectores dependen del comercio entre ambos. En caso de no alcanzarse acuerdo, en el ámbito aduanero se aplicarán las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para regular las relaciones comerciales, las cuales implican no sólo aranceles más alto sino una reintroducción de las barreras aduaneras.

Frente a esto, hubiera sido quizás prudente extender el plazo de negociaciones más allá de diciembre, teniendo en cuenta que no sólo se debe negociar este acuerdo sino que el Reino Unido también debe organizar un nuevo sistema inmigratorio (del cual ya se ha presentado un posible modelo) y de aduanas. El tiempo parece correr en contra de los británicos. La negativa a la extensión parece ser más una postura ideológica del gobierno conservador más que una postura política que tiene en cuenta los riesgos políticos y económicos a los que se enfrenta el país en caso de no lograr un acuerdo.

El tiempo apremia y la falta de compromiso de las partes dentro de este contexto hacen del acuerdo un hecho poco probable. El mundo post pandemia va a obligar a repensar áreas como el turismo, el comercio internacional, la inmigración y las fronteras, áreas que el Reino Unido deberá adaptar lo más rápido posible a las nuevas circunstancias internacionales por fuera del marco europeo. Un hard Brexit sólo acrecentaría innecesariamente la incertidumbre ya existente, en un contexto global marcado por rebrotes, una carrera sanitaria en búsqueda de la vacuna, la necesidad de flexibilización ante la caída económica y tendencias aislacionistas que se profundizaron con la pandemia. Sin embargo, el verdadero impacto de los efectos que el COVID-19 genere será descubierto una vez que el país se retire totalmente de la UE, acuerdo mediante o no.