En estas últimas semanas se han hecho de público conocimiento numerosos casos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad en distintas partes del país. La cercanía en el tiempo y la notoriedad pública de estos ha llevado a poner el foco nuevamente sobre la violencia institucional por parte de aquellos agentes que se supone actúan al servicio de la comunidad.

Luis Espinoza  – Asesinado el 15/05, en Tucumán, durante un operativo policial en el que se intentaba desarticular una carrera clandestina. Su cuerpo estuvo desaparecido por una semana y fue encontrado el 22/05 a 80 kilómetros, en el límite entre las provincias de Tucumán y de Catamarca. Hay nueve policias y un civil en prisión preventiva por este hecho.

Comunidad QOM – El 31/05 la familia Fernández-Saravia de esta comunidad fue atacada de manera brutal por policías de la localidad chaqueña de Fontana, este hecho se conoció luego de la viralización de un video en donde puede verse la violencia con la que ingresan a la vivienda, para luego torturar a varios de sus integrantes y abusar sexualmente de dos chicas que quedaron en estado de shock por varios días. En la comisaría a los jóvenes les dieron una paliza, los rociaron con alcohol y los amenazaron con prenderles fuego al tiempo que les decían “indios infectados”. Sin embargo, los imputados Cristian Flores, Orlando Cabrera, Cristian Foschiatti y Cristian Benítez que fueron detenidos dos semanas después del hecho, quedaron en libertad. El vicepresidente del Comité contra la Tortura, Egidio García, denunció que “la liberación de los policías se da en un contexto de persecución racial y complicidad judicial”.

Facundo Astudillo Castro – 22 años. Actualmente se encuentra desaparecido desde hace más de 70 días y la policía bonaerense aparece como la principal responsable. Salió de su casa el 30/04 para recorrer los 120 kilómetros que separan la ciudad de Pedro Luro, partido de Villarino, con la de Bahía Blanca. Según testigos, lo vieron en la localidad de Mayor Buratovich, a 30 kilómetros de Luro, en donde la policía le abrió un acta por violación de las medidas de aislamiento social. A partir de este momento, los hechos y versiones no son claros; algunos indican que se subió a un patrullero, sin embargo, la policía dijo que le habían labrado el acta en Mayor Buratovich y lo habían dejado ir.

La Policía Bonaerense fue apartada de la investigación por irregularidades y contradicciones mientras que la familia de Facundo pide que se investigue si se trata de una desaparición forzada, el cual es un delito de lesa humanidad.

Sobre este caso también se expidió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual exigió al Estado argentino “inmediatez y exhaustividad de la investigación” por la desaparición del joven y solicitó “la independencia de los profesionales intervinientes” y que se tengan “en cuenta todas las hipótesis posibles”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reclamó la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU luego de constituirse como querellante en la causa por la desaparición forzada de Astudillo Castro.

A su vez, diputados del interbloque de Juntos por el Cambio solicitaron a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al ministerio de Seguridad que “se investiguen las responsabilidades policiales y políticas de todos los actores correspondientes e involucrados en la desaparición forzada del joven de 22 años”.

También se difundió un comunicado con varias firmas, como la de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos Humanos e H.I.J.O.S. Capital, que expresa preocupación y solidaridad con la familia y los amigos del joven.

Lucas Nahuel Verón – 18 años. El 10/07 fue asesinado en González Catán (La Matanza) por agentes policiales, cuando regresaba en moto de comprar gaseosas para el festejo de su cumpleaños. Una patrulla los empezó a perseguir y disparó contra el y su compañero, sin motivo. Luego del ataque, el móvil policial se dio a la fuga. Gracias a la intervención de HIJOS La Matanza se pudo identificar a los prófugos, los policías Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, quienes están imputados por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza expresó su repudio a un hecho en el cual los policías actuaron “de acuerdo a doctrinas propias de estados represores y no dentro del estado de derecho”.

La CPM que interviene como querellante tanto en representación de la familia de Verón como también de la familia Astudillo Castro, precisó sobre la violencia policial que la mayoría de las víctimas son “varones, jóvenes y pobres”. A su vez, el organismo recordó que en junio la Policía Bonaerense produjo la muerte por uso de la fuerza de una persona cada 40 horas. “Fueron 18 muertes, la mayoría de varones, jóvenes y pobres”.

Raúl Dávila – 22 años. Detenido desde el 27/06 en la comisaría de Chascomús por “resistencia a la autoridad”, delito leve cuya sanción no debe superar nunca las 48 horas de arresto. Murió el 9/07, quince días después de su detención, debido a un incendio en el calabozo donde se encontraba preso, en donde legalmente, ya no debería haberse encontrado.

“(…) el Estado es responsable por continuar con una política que ha sido fuertemente cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares de protección sobre diversas comisarías bonaerenses. No obstante esto la situación no sólo no se modifica sino que se agrava”, indicó la CPM.