El 25 de Octubre es la fecha elegida para el plebiscito decretado por el Presidente Sebastián Piñera. En este, se le preguntará a los ciudadanos chilenos acerca de si estos quieren que se redacte una nueva Constitución Política y, en caso de inclinarse por el sí, si estos quieren que esta nueva Constitución sea redactada por una Convención Constitucional tradicional o por una Convención Constitucional Mixta. Este referéndum es visto como la respuesta definitiva del Presidente chileno ante meses de inestabilidad, iniciados con las protestas estudiantiles en forma de “evasión” por los aumentos de las tarifas en el sistema público de transporte de Santiago el pasado Octubre. A seis meses de iniciadas las tensiones, se procede a reflexionar brevemente acerca del estado socioeconómico actual de Chile y su evolución en las últimas décadas, las lecciones a aprender y cómo esto puede ser una oportunidad de redención para la dirigencia política chilena (y para la dirigencia política latinoamericana en general).

Al observar el coeficiente de Gini, estadística recabada por el Banco Mundial recientemente muy utilizada en los medios para detallar la situación de imparidad económica en el Estado chileno, se descubre que esta variable ha descendido de manera periódica en Chile desde un coeficiente de 57,2 en 1990 (punto más alto) a 46,6 en 2017 (punto más bajo y el último sobre el cual se tienen datos). Aunque el índice muestra una desigualdad más alta respecto a sus otros pares andinos, al indagar más allá en los datos se halla que Chile ni siquiera se encuentra entre los primeros tres países con más desigualdad en latinoamérica (de acuerdo al índice): Brasil (53,3), Colombia (49,7) y Paraguay (48,8) conforman el podio. Si se observan a otros países de latinoamérica más hacia el norte, hallamos a Honduras (50,7), Panamá (49,9) y Costa Rica (48,3) también superando los niveles chilenos. Hace unos 7 años, Chile se ubicaba entre los 20 países más desiguales del mundo. Hoy apenas figura entre los 30. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esto? A diferencia de la creencia popular, Chile no es uno de los países más desiguales de latinoamérica, aunque sí es cierto que está lejos del mejor performer en el ranking, Uruguay (39,7).

El hecho de que la disparidad económica venga en casi pleno descenso desde 1990 (año en que finaliza el Régimen Militar) puede interpretarse en una mejora en la distribución del ingreso coincidente con la restauración del proceso democrático, pero esto sería más una correlación que una causalidad. Sin embargo, al observar los datos del coeficiente de Gini en aquellos países latinoamericanos que fueron partícipes en la Tercera Ola de Democratización de Huntington en el Siglo XX, encontramos que, salvo algún caso puntual, todos estos países han visto mejorada su distribución tras la vuelta a la democracia.

En términos de movilidad social, se debe referirse a un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en donde se analiza la situación de movilidad en Chile y a nivel mundial (más allá de sus miembros). El informe muestra a Chile como el país con mayor movilidad social ascendente en el corto plazo de todos los Estados pertenecientes, más que incluso algunos países reconocidos por su alta capacidad de ascenso social, como Suecia y Noruega.  Esto, lógicamente, fue objeto de titulares de primera plana en medios de comunicación latinoamericanos. ¿Por qué comúnmente se menciona a la movilidad social como una de las “debilidades” de Chile? Simple, si bien la movilidad social en el corto plazo posee niveles muy altos, lo cierto es que esta es muy volátil, y es casi imposible que se mantenga en el tiempo y a través de las generaciones, a diferencia de lo que sucede en los países nórdicos. En otras palabras, Chile posee un nivel de movilidad en el corto plazo digno de un país desarrollado, pero a la hora de observar la situación de movilidad en el largo plazo, se encuentra que los niveles terminan siendo similares a los de otros países en vías de desarrollo, como la Argentina.






En el mismo informe, se detallan también las generaciones necesarias para que las personas provenientes de familias de bajos ingresos alcancen un nivel medio de estos. En el caso de Chile, es de 6 generaciones, al igual que en países como la Argentina, Alemania y Francia, pero lejos de países como Dinamarca (2 generaciones) y los países nórdicos (3 generaciones). Esto ratifica dos cosas: 1) ni la movilidad social de Chile es comparable a la de los países modelo, 2) ni esta es muy inferior a la de otros países latinoamericanos o algunos europeos. Es importante resaltar esto porque se suele hablar de Chile como el ejemplo del “país desigual” por excelencia, cuando la data muestra que su movilidad social es muy similar a la de países europeos o sudamericanos con un menor nivel coeficiente de Gini y, a la hora de hablar de desigualdad en latinoamérica, se debería mencionar más los nombres de Brasil y Colombia, dos países que poseen un nivel de desigualdad superior al chileno y también una movilidad social más estancada. Sin embargo, queda claro que la movilidad social a largo plazo continua siendo una deuda pendiente para Chile.





Si bien, como señalado anteriormente, es muy difícil establecer una relación de causalidad entre la restitución democrática y la mejora en el reparto de capital financiero, no quedan dudas de que la democracia conlleva a una intervención más potente y necesaria del Estado en la economía, ya sea mínima, como es en el caso de Chile, o alta, como lo es en el caso de Bolivia. El elemento de accountability propio de las democracias también propicia una herramienta a los ciudadanos para que estos puedan controlar el accionar del Estado en la economía de acuerdo a sus intereses, y seguramente será algo que tendrán en cuenta los chilenos a la hora de emitir su voto en Octubre, aunque Piñera ni la clase política actual haya sido la responsable de las ahora “infames” reformas económicas llevadas a cabo durante los años 80, claro está.

En relación con la respuesta que debe propiciar la casta política en el presente por las omisiones cometidas en el pasado, se coincide con la opinión de Thomas Traumann, periodista y consultor económico para el gobierno de Dilma Rousseff, quien escribió un muy buen artículo en el America’s Quarterly acerca de las lecciones a aprender por Chile de las protestas de Junio de 2013 en Brasil: 1) protestas de esta magnitud son un punto de quiebre, nada va a volver a ser como antes; 2) la culpa siempre va a estar posicionada en el mandatario de turno y 3) la posibilidad de consenso es casi nula frente a una sociedad profundamente quebrada y dividida.

Hoy en día, aún cuando pasaron algunos meses del suceso, se pueden observar algunos indicios que invitan a pensar en el futuro de la sociedad chilena relacionado con el Brasil post-2013: la relación entre los ciudadanos chilenos y la democracia, al igual que en Brasil en ese momento (y algunos discutirán que ahora también), está casi quebrada.

El Centro de Estudios Públicos Chilenos publicó una investigación en donde se detalló que un 47% de los chilenos cree que la democracia funciona “mal o muy mal”, mientras que un 44% señaló que esta funciona “bien”. En esta misma investigación, se identifica un deterioro en el apoyo de los chilenos al Presidente Piñera y a sus sostenes en el poder: las Fuerzas Armadas y los Carabineros, cuyos apoyos descendieron al 24% y 17%, respectivamente. Aunque el Presidente actual no haya sido el catalizador de la percepción de la destrucción de la clase media que aboga una parte significante de la población (es más, las estadísticas muestran de forma fehaciente que la clase media ha ganado terreno en forma casi constante desde la década de los 90), lo cierto es que, así como pasó en la nación verdeamarela, el mandatario actual es el que debe dar respuesta a una deuda de la clase política con la sociedad chilena que data incluso desde antes de la vuelta a la democracia. Si recordamos el Brasil post-2013, los ex-presidentes Dilma Rousseff y Michel Temer también sufrieron de índices de aprobación bajos, tanto por haber sido víctimas de los reclamos para un Estado presente (caso Dilma), como para dar respuestas a la recesión económica imperante por el aumento del déficit fiscal (caso Temer).

¿Qué es lo que debe hacer la clase política chilena? En principio, debe mirar lo que sucedió en Brasil para saber lo que NO hay que hacer: una respuesta apresurada por parte del Estado, obedeciendo la voluntad de la mayoría, pero maximizando la presencia del Estado sin medir sus consecuencias no lleva a ningún lado. La postura realpolitik brasiliense del “¿Querían un Estado presente? Les dimos un Estado presente” no resolvió la tensión entre los ciudadanos y la clase política, así como tampoco brindó una solución real a los problemas en los servicios. Al contrario, la tensión llegaría a su punto máximo en los años siguientes, y terminaría teniendo su consecuencia definitiva en las Elecciones Presidenciales del 2018, en donde un candidato Outsider fue visto victorioso.

Si bien es importante aprender de los errores del Partido de los Trabajadores, lo cierto es que es también es menester señalar la diferencia entre la idiosincrasia de la sociedad brasileña y de la chilena. Mientras que la primera estaba dispuesta a aceptar los términos “negativos” consecuentes del trade-off de tener un Estado más presente y mejores servicios (una mayor carga impositiva, principalmente), la segunda hace décadas que mantiene una posición reacia a una reforma impositiva y a una mayor intervención estatal. Al igual que contó hace unos meses el ex-mandatario chileno Ricardo Lagos en una columna publicada en el diario “La Tercera”, en el pasado algunos gobiernos chilenos (incluido el suyo) intentaron impulsar una reforma impositiva, con la esperanza de poder nivelar la tasa a valores europeos y así traducir ese nuevo dinero percibido en un mayor acceso a los servicios, solo para que esta se vea duramente rechazada tanto por la opinión pública como por los bloques disidentes en el Congreso Nacional. Esto resulta también en otro problema para un gobierno que, como carece de experiencia enfrentando situaciones similares, continúa fallando en dar una respuesta que satisfaga a los ciudadanos descontentos.

Como señaló el Decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, Eduardo Levy Yeyati, en un artículo publicado en el America’s Quarterly, “el acceso a los servicios cuesta dinero, este sale del mismo lugar que las transferencias y los subsidios. Para mejorar los servicios públicos, se deben recortar otros gastos o cobrar más impuestos. Los votantes prefieren percibir un mayor ingreso antes que tener un mayor acceso, y los políticos tienden a elegir lo que les otorga un mayor rédito político”.

¿Cuál es el futuro que le espera a la nación chilena? Uno en donde la clase política va a tener que dar respuestas, inevitablemente, a demandas que ya llevan décadas gestándose y que, anteriormente, han hecho caso omiso de ellas: un mayor nivel de equidad en los ingresos, una movilidad social real que se mantenga en el largo plazo y un acceso más inclusivo a los servicios básicos.

¿Qué pasa si no lo hace? o ¿Qué pasa si no lo hace de manera correcta? De ocurrir alguna de estas dos alternativas, Chile verá tensada aún más su relación con la democracia, y esto puede ser el caldo de cultivo para que, como en Brasil, tome fuerza un candidato más bien heterodoxo. En este contexto, todas las luces se encuentran puestas en la figura de José Antonio Kast, abogado y político chileno que hace unos años es uno de los máximos referentes del conservadurismo de derecha en latinoamérica.

A la hora de emitir su voto en el mes de Octubre, los ciudadanos chilenos deberán pensar cuál es exactamente el futuro que quieren para Chile, ya que tendrán la responsabilidad de tomar una decisión que, muy posiblemente, moldeará el destino de la nación chilena en las décadas porvenir. En tiempos difíciles, hay que buscar consenso en la democracia, destreza en la clase política y conciencia en los ciudadanos. Chile, efectivamente, despertó. Se espera que sea para bien.