Negar la Verdad

El 24 de marzo de 1976 significó un antes y un después en la historia argentina. Aquella fecha, la cual corresponde al último golpe cívico militar, se enumera dentro de una cadena de múltiples interrupciones violentas que caracterizan a la Argentina del siglo XX. Quienes llegaron de forma repentina y ex abrupta al poder, donde se mantuvieron desde el año 1976 al 1983, se autodenominaron “Proceso de Reorganización Nacional”. 

Son de común conocimiento los crímenes de Lesa Humanidad que fueron cometidos por este régimen político. Presos políticos, desaparición de personas, torturas sistemáticas en centros de detención clandestinos, adopciones ilícitas de los hijos de las mujeres embarazadas que dieron a luz en confinamiento, por nombrar algunos ejemplos. Sin embargo, el discurso negacionista sigue presente en la sociedad argentina.

“(El negacionismo) conlleva múltiples cuestiones, una de ellas es hacer de la realidad pasada, un mero y simple discurso subjetivo.”

Éste discurso se manifiesta en múltiples situaciones y de diferentes formas; se ha escuchado en dirigentes políticos, en plataformas web, en personas popularmente conocidas y en la cotidianidad,  Incluso se intentan justificar las prácticas impartidas por el terrorismo de Estado. La mayoría de personas que lo manifiestan, lo hacen con total impunidad, conviven y se desenvuelven en la cotidianidad creyendo eso, incluso algunos sostienen que es libertad de expresión. 

Pero a fin de cuentas, ¿qué es el negacionismo? Valeria Thus (2017: p189)  define

“El negacionismo es un término usado para describir un fenómeno cultural, político y jurídico, que se manifiesta en comportamientos y discursos que tienen en común la negación, al menos parcial, de la realidad de los hechos históricos percibidos por la mayor parte de la gente como hechos de máxima injusticia y por tanto objeto de procesos de elaboración científica y/o judicial de las responsabilidades que se derivan de ellos.” 

En múltiples ocasiones se han enunciado oraciones que se enmarcan dentro de lo que se llama negacionismo. Aquellas que mencionan que no hubo un plan sistemático de tortura o que ponen en duda la cifra de personas desaparecidas e incluso también es frecuente que se quiera instalar la teoría de los dos demonios (la cual trata de justificar el terrorismo de Estado en ese momento, argumentando que se trataba de dos bandos enfrentados; por un lado, los grupos guerrilleros y por el otro, las Fuerzas Armadas). Esto conlleva múltiples cuestiones, una de ellas es hacer de la realidad pasada, un mero y simple discurso subjetivo. Es decir, cuando se está negando un hecho concreto que evidentemente sucedió, se pone en juego la veracidad de lo acontecido; de esta forma se comienzan a crear discursos fomentando la relativización de la historia. Por lo tanto, el problema radica cuando ese discurso adquiere legitimidad y comienza a ser reproducido.

¿Es aceptable hablar en un marco discursivo negacionista? Los sucesos históricos han dado margen a múltiples interpretaciones, muchas veces algunas de ellas han obtenido hegemonía sobre las demás y se han convertido como discurso legítimo. Sin embargo, el negacionismo no se reduce solamente a una opinión, ya que, generalmente, cuando se niegan crímenes de lesa humanidad, se hace apología a ello al mismo tiempo. De este modo, el discurso negacionista que generalmente se convierte en apología al crimen, también podría convertirse en una acción en potencia, eliminando así la idea de que el negacionismo sea una mera opinión, un conjunto de palabras superfluas. Por lo tanto, el negacionismo no puede ser considerado como una opción debido a que la carga potencial que contiene este tipo de discursos remembra de manera distorsiva el pasado, favoreciendo así al terrorismo de Estado.

En relación a lo mencionado anteriormente, es frecuente el debate sobre los límites de la libertad de expresión, y más particularmente, cuando se habla de una posible ley que sancione el negacionismo. Si bien existen muchas posiciones al respecto, es necesario definir qué es la libertad de expresión. En el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se menciona que:


1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

A raíz de lo mencionado, y, rescatando  que la libertad de expresión debe estar ligada a determinados deberes (principalmente aquellos que aseguren los derechos de los demás), deja entrever que las facultades de los individuos, terminan donde comienza el daño a la integridad de la otra persona. Es por ello que el razonamiento negacionista da pie a la instalación del discurso de odio que está por fuera de los límites de la libertad de expresión y esto se profundiza cuando se intenta legitimar que todas las personas pueden decir lo que desean, sin tener en cuenta las repercusiones y el daño a las sensibilidades ajenas. 

En otros países, como Alemania, Austria, Bélgica, Suiza y Francia el negacionismo está sancionado. Un ejemplo de ello es la Ley Gayssot, que se sancionó en Francia, el 13 de julio de 1990, la cual lleva ese nombre por quien la impulsó; Jean Claude Gayssot. Dicha ley, establece, según Troper (2001: p 957) que a todos aquellos que pusieran en duda la existencia de crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis durante la segunda guerra mundial, le corresponden penas idénticas a las que castigan la provocación al odio o a la discriminación racial. 

En Argentina, ¿Se podría habilitar una legislación correspondiente para sancionar el negacionismo? ¿Qué hay legislado hasta el momento? Partiendo de estas preguntas, es menester hacer una revisión sobre lo establecido en esta materia. En la Constitución Nacional, se vislumbra la libertad de expresión; el artículo 14, en el cual se menciona que todos los habitantes tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, entre otras atribuciones, y el artículo 32, donde se establece que el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, son ejemplos de ello. Con respecto a las sanciones vinculadas a la apología del delito, en el Art 213 del Código Penal, se expone que será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito.  

Cabe añadir que en 1988 se sancionó la ley 23.592, la misma hace referencia a los actos discriminatorios. En el artículo 3°, se menciona: 

“Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma.

En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.”

Desde el Congreso, en noviembre y diciembre de 2018, hubo intentos de modificar esta ley, con el fundamento de que es necesario actualizarla para que esté al tanto de las circunstancias actuales,  añadiendo cuestiones referidas a identidad y expresión de género, identidad cultural, condición migratoria, orientación sexual, entre otras, y teniendo en cuenta los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, el proyecto de ley de diciembre propone, entre abundantes justificaciones, que se logre una norma más abarcativa y con mecanismos más efectivos de prevención, reparación y sanción de actos discriminatorios.

El último debate instalado en el espacio público fue por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a raíz de su visita al continente europeo en febrero del corriente año y sus reuniones con organismos de Derechos Humanos de Francia, al conversar sobre una posible ley que penalice el negacionismo. Si bien el recorrido data desde varios años atrás, hay un bosquejo del camino y del destino al que se quiere arribar. No se puede prescindir de la frecuencia con la cual el tema se presenta en la población, esto lleva a pensar que la historia reciente no es una cuestión desatendida, pero para afirmar esto de forma completa, es necesario que haya sanciones claras y explícitas sobre el negacionismo, no solo por lo narrado a lo largo del texto, sino también porque es una deuda con las y los desaparecidos. La memoria es clave para comprender y aprender de la historia . Como conjunto social que ha tenido vivencias vinculadas al horror, la tragedia, la violencia, entre otras, no se puede estar exento del debate que esto sugiere. 

FUENTES:

Troper, M. (2001). Derecho y negacionismo: La Ley Gayssot y la Constitución. Anuario De Derechos Humanos. Nueva Época, 2, 957 – 984. Recuperado a partir de https://revistas.ucm.es/index.php/ANDH/article/view/ANDH0101110957A

Thus, V. (2017). NEGACIONISMO Y POLÍTICAS PÚBLICAS. ¿ENCARNA ARGENTINA UN NEGACIONISMO ESTATAL? Revista Crítica Penal y Poder, (13), 185–207. Recuperado de http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/19949/22499

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