El Mediterráneo es reconocido actualmente como una de las rutas más mortíferas para alcanzar Europa, no obstante, el número de migrantes clandestinos que lo atraviesan escapando de guerras y crisis políticas y económicas en sus países de origen, no disminuye. Esta situación genera, desde hace años, una gran presión por parte de los Estados que conforman la Unión Europea hacia el órgano regional que parece no tener capacidad de dar una solución a este fenómeno. Estos movimientos se distribuyen en las que son identificadas como tres rutas principales a nivel del Mediterráneo: 

• La ruta del Mediterráneo occidental por la cual buscan ingresar al continente a través de Marruecos.
• La ruta central, que comienza en Libia y viaja a las costas italiana y maltesa.
• Y la ruta del Mediterráneo oriental a través de Turquía y Grecia, que entró en uso más frecuente durante 2015 y que en estos días fue un principal foco de conflicto.

Esta última, de 1991 a 2001, fue uno de los puntos de entrada más utilizados por los migrantes, en su mayoría de Albania, que huían de la agitación económica y política. Sin embargo, desde 2015, los cruces fronterizos ilegales han aumentado en número récord a partir de la escalada del conflicto sirio y el recrudecimiento de la inestabilidad política en el área.

Turquía se caracteriza por ser, a nivel mundial, uno de los principales países de tránsito de migrantes que buscan llegar a la Unión Europea. Para 2020, y a partir de datos obtenidos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Turquía cuenta con aproximadamente 4 millones de refugiados y solicitantes de asilo en su territorio, de los cuales 3,6 millones son sirios; alrededor de un 64% de los refugiados sirios viven en Turquía actualmente.

Mientras tanto, Grecia, según la ACNUR, cuenta con aproximadamente 115.000 refugiados y migrantes los cuales se distribuyen 74.400 en el continente y unos 41.000 en sus islas. La situación de estas últimas ha sido uno de los principales focos de conflicto teniendo en cuenta que aproximadamente 8.500 personas han llegado a estas en lo que va del 2020. Las islas cuentan con centros de refugiados y demás facilidades, pero estos se encuentran colapsados y el gobierno griego es incapaz de brindar soluciones. 

Para regular esta situación, Turquía y la UE firmaron un acuerdo conjunto en 2016 conocido como “Declaración UE-Turquía”, con el objetivo de reducir la migración irregular a la UE. Dentro de este, se establecieron una versión ampliada del acuerdo de readmisión entre ambas partes y elementos de incentivo para que Turquía implemente los instrumentos acordados, como la asignación de fondos por parte de la UE para refugiados en Turquía, la aceleración de la hoja de ruta de liberalización de visas y la revitalización de las negociaciones de adhesión a la UE. El acuerdo definió dos procedimientos operativos principales:

1. Todos los migrantes irregulares que cruzaron de Turquía a las islas griegas deben ser devueltos y readmitidos a Turquía, primero según el Acuerdo de readmisión Grecia-Turquía, y después de junio de 2016, según el Acuerdo de readmisión UE-Turquía. Esto incluye a los solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido declaradas inadmisibles.
2. Los refugiados sirios deben ser reasentados desde Turquía a la UE. La UE está obligada a reasentar el mismo número de refugiados sirios que los que regresaron a Turquía desde las islas griegas.

Este marco legal permitió regular la migración ilegal y reducir el ingreso de esta a la UE con el compromiso turco de adoptar las medidas necesarias para cerrar las rutas. No obstante, este marco, junto con la ayuda financiera y humanitaria provista por parte de la Unión Europea, no alcanzan hoy en día para una Turquía con casi 4 millones de refugiados y con grandes limitaciones a nivel económico. 

A pesar de sus resultados positivos, los Mecanismos para los Refugiados de la UE en Turquía (FRIT I y FRIT II), que son ayudas económicas que gestionan un total de 6 mil millones de euros movilizados en dos tramos (hasta 2025) no se renovarán luego de su finalización lo que le quitará un gran aporte al gobierno turco para tratar el fenómeno; de los 6.000 millones de euros previstos en los acuerdos, 4.700 millones están ya adjudicados.

Así mismo, existe una disminución en el número de migrantes readmitidos por parte de Grecia, lo cual incumple parte de este acuerdo. Los migrantes no pueden abandonar las islas en caso de estar solicitando asilo para no perder este derecho, lo que presionó aún más el sistema griego de gestión de asilo y migración el cual cuenta con gran cantidad de casos pendientes.

En este contexto, también es importante destacar el papel de los discursos nacionalistas que atraviesan Europa los cuales están relacionados de manera directa con un explícito rechazo hacia el fenómeno migratorio. Estos se reflejan en el resurgimiento de las derechas europeas, en países como Hungría, Polonia y Bulgaria, por ejemplo; como también en la salida del Reino Unido de la UE. Un discurso semejante encontró lugar en los ciudadanos turcos, poniendo en jaque al gobierno de Erdogan. Este último entonces tiene que, sin dejar de tratar a los migrantes, ser más cercano a un público cada vez más disconforme con la presencia de estos en el país.

Es entonces que, ante la mayor presión económica-política, Turquía decidió abrir sus fronteras y cancelar de facto el acuerdo con la Unión Europea. Desde el retorno de la contienda en Idlib alrededor de un millón de civiles se han desplazado hacia la frontera turca, de los cuales unos 13.000 ya están en la frontera con Grecia. La idea tras esta decisión de apertura de la frontera es trasladar la presión migratoria que Turquía sufre en su frontera sur a la frontera noroeste a fin de forzar una mayor participación de la Unión Europea en la solución de la crisis humanitaria. El presidente turco ya había amenazado con romper el acuerdo si la UE no escuchaba sus peticiones, entre las que se encuentran: más dinero para atender a los refugiados, mayor participación en Siria y la exención de visas para sus ciudadanos en el territorio Schengen.

Erdogan se reunió con las autoridades europeas en Bruselas para modificar los términos del acuerdo, aunque todavía no se logró una coincidencia de posturas. A su vez, Úrsula Von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, también decidió poner fin a su actitud acrítica con Grecia, llamó la atención sobre Grecia en cuanto a que sus actitudes hacia los refugiados y la protección de las fronteras no puede ir por encima de los derechos fundamentales como el derecho de asilo. El sistema migratorio de este país rechaza en su mayoría las peticiones de asilo, mientras que, las autoridades turcas, por otro lado, afirman que las personas readmitidas desde Grecia ya han agotado sus reclamos de protección internacional en Grecia y, por lo tanto, no necesitan tener la oportunidad de presentar solicitudes de asilo en Turquía.

Tanto Turquía como Grecia se reconocen incapaces para sostener la situación de los refugiados por más tiempo. Erdogan dejó clara su postura al abrir las fronteras: si Europa no colabora, Turquía no piensa retener más en sus fronteras a personas que buscan una mejor vida en la UE y de las cuales ya no puede hacerse cargo; teniendo en cuenta la presión económica que genera acoger casi 4 millones de migrantes en medio de la crisis económica que atraviesa. 

Grecia, mientras tanto, se encuentra sobrepasado también en cuanto al tratamiento de los migrantes que traspasa su frontera se refiere. Esto genera que la decisión turca la afecte directamente en cuanto a que aumenta la presión en sus fronteras al mismo tiempo que debe tratar con los migrantes que ya se encuentran dentro de su territorio en un contexto de cada vez mayor tensión entre estos y los ciudadanos griegos.

La migración se ha transformado en los últimos años en el gran dilema que atraviesa por completo la Unión Europea, la cual se caracteriza por su inacción ante este fenómeno producto de la incapacidad de los Estados miembros en lograr acuerdos y consensos. Los migrantes, por lo tanto, terminan siendo nuevamente víctimas, ya no sólo de sus países de origen de los cuales escapan, sino también de un limbo político-burocrático en el cual quedan atrapadas y por sobre el cual los países implicados cada vez tienen menos control. 

El flujo de refugiados que atraviesa la ruta mediterránea oriental va a ser un fenómeno que se mantenga con el paso del tiempo, por lo menos hasta que se logre un acuerdo a nivel del conflicto sirio, cuestión que no parece ser probable, al menos en un futuro cercano. A partir de esta situación, es necesario un reacondicionamiento de las condiciones que regularon estos movimientos entre Turquía y la UE con la Declaración de 2016 para adaptarlo a la realidad y necesidades actuales de los países implicados. Si se busca un compromiso turco, la UE deberá ser más flexible en consideración de la importancia de Turquía como actor clave al momento de hablar de la crisis migratoria y dar lugar a sus demandas. Esto es, si no quiere que una situación de por sí compleja se torne definitivamente imposible de solucionar.