Géneros disruptivos y dos Estados con grandes deudas

A un año de la Ley de Género en Uruguay y a 7 años de la Ley de Identidad de Género argentina, ambos Estados aún adeudan garantizar la plena ciudadanía de las personas beneficiadas por esta ley.

*Artículo escrito en colaboración, autoras: María José Pisani y Felicitas Schwindt

El pleno derecho a la ciudadanía se fundamenta en la no-contingencia de la “condición femenina” y de los géneros disruptivos, es decir, que una ciudadanía plena no ignora las diferencias sexuales y de género, que eclipsan la argumentación en favor de la igualación. La crítica feminista a la concepción universalista de los derechos tiene que ver con que la falta de ciudadanía plena es sistemáticamente invisibilizada por la histórica naturalización de la desigualdad de los géneros.

El modelo de ciudadanía universal –de corte liberal– requiere que tanto hombres como mujeres  y personas con género disruptivo, sean tratados de la misma manera ante la ley. Este hecho problemático en un contexto de diferencias de género, principalmente porque considera a los hombres como el punto de partida sobre el cual se ha de comparar a las mujeres y, al tratar tanto a estas como a personas con género disruptivo, del mismo modo que a los hombres, se corre el riesgo de fallar en el intento de tratarlas de modo igualitario, ya que hombres, mujeres y personas con género disruptivo se encuentran insertos de manera distinta en la sociedad –o ni siquiera se encuentran insertos, como pasa con las personas con género disruptivo en la mayoría de los casos, por ejemplo–.

En Uruguay, en octubre, se cumplirá un año de la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans. Dicha legislación representa la garantía del cumplimiento de una serie de derechos específicos en ámbitos como el acceso al servicio público de salud y el derecho a un trabajo digno.

Estas medidas se llevan a cabo en el acceso al mundo laboral destinando el 1% de las labores en el Poder Judicial, el poder Legislativo y el poder Ejecutivo, de la misma forma que en entes autónomos y oficinas públicas para personas trans. En lo que respecta al acceso al servicio público de salud, uno de los principales objetivos es maximizar la esperanza de vida de las personas con género disruptivo, dado que hasta el momento los índices reflejan un promedio de 35 años de expectativa de vida (siendo de 77 años para las personas cis en Uruguay). Cabe destacar también, que otro objetivo que persigue esta Ley Integral es el de agilizar los trámites relacionados al cambio nombre y género en todos los Documentos de Identidad (DNI, Pasaporte, etc).

Sin embargo, la ley no se limita a estos puntos y apunta más allá, resarciendo una deuda pendiente que dejó el paso de la dictadura cívico-militar sufrida por la república oriental: el Congreso uruguayo también aprobó la entrega de una reparación económica a aquellas personas trans, nacidas antes del 1975 (dos años después del golpe de Estado) que hayan sufrido violencia institucional o privadas de su libertad por las fuerzas de seguridad.

En Uruguay no es novedad la existencia de diferentes grupos de la sociedad civil, como los evangelistas, que se oponen a la autodeterminación de la identidad de género. La multiplicación de estos grupos no debe mermar el ejercicio político activo que exija día a día el avance en materia de reconocimiento de derechos y libertades para las personas con género disruptivo.

En el caso Argentino, fue a partir del retorno de la democracia que resurgieron y se erigieron los movimientos de mujeres y sexualidades diversas en la Argentina. En este marco, y a partir de aportes teóricos e intervenciones políticas de movimientos sociosexuales, se abrieron caminos para la reapropiación de la ciudadanía por parte de estos sujetos oprimidos. En esta experiencia, los movimientos políticos sexo-genéricos (como por ejemplo la Campaña por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, o la comunidad LGBTTTIQ) fueron quienes históricamente marcaron el vínculo entre la experiencia creativa de la sexualidad y las prácticas represivo regulatorias del Estado.

En 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género N°. 26.743 que garantiza el libre desarrollo de las personas conforme a su identidad de género –aun así corresponda o no con el sexo asignado al nacer–. Esta ley, no sólo garantiza el cambio de sexo del Documento Nacional de Identidad y de todos los instrumentos que acrediten identidad de la persona, sino también el acceso integral a la salud, es decir: acceso a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas parciales o totales sin requerir autorización judicial o administrativa; la Argentina junto con Dinamarca son los únicos países que sólo exigen la expresión de voluntad de la persona para lograr el cambio de nombre, y en la Argentina fue la primera ley en el mundo que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de cambio de sexo.

La Ley determina que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género según su percepción, y que debe ser tratada conforme a ella en todos los espacios institucionales. Los y las menores que quisieran rectificar el registro del sexo y el cambio de nombre de pila deben hacerlo a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor. 

Aunque después de la aprobación de la Ley de Identidad de Género teóricamente las personas transgénero cuentan con amplios derechos, en su vida diaria todavía enfrentan problemas de discriminación, como la falta de programas específicos para la inclusión laboral, el acceso a programas de salud, la persecución por la policía, numerosos actos de violencia y agresión hacia la población trans de parte de privados, etc. Esto se debe a que aún no existe completa aceptación de la ley de identidad de género en relación a la sociedad en general. 

En torno al acceso al trabajo y un salario digno, la falta de voluntad política a nivel nación implica una de las principales barreras a la hora de tratar y regular la falta de oportunidades laborales y, al mismo tiempo, la precarización de la situación laboral por inseguridad e informalidad de los trabajos a los que puede acceder el colectivo en cuestión. Incluso en la provincia de Buenos Aires, donde existe la Ley 14.783 “Diana Sacayán” (2015) de cupo laboral trans, no se encuentra reglamentada y no todos los distritos se han adherido.

Asimismo, el índice de Crímenes de Odio y los testimonios adquiridos a partir de un relevamiento de diferentes trabajos de investigación, no sólo reflejan que la población de personas trans es contra quienes se ejerce con especial odio, saña y de manera más brutal dichos crímenes, sino que también expone los peligros que significa la utilización del espacio público para estas personas. De esta forma, se identificó que las oportunidades de acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública de la comunidad se ven imposibilitadas principalmente por problemas en el ámbito educativo, la falta de perspectiva de género y la binariedad característica de los espacios públicos y la violencia de género en la calle.

En torno al derecho a la sanidad, a pesar de que el Estado Argentino reconoce en su legislación nacional el derecho al máximo nivel de salud integral y la Ley de Identidad de Género garantice explícitamente el acceso a la misma para personas con género disruptivo, aún se identifican situaciones de discriminación y exclusión en el ámbito de la salud, dado que ésta se erige sobre una concepción heteronormativa de la sexualidad. En contraste, existen algunos pocos centros de salud especializados en transexualidad que proveen un buen servicio pero se ven precarizados producto de la falta de presupuesto y la gran cantidad de personas que, frente a la ausencia de otros centros, recurren a éstos.

La desigualdad de oportunidades para el ejercicio pleno de la ciudadanía para las personas con género disruptivo en relación con el acceso al trabajo, el derecho a la sanidad y el acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública de la comunidad, en la Argentina y en Uruguay, son inminentes. Consecuentemente, la tan vociferada lucha contra el patriarcado implica no sólo que se critique sus presupuestos, estructuras e instituciones sino que se exige un ejercicio político ciudadano diario y una deconstrucción, en el sentido de reelaboración de un mundo compartido y no impuesto desde la masculinidad.

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