El viernes 9 de octubre, el Comité Nobel Noruego anunció que la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional y jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia, había sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Firme defensora de los derechos humanos, Pillay se destacó, entre otros hitos de su carrera, por su defensa de Nelson Mandela y su rol protagónico en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica.
Al anunciar el premio, el Comité destacó sus “esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”. El reconocimiento de una institución tan prestigiosa a una mujer que ha dedicado su vida a la defensa del derecho internacional y del Estado de derecho resulta sumamente esperanzador en un contexto internacional signado por la anarquía y el uso de la fuerza. Cuando parece que nos encontramos ante el colapso del orden internacional basado en reglas, el premio adquiere una relevancia especial: la decisión busca reafirmar el rol de la solución pacífica de controversias y del derecho internacional por sobre el uso de la fuerza.
La historia de Pillay estuvo atravesada por las mismas injusticias que ahora busca combatir: nació en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil. Sus abuelos eran inmigrantes de la India que llegaron a Sudáfrica en la década de 1890 para trabajar en plantaciones de azúcar en Natal bajo contratos de servidumbre. Hija de un matrimonio concertado, sus padres insistieron en que tanto ella como sus hermanas estudiaran y se convirtieran en profesionales. Durante su infancia se instauró el régimen del apartheid en Sudáfrica, por lo que Pillay atravesó numerosas situaciones de discriminación racial y educativa debido a su origen indio.
A pesar de todas estas dificultades, logró obtener títulos en Humanidades y Derecho por la Universidad de Natal. En 1967, se convirtió en la primera mujer no blanca en abrir un estudio de abogados en la provincia de Natal. A partir de su trabajo como abogada, se convirtió en una destacada defensora de los derechos humanos, representando a numerosos activistas contra el apartheid y luchando por los derechos de los presos políticos de Robben Island, entre ellos el mismísimo Nelson Mandela. Durante el proceso de redacción de la Constitución sudafricana, integró la Coalición Nacional de Mujeres, que impulsó la incorporación de derechos para las mujeres en el texto constitucional.
Pero su trabajo no terminó en las fronteras de su país. En los años 90, el continente africano atravesó una serie de conflictos armados devastadores. Probablemente, el hecho más traumático de ese período haya sido el genocidio de Ruanda. Consecuente con su búsqueda de justicia, en 1995 integró el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, uno de los antecedentes de la Corte Penal Internacional, de la que Pillay también fue jueza años después.
Entre 2008 y 2014 se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pillay utilizó este puesto para luchar contra la violencia ejercida contra mujeres y niñas, así como para promover la rendición de cuentas por crímenes de guerra. Asimismo, desde 2019 se desempeña como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia en el caso iniciado por Gambia contra Myanmar por las acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. También presidió la comisión independiente de investigación de la ONU que, en 2025, concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza.
Luego de conocerse la noticia, el gobierno de Israel condenó la decisión y acusó a Pillay de promover el odio contra Israel ignorando incluso que esta jurista también había presidido una comisión que documentó los crímenes cometidos contra civiles durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Casualidad o no, apenas unas horas después de anunciado el premio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional.
La trayectoria y el reconocimiento de Pillay nos recuerdan la importancia de construir una sociedad internacional ligada por el derecho y por un contrato común a todos los Estados. Su historia de vida, de víctima de la discriminación a defensora de los derechos humanos y jueza internacional, nos permite entender la continuidad histórica entre las luchas por la justicia del pasado y las del presente.
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