Desde marzo de este año, el Ejército israelí ha prohibido el ingreso de comida, agua y otros artículos de primera necesidad a la Franja de Gaza. La situación actual fue descrita por funcionarios de la Organización Mundial de la Salud como una “hambruna diseñada por el ser humano”. La inacción de la comunidad internacional resulta alarmante ante uno de los mayores desastres humanitarios de nuestro tiempo.

Las imágenes dantescas de niños esqueléticos, rodeados por sus madres, estremecen al mundo entero. Desde que en octubre de 2023 Israel inició una incursión terrestre en Gaza —con el objetivo declarado de derrotar a Hamás y rescatar a los rehenes secuestrados durante los atentados del 7 de octubre—, las principales organizaciones internacionales de derechos humanos han advertido sobre las condiciones infrahumanas en las que sobrevive la población civil gazatí.

En las horas posteriores a los atentados, varios ministros del gobierno israelí hicieron declaraciones que instaban al Ejército a llevar a cabo un castigo colectivo contra toda la población de Gaza. Particularmente preocupantes fueron las palabras del ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien afirmó que Israel debía luchar contra “animales humanos” y que para vencer a Hamás era necesario cortar todos los suministros básicos hacia la Franja.

En mayo de 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que solicitaría órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra Gallant. Basó su decisión, entre otros fundamentos jurídicos, en que el Estado de Israel estaría utilizando el hambre como arma de guerra, lo que constituye un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario.

Por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras —que presta servicios sanitarios en zonas de conflicto y cuenta con personal en Gaza— advirtió que tanto su equipo como sus pacientes gazatíes corren riesgo de vida si no se revierte la situación humanitaria en el corto plazo.

Simultáneamente, Israel comparece ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como consecuencia de una denuncia por genocidio presentada por Sudáfrica. Durante las audiencias celebradas en las últimas semanas, los representantes sudafricanos reiteraron la urgencia de permitir el ingreso de productos de primera necesidad para abastecer a la población civil de Gaza.

Sudáfrica basa su demanda en la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. Según su artículo IX, cualquier controversia sobre la interpretación de la Convención debe ser dirimida por la CIJ. Este tribunal puede establecer la responsabilidad del Estado denunciado como perpetrador, cómplice o instigador del crimen de genocidio, así como por no haber tomado medidas eficaces para prevenirlo.

La Convención define como genocidio cualquier acción orientada a eliminar, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o cultural. Entre los actos que tipifican este crimen (según el artículo II) se incluyen: la matanza de miembros del grupo; lesiones graves a su integridad física o mental; el sometimiento intencional a condiciones de existencia destinadas a su destrucción; el traslado forzoso de niños; y otras medidas similares.

Si los bombardeos sobre zonas residenciales podrían encuadrarse en el primer supuesto, la decisión deliberada de impedir el ingreso de alimentos encaja claramente en el tercero: el sometimiento del grupo a condiciones que podrían acarrear su destrucción física, total o parcial.

Aunque la CIJ aún no ha emitido una sentencia definitiva, diversas organizaciones de derechos humanos —como Amnistía Internacional— ya han calificado los hechos como constitutivos de genocidio.

La situación es desesperante: aproximadamente 20 niños murieron en los últimos días por causas relacionadas con la hambruna. En este contexto, la acción de la comunidad internacional es indispensable para salvar a los palestinos de Gaza.

En las últimas horas, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia reconocerá al Estado de Palestina en septiembre, durante las sesiones ordinarias de la Asamblea General de la ONU. De forma paralela, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó el 29 de julio que el Reino Unido reconocerá a Palestina si no se alcanza un acuerdo de alto el fuego.

Con el reconocimiento francés, y la posibilidad de un reconocimiento británico inminente, cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad habrán reconocido formalmente la existencia del Estado palestino.

A 80 años de la creación de la ONU —fundada tras el horror de la Segunda Guerra Mundial—, el mundo enfrenta nuevamente una encrucijada. Esta puede ser una oportunidad histórica para actuar. O, por el contrario, para repetir el camino fallido de su predecesora, la Sociedad de las Naciones.


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Desde marzo de este año, el Ejército israelí ha prohibido el ingreso de comida, agua y otros artículos de primera necesidad a la Franja de Gaza. La situación actual fue descrita por funcionarios de la Organización Mundial de la Salud como una “hambruna diseñada por el ser humano”. La inacción de la comunidad internacional resulta alarmante ante uno de los mayores desastres humanitarios de nuestro tiempo.

Las imágenes dantescas de niños esqueléticos, rodeados por sus madres, estremecen al mundo entero. Desde que en octubre de 2023 Israel inició una incursión terrestre en Gaza —con el objetivo declarado de derrotar a Hamás y rescatar a los rehenes secuestrados durante los atentados del 7 de octubre—, las principales organizaciones internacionales de derechos humanos han advertido sobre las condiciones infrahumanas en las que sobrevive la población civil gazatí.

En las horas posteriores a los atentados, varios ministros del gobierno israelí hicieron declaraciones que instaban al Ejército a llevar a cabo un castigo colectivo contra toda la población de Gaza. Particularmente preocupantes fueron las palabras del ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien afirmó que Israel debía luchar contra “animales humanos” y que para vencer a Hamás era necesario cortar todos los suministros básicos hacia la Franja.

En mayo de 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que solicitaría órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra Gallant. Basó su decisión, entre otros fundamentos jurídicos, en que el Estado de Israel estaría utilizando el hambre como arma de guerra, lo que constituye un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario.

Por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras —que presta servicios sanitarios en zonas de conflicto y cuenta con personal en Gaza— advirtió que tanto su equipo como sus pacientes gazatíes corren riesgo de vida si no se revierte la situación humanitaria en el corto plazo.

Simultáneamente, Israel comparece ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como consecuencia de una denuncia por genocidio presentada por Sudáfrica. Durante las audiencias celebradas en las últimas semanas, los representantes sudafricanos reiteraron la urgencia de permitir el ingreso de productos de primera necesidad para abastecer a la población civil de Gaza.

Sudáfrica basa su demanda en la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. Según su artículo IX, cualquier controversia sobre la interpretación de la Convención debe ser dirimida por la CIJ. Este tribunal puede establecer la responsabilidad del Estado denunciado como perpetrador, cómplice o instigador del crimen de genocidio, así como por no haber tomado medidas eficaces para prevenirlo.

La Convención define como genocidio cualquier acción orientada a eliminar, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o cultural. Entre los actos que tipifican este crimen (según el artículo II) se incluyen: la matanza de miembros del grupo; lesiones graves a su integridad física o mental; el sometimiento intencional a condiciones de existencia destinadas a su destrucción; el traslado forzoso de niños; y otras medidas similares.

Si los bombardeos sobre zonas residenciales podrían encuadrarse en el primer supuesto, la decisión deliberada de impedir el ingreso de alimentos encaja claramente en el tercero: el sometimiento del grupo a condiciones que podrían acarrear su destrucción física, total o parcial.

Aunque la CIJ aún no ha emitido una sentencia definitiva, diversas organizaciones de derechos humanos —como Amnistía Internacional— ya han calificado los hechos como constitutivos de genocidio.

La situación es desesperante: aproximadamente 20 niños murieron en los últimos días por causas relacionadas con la hambruna. En este contexto, la acción de la comunidad internacional es indispensable para salvar a los palestinos de Gaza.

En las últimas horas, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia reconocerá al Estado de Palestina en septiembre, durante las sesiones ordinarias de la Asamblea General de la ONU. De forma paralela, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó el 29 de julio que el Reino Unido reconocerá a Palestina si no se alcanza un acuerdo de alto el fuego.

Con el reconocimiento francés, y la posibilidad de un reconocimiento británico inminente, cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad habrán reconocido formalmente la existencia del Estado palestino.

A 80 años de la creación de la ONU —fundada tras el horror de la Segunda Guerra Mundial—, el mundo enfrenta nuevamente una encrucijada. Esta puede ser una oportunidad histórica para actuar. O, por el contrario, para repetir el camino fallido de su predecesora, la Sociedad de las Naciones.

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