Politólogos al Whisky

La afección del Gobierno por probar los límites de las instituciones inauguró una nueva fase este mes, con el Ejecutivo sacándose de la galera una jugada inédita, apelando la doctrina del shock de los decretazos (estrategia de demostrada efectividad por el momento) para forzar la aprobación de una auténtica licencia para endeudar por parte de un esmerilado Congreso de la Nación: la imposición de un acuerdo (todo un oxímoron lingüístico) cuyos detalles restan definir mediante un decreto de necesidad y urgencia.

Resultaría poco intuitivo para algunos pensar en los acontecimientos en desarrollo como una novedad: a final de cuentas, la recurrencia de la novela de la deuda externa ya se ha convertido en parte de la cotidianidad del país, y aún más desde el retorno al Fondo Monetario Internacional allá por 2018, cuando el agotamiento del gradualismo macrista traía bajo el saco la ubicuidad del organismo de crédito en los años precedentes. 

Ahora, a casi siete años del anuncio de aquel acuerdo de facilidades extendidas por 40 mil millones de dólares y de la invitación de Macri a enamorarse de Christine Lagarde, poco ha cambiado en la relación del país con su acreedor más importante. El experimento del Frente de Todos tuvo al Fondo como una piedra en el zapato desde antes, incluso de la asunción de Alberto Fernández, quien durante la campaña no dejó de repetir que la deuda debía honrarse, pero no a costa de los cronogramas de pago leoninos de los compromisos asumidos. Fernández logró el tan ansiado acuerdo de refinanciamiento allá por 2022 y también logró la sanción de la ley 27.612, más conocida como Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la deuda pública. La ley preveía la obligatoriedad de aprobación parlamentaria para cualquier endeudamiento con títulos públicos para evitar eventuales crisis de deuda en el porvenir, pero la normativa fue reducida a un montón de letras con buenas intenciones a partir de la jugada de Milei.

Pero volviendo al breve recorrido histórico trazado, el acuerdo de Alberto, una de las mayores obsesiones de su gestión, tuvo una gestación turbulenta, dejando al borde de la fractura total a un gobierno ya debilitado, que dejó vacante la presidencia del bloque oficialista en Diputados, la ruptura de relaciones de los sectores cristinistas con el presidente y el voto en contra de La Cámpora junto a Milei, por entonces apenas un mediático devenido en legislador. 

“El acuerdo es una porquería”. Así definió Milei en el recinto la propuesta del ministro Martín Guzmán, criticando los aspectos técnicos del concierto y su supuesto peso sobre el sector privado en beneficio del chorro siempre a disposición de la política. Al igual que hoy, también apelando al argumento de la responsabilidad, los legisladores de la UCR y la Coalición Cívica acompañaron al oficialismo. Después de todo, en aquel momento el país se enfrentaba al eterno retorno del fantasma del default.

Hoy, algo cambió. Milei ya no es aquel idealista que juraba y perjuraba que los liberales odian la deuda. Para el Milei de los años cambiemitas cualquier acto de endeudamiento resultaba inmoral, una condena a las generaciones por venir de la patria. Un gobierno que se endeudare jamás podría ser liberal, Milei dixit. El cambio de parecer del presidente podría explicarse a partir de dos hechos particulares: primero, haber comprendido rápidamente que la política es el arte de lo posible y que en sendas ocasiones es necesario dejar las convicciones en la puerta, máxime siendo que dentro de su gabinete pululan funcionarios de otros espacios políticos (particularmente del PRO, pero se cuentan por varios algunos radicales con peluca y ciertos peronistas federales díscolos), incluyendo a Patricia Bullrich, que compitió contra él en 2023 y arrió la bandera para pasar a ser parte del mileísmo más duro sin ningún tipo de reservas, papel que se encarga de proyectar en su máximo nivel de performatividad desde el Ministerio de Seguridad.

Pero más importante para comprender la necesidad y la urgencia de la rúbrica de un nuevo acuerdo con el FMI es interpretar el aprieto que representaría para la política económica la carencia de esos dólares frescos para mantener un tipo de cambio en torno de los mil doscientos pesos por dólar. Buena parte del capital político acumulado por el Gobierno en lo que va de gestión se explica por la baja de la inflación (tras un salto abrupto entre enero y marzo del año pasado) y la estabilidad del mercado cambiario (tras una devaluación que resintió a la economía durante el primer año de gestión), grandes activos a la hora de contentar a una clase media deseosa de acceder a bienes de consumo y servicios íntimamente ligados al valor de la divisa norteamericana, como también al momento de contener a sectores subalternos con la expectativa de que el costo de vida puede no fluctuar tan abruptamente mes a mes. Billetera mata conflicto universitario y previsional.

La estrategia de mantener una brecha corta entre el dólar oficial y los paralelos se avizora cada vez menos sostenible en el tiempo, lo que sumado a la sombra de un repunte de la inflación que ya en febrero amagó con empinarse nuevamente amenaza con aguar la fiesta de los quince meses del milagro argentino que el presidente intenta vender en todas sus intervenciones en el exterior. 

En el texto del decreto 179/2025, los argumentos que se esgrimen en los considerandos parecieran desmentir la narrativa del plan de estabilización más exitoso de la historia. La expectativa levantada por Milei en la Asamblea Legislativa en relación al levantamiento del cepo y la falta de precisiones del ministro Luis Caputo a la hora de explicar los detalles del nuevo trato alentaron esta nueva semana una breve corrida por las perspectivas de devaluación que corren en el mercado, apoyados en la supuesta exigencia del board de una depreciación del peso, que intentó contener con el anuncio de un desembolso de veinte mil millones de dólares.

Pero lo que oculta el espamento en torno al número mágico en las carteleras de las casas de cambio es la profundización de la degradación institucional del país. La gambeta del Gobierno a la ley Guzmán se suma a los otros grandes decretazos de Milei: el 70/23, antesala de la Ley Bases, y el que designó a Manuel García Mansilla como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación gracias al mecanismo de nombramientos “en comisión”.  Solo el DNU que asignaba nuevas partidas presupuestarias reservadas a la SIDE fue repelido.

Salvo por el decreto 70, que sufrió innumerables recursos en la Justicia que van desde el planteo de la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras hasta la suspensión del artículo que forzaba a las federaciones deportivas a admitir en sus competencias a aquellas entidades que se conformen como sociedades anónimas, los demás pasaron sin levantar tantas sospechas y revelan uno de los grandes grises que nos legó el Pacto de Olivos: la quimera de la atenuación del presidencialismo.

La regulación de los decretos de necesidad y urgencia tenían como objetivo, justamente, dotar al presidente de la Nación de la potestad de disponer decisiones urgentes en caso de que el Congreso no se encontrara en condiciones de seguir el procedimiento del trámite legislativo. En contrapartida, se facultó a ambas cámaras con la capacidad de confirmarlos o rechazarlos. Sin embargo, una ley de 2006 (la 26.122) dejó la puerta abierta para que algún mandatario audaz hiciera y deshiciera a su voluntad: basta con que una sóla de las cámaras apruebe el decreto en cuestión para sostener su validez, o tan solo su aprobación tácita, sin siquiera tratarlo en el recinto.

Las facultades legislativas de hecho que el marco legal le otorga al presidente fueron agua para la  fértil voluntad de avanzar a toda costa del Gobierno. En la cadena nacional que anunció la firma del DNU 70/23, Milei enunciaba uno a uno los objetivos de la desregulación económica, entre los que destacó la intentona de desembarco de las sociedades anónimas deportivas y la apertura total del mercado de las telecomunicaciones para beneficiar a Starlink, nombrada con nombre y apellido. 

¿Cuál era la verdadera necesidad y urgencia de imponer las SAD, cuando el fútbol es uno de los negocios más lucrativos no solo del país, sino del mundo? Según Milei, el enquistamiento del socialismo pobrista en las instituciones deportivas, causante de la pérdida de peso de los clubes argentinos en el plano internacional. ¿Cuál era la necesidad y urgencia de acomodar a García Mansilla por decreto en la Corte? Según el Gobierno, la demora del Senado en el tratamiento de su pliego, como si eso justificara la intromisión del poder Ejecutivo sobre sus dos contrapesos en el tándem estatal. ¿Cuál era la necesidad y urgencia de forzar la apariencia de legalidad de un acuerdo del que no se conocieron los montos ni condiciones hasta el 28 de marzo?

El nuevo convenio sería por veinte mil millones de dólares, que se desembolsaron en tramos, además de contemplar un periodo de gracia de unos cuatro años y medio hasta el comienzo de los primeros vencimientos. Sin embargo, como escribió Sofía Diamante en La Nación, todavía quedan claves cruciales por aclarar en torno al nuevo acuerdo de facilidades extendidas. El primero, el cronograma de desembolsos, que el Gobierno espera que lleguen a tiempo para cumplir con casi seis mil trescientos millones de dólares en vencimientos que deben acreditarse este año. Otro frente que miran con atención desde el Palacio de Hacienda es el de los organismos multilaterales, como el BID, que también podrían otorgar créditos para el Estado, pero ligados a proyectos de desarrollo de infraestructura o política social, por lo que restaría dilucidar que contraprestación debería ejecutar el Gobierno a cambió de esas dispensas. Los otros nudos gordianos del programa que aún se desconocen son los posibles cambios en la política económica, particularmente en lo referido a la gestión del tipo de cambio (¿se abandonarán las microdevaluaciones del crawling peg?) o si tendrá alguna incidencia en la estrategia en torno al cepo, cuyo fin es uno de los objetivos clave del Gobierno para este año.

Hasta ahora, los decretos firmados por Milei parecen encontrar su fundamento más en la necedad ideológica y en la insolvencia económica: son un medio por el que el presidente saca el doble rédito de desplegar sus ideas más viscerales, como también para asegurarse el éxito del gobierno en el corto plazo en una economía atada con alambre y la necesidad de tejer una mayoría en la Corte Suprema ante cualquier recurso legal eventualmente fastidioso.

Mientras tanto, el ministro de Economía es el mismo que gestionó en 2018 el acuerdo, que todavía hace sentir los ecos de su fracaso. Pero promete que esta vez será diferente.