Las posturas polarizadas en el mundo sobre la relación entre los inmigrantes y la delincuencia reflejan un intento, generalmente impulsado por sectores conservadores y de derecha, de securitizar esa relación.
La securitización se refiere al mecanismo por el cual un asunto específico se redefine como una amenaza para la seguridad, justificando así la aplicación de medidas extraordinarias a través del uso del discurso y la acción política. Esta teoría desarrollada por la Escuela de Copenhague, plantea que la seguridad no es una problemática de carácter objetivo, sino una construcción socialmente construida basada en el lenguaje y el discurso. Un actor, como un gobierno o una institución, presenta un tema como una amenaza grave para una comunidad o un país, y al hacerlo, legitima la toma de decisiones y acciones extraordinarias que van más allá de los procedimientos políticos de seguridad habituales.
Durante décadas, el Reporte de Migración Mundial de la ONU ha nombrado a los Estados Unidos como el principal destino de migrantes en el mundo, provenientes en su mayoría de México. Allí, la securitización de la inmigración ha tenido una larga tradición que se remonta a 1929, con la Ley de Extranjeros Indeseables, la cual criminalizaba la entrada ilegal al país y que fue impulsada por el senador supremacista blanco Coleman Livingston Blease, cuyo objetivo era limitar la inmigración mexicana con fundamentos racistas y pseudocientíficos, como el de “mantener la raza blanca pura”.
El gobierno de Donald Trump se ha destacado en su tratamiento de los inmigrantes como delincuentes. Al comenzar su segundo y actual mandato, la ofensiva migratoria se vio intensificada con una masiva campaña de deportaciones, incluyendo la detención de 538 inmigrantes indocumentados. Estas políticas, que incluyen el restablecimiento del controvertido programa «Quédate en México», la revocación del parole humanitario, que convierte en ilegales a miles de extranjeros residentes que ingresaron de forma legítima, y la suspensión de llegadas de refugiados, han sido criticadas por violar derechos humanos fundamentales y generar incertidumbre para miles de inmigrantes. Además, ha propuesto restricciones al derecho de ciudadanía y militarizado tanto las investigaciones como los arrestos, desatando preocupaciones sobre el impacto en los derechos humanos y el aumento del temor en las comunidades migrantes. Según reportes de CBS News, entre los inmigrantes presos en Guantánamo, la cárcel militar de máxima seguridad estadounidense en Cuba, habría personas sin antecedentes penales o con condenas por delitos menores.
En una línea similar, el gobierno de la italiana Giorgia Meloni busca la implementación del uso de pulseras electrónicas para inmigrantes que arriben de forma irregular, con el objetivo de gestionar y rastrear sus movimientos. Esta nueva regulación, junto a la decisión de establecer centros de detención en Albania, con condiciones inhumanas denunciadas como punitivas y denigrantes, refleja el intento de Italia de trasladar su política migratoria fuera de sus fronteras y controlar de manera más estricta la llegada de migrantes. No obstante, estas acciones han sido cuestionadas por organizaciones como Amnistía Internacional, que denuncian la vulneración de los derechos humanos, el incumplimiento de las normas internacionales y el agravio ante el sufrimiento de quienes buscan asilo, limitando su derecho a la libertad.
La política alemana también se ha visto marcada por este debate. Los conservadores de Friedrich Merz, triunfadores en las urnas el pasado 23 de febrero, distan en muchas opiniones de lo que expresa el Partido Socialdemócrata (SPD) pero han declarado que su principal objetivo en común es la reducción del número de inmigrantes, especialmente tras ataques atribuidos a solicitantes de asilo afganos a principio de este año. La situación migratoria parece ser la principal preocupación del gobierno alemán en materia de seguridad, aun cuando, según estudios del instituto muniqués Ifo basados en el análisis de las estadísticas policiales entre 2018 y 2023, no se ha encontrado ninguna relación entre el aumento de la población extranjera, incluyendo a la refugiada, por distrito y la tasa de criminalidad en la zona.
Lo que era considerado un proceso administrativo se transformó en un tema de seguridad mediante su securitización, pese a que la mayoría de los estudios indican que una mayor presencia de inmigrantes no está vinculada con un aumento en los delitos violentos y solo tiene un impacto mínimo en los delitos contra la propiedad. No obstante, los inmigrantes con pocas oportunidades laborales tienen más probabilidades de cometer estos delitos, algo que también sucede entre los grupos nativos en situaciones desfavorables.Sin embargo, esta estrategia discursiva representa un win-win para los gobiernos, ya que demuestran cómo toman medidas en contra de la inseguridad, construyendo un enemigo mediante su estigmatización, condenado a los inmigrantes a una lógica de deshumanización socialmente legitimada mediante la promoción de una visión que los retrata como «delincuentes» y «una amenaza», sin considerar su situación legal o historial delictivo.
Politólogos al Whisky 
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