El gobierno de Javier Milei, que inició el pasado 10 de diciembre, da muestras de tener serios problemas de diálogo con el resto de agrupaciones políticas – rasgo poco habitual en las primeras etapas de un mandato. Sin embargo, esto no sorprende dadas las expresiones vertidas por el mandatario desde antes de llevarse a cabo las elecciones. La dinámica elegida por él mismo se está transformando en un problema para la gestión del país y especialmente para la población que no encuentra salida a una crisis que se profundiza.
El primer caso contundente de esta forma de ejercer la presidencia tuvo lugar con la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, figura reservada en la Constitución para “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos […] para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”. Independientemente de si el texto respeta los límites constitucionales, su necesidad y urgencia (valga la redundancia) no encuentran sustento en la realidad. Especialmente desde el momento en que el mandatario convoca a sesiones extraordinarias y no incluye esta normativa en el temario.
En segundo lugar, la presentación del proyecto de Ley Ómnibus reforzó esta tendencia al tratarse de una iniciativa con más de 600 artículos, que abordaba una variedad importante de temas a legislar, sin ningún consenso previo y pudiendo las prioridades del Ejecutivo haber sido discutidas en propuestas separadas. Situación que llevó a una negociación poco transparente con algunos gobernadores, en favor del voto de los diputados provinciales correspondientes, la cual a la luz de los hechos no llegó a buen puerto y obligó al gobierno primero a eliminar buena parte de los artículos incorporados en el documento original y luego a retirar todo el expediente en pos de preservar la intención detrás del mismo.
Milei le ha impuesto un nuevo estilo a la política argentina de los últimos tiempos. Los ejemplos más recientes de esto son la suspensión arbitraria de los subsidios al transporte en el interior del país, la cancelación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) – equivalente en promedio a más del 10% del salario de los maestros provinciales hasta 2023 – y el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), cuyas funciones pasarán al ámbito del ministerio de Justicia con una descontada reducción de personal.
El conflicto entre las decisiones discrecionales de la presidencia y el federalismo que rige al sistema nacional terminó por explotar con la reacción del gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), ante la falta de asignación de fondos coparticipables. La misma autoridad provincial días atrás decidió otorgar un incentivo docente ante la desaparición del FONID y ahora amenaza con no entregar su producción de gas y petróleo hasta que no se normalice la entrega del dinero que le corresponde al distrito patagónico.
Ante estas declaraciones, el Poder Ejecutivo informó que los 13.500 millones de pesos retenidos a Chubut son en concepto de una deuda mantenida con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial e invitó a la administración provincial a hacer un fuerte recorte del gasto emulando al del Gobierno Nacional. Calificó la amenaza como de “carácter chavista respaldada por (el gobernador de Buenos Aires) Axel Kicillof” y sostuvo que en tal caso tendrá que atenerse a las consecuencias ante la justicia.
Torres cosechó, como pocas veces se ha visto en años recientes, el apoyo de buena parte de los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Cabe recordar que La Libertad Avanza no cuenta con autoridades subnacionales y que al mismo tiempo que no considera ilegal anunciar sin más la eliminación del INADI (tratándose de un organismo creado por la Ley 24.515), si observa como judiciable la no entrega de recursos hidrocarburíferos cuando constitucionalmente “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Es innegablemente cierto que Argentina requiere revisar su gasto público para hacerlo más eficiente en pos del desarrollo nacional y de su sociedad, más no en función de la ideología del gobierno de turno. Eliminar organismos públicos por contar con personal excesivo y no cumplir sus funciones, mientras que al mismo tiempo se contrata al hermano del vocero presidencial como asesor del ministerio de Defensa (área en la que no cuenta con experiencia) no parece propio de una política de gobierno coherente. Sin contar la derogación de restricciones ocurrida el mismo 10 de diciembre a los efectos de que Karina Milei pudiera ser Secretaria General de la Presidencia.
El conflicto federal entre los gobernadores y el presidente no es más que el resultado de un estilo personalista de hacer política, en que el mandatario nunca busca la vía del diálogo y entiende el consenso como una forma de ceder en los términos de su proyecto ante la ‘casta’ que vino a combatir. El orden fiscal y la dolarización priman en la gestión libertaria por sobre otras variables como el bienestar social, el empleo, los índices de pobreza o hasta la propia inflación. Atenuar o resolver estos problemas depende de que la casta deje de ser un concepto selectivo, el diálogo sea la vía para sacar el país adelante y la prioridad sea lograr un gasto público eficiente en beneficio de la población, que así seguramente también se alcanzará el equilibrio fiscal tan ansiado por Milei.
Politólogos al Whisky 
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