Hagamos el siguiente recuento. Solo en 2023 se rompieron cerca de 5000 récords de altas temperaturas y lluvias extremas en Estados Unidos, al mismo tiempo que se registraron más de 10 mil de estos eventos a nivel global y los científicos anticipan que este año quedará registrado como el más caluroso hasta la fecha. Asimismo, en los últimos meses, la temperatura media del Atlántico Norte se salió de todos los parámetros; los incendios en Canadá han quemado un bosque equivalente a la superficie de Portugal; más de 20 países han registrado días de calor por encima de los 50°; el retroceso del hielo en ambos polos no guarda relación con registros anteriores; y Naciones Unidas advirtió que el clima global está entrando en terreno desconocido.
Todas estas situaciones se han dado a prácticamente ocho años de la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático, que como objetivo máximo propone limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5° con respecto a los niveles preindustriales. Convenio que dependía para su cumplimiento de la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), pero que además requería “aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima”. Este documento reconoce la sinergia entre ambas acciones, admite que los países en desarrollo necesitan ayuda (sobre todo financiera) a la hora de la implementación y que el enfoque local es clave para la labor de adaptación.
No obstante, el avance de los gobiernos no ha sido para nada contundente a pesar del consenso entre los firmantes respecto a que “un incremento de los niveles de mitigación puede reducir la necesidad de esfuerzos adicionales de adaptación, y que un aumento de las necesidades de adaptación puede entrañar mayores costos” en la materia. Para el quinto aniversario de la adopción de este tratado (a finales de 2020), si bien 125 de los 154 países en desarrollo habían realizado actividades para avanzar en la formulación de sus Planes Nacionales de Adaptación (PNA), apenas 20 de estos Estados habían registrado el primero de estos reportes ante la plataforma NAP Central. Hasta mediados del mes pasado, este número apenas ha aumentado a 47 después de tres años.
Por ende, la nula o mínima mitigación de los GEI (principalmente CO2) en vistas del aumento de la concentración de carbono en la atmósfera hasta alcanzar las 424 partes por millón (ppm), registro nunca antes alcanzado desde el inicio de las mediciones, ha derivado – por ejemplo – en el mes de julio más cálido de la historia. En esta misma línea, cabe mencionar los casos de Irán, que tuvo que declarar feriado al alcanzarse una temperatura de 50°, el peor brote de dengue en Bangladesh producto de las condiciones más cálidas y húmedas, o el encierro de millones de estadounidenses para evitar enfermedades respiratorias producto de los incendios en Canadá. Implementar políticas de adaptación es indispensable para evitar peores consecuencias sanitarias y socioeconómicas.
El impacto cada vez más severo del cambio climático pone el foco sobre la falta de asignación de recursos, financiamiento y atención para afrontar los desafíos de adaptación, según el presidente de la Comisión de Adaptación al Cambio Climático del Reino Unido. Incluso hasta los Estados mejor preparados como Países Bajos vieron cómo sus esfuerzos resultaron ser insuficientes, ante la muerte de casi 40 mil personas por una ola de calor apenas más grave de lo esperado. A su vez, Estados Unidos ha sufrido un marcado incremento de los llamados ‘billion-dollar disasters’, que pasaron de ser seis eventos aislados en 2002 a un total de 18 en 2022. Este año ya ocurrieron 15 de estas catástrofes en los primeros siete meses de 2023, sin que todavía el país desarrolle su PNA.
Es importante tener en cuenta que avanzar en materia de adaptación climática no permitiría sacrificar la reducción de los GEI indispensable para frenar o ralentizar el calentamiento global. Ambos tipos de política deben ocurrir en paralelo y el reto está en reunir los fondos necesarios (entre 160 y 340 miles de millones de dólares anuales para 2030) destinados a financiar proyectos de adaptación local para la gestión del agua o la instalación de programas de seguridad alimentaria, entre otras cuestiones. Actualmente, el dinero asignado a este tipo de acciones es menos de 50 mil millones de dólares y toma la forma de deuda, lo que supone un estrés adicional para las finanzas públicas de muchos países.
Asignar recursos de la manera adecuada será clave para que estos gobiernos puedan implementar sistemas de alerta temprana, generar capacidades transfronterizas de respuesta, cambiar a un paradigma de reducción del riesgo e invertir en mejoras a la seguridad alimentaria global. La 28° Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de París, prevista para diciembre, será el lugar para dar esta discusión, en donde el país anfitrión (Emiratos Árabes Unidos) ya ha definido una agenda relacionada con las finanzas climáticas. El éxito de estas negociaciones depende de la voluntad política de los líderes globales para actuar al respecto de manera más decidida, ahora que la población tiene una experiencia cada vez más cercana de la catástrofe climática.
Politólogos al Whisky 
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