Hace poco menos de dos meses el estado de excepción inaugurado por el presidente de El Salvador cumplió su primer año, convirtiendo la excepción en la nueva normalidad de ese país. Nayib Bukele comenzó el 27 de marzo de 2022 su “guerra contra el terrorismo” enmarcado en el “Plan Control Territorial”[1], uno de los proyectos más ambiciosos del Bukele candidato en 2019.
Durante las últimas dos décadas El Salvador pasó a ser conocido como el país más violento de América Latina[2]y uno de los más violentos del mundo debido a su alta tasa anual de homicidios, la cual superaba con creces al promedio regional. Esto se debe, parte, a que luego del fin de la guerra civil salvadoreña en 1992, el estado se encontraba debilitado y el contexto sociopolítico económico era propicio para el crecimiento de pandillas cuyo principal objetivo era el control territorial, la explotación de personas y el narcotráfico.
La normalidad con la que convivieron los salvadoreños durante veinte años tuvo el primer reconocimiento de parte de la política nacional recién en 2012, cuando el entonces presidente Mauricio Funes negoció un pacto secreto con los líderes de estas pandillas para intentar descender los índices de criminalidad, especialmente los de homicidios. Sin embargo, esto demostró dos debilidades del estado salvadoreño, por un lado, su ineficacia, ya que los números de homicidios volvieron a subir casi inmediatamente después del pacto. Por el otro, la falta de reconocimiento del problema, ya que Funes pactó en secreto porque no quería reconocer públicamente que el estado estaba frente a un problema que hacía mucho se le había escapado de las manos.
En este contexto el candidato Nayib Bukele prometió en su campaña presidencial de 2019 que, de ser elegido, iba a sacar a El Salvador de la lista de países más violentos del mundo para 2021, y cumplió con lo prometido. Con la ayuda de un Congreso[3] donde el partido oficialista cuenta con una amplia mayoría, Bukele impuso el estado de excepción, anuló derechos humanos básicos e invistió con poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad salvadoreñas. Esto fue el puntapié para lo que vendría después: cuotas de detenciones diarias[4], torturas al azar y arrestos a niños de hasta 12 años acusados de participar en pandillas. Según la CIDH hasta el 6 de abril de 2023 unas 65.795 personas habían sido detenidas bajo el régimen de excepción de Bukele y un 90% de ellas tuvieron prisión preventiva decretada[5].
La contracara de lo que denuncian los organismos de Derechos Humanos parecen ser los mismos ciudadanos salvadoreños, quienes apoyan mayoritariamente el camino abierto por Bukele (91%) y piden su reelección (70%) para que profundice la “lucha contra el narcotráfico” por cuatro años más[6]. Estos números no solo preocupan a aquellos que intervienen en El Salvador, sino también a organismos de Derechos Humanos que trabajan en otros países de la región, ya que dan una base sólida para que otros líderes utilicen las mismas prácticas. Por ejemplo, en Honduras la presidenta Xiomara Castro impuso un estado de emergencia en varias zonas del país donde el Ejército obtuvo poderes extraordinarios y los derechos civiles fueron suspendidos, mismo modus operando que en El Salvador[7]. En Ecuador el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en algunas provincias donde el narcotráfico está especialmente presente y suspendió, también, los derechos constitucionales de las personas que viven allí[8].
Estos son algunos de los casos de la nueva normalidad que se vive hoy en la región latinoamericana. La guerra contra el narcotráfico es la nueva guerra contra el comunismo, donde las fuerzas de seguridad obtienen un mayor poder de imponer la fuerza sobre una sociedad que pierde sus derechos humanos. La enorme diferencia en la contemporaneidad es que estos regímenes de excepción están legitimados democráticamente, no son dictadores quienes movilizan los Ejércitos sobre sus pueblos, sino presidentes que, incluso, logran que el Congreso apruebe y renueve la emergencia, cumpliendo con todos los mecanismos constitucionales. En este sentido, a estos líderes no solo los legitiman las reglas democráticas, sino también las grandes mayorías que los apoyan a ellos y sus iniciativas represoras, mayorías que van a las urnas y votan por mantener muchas de sus garantías constitucionales suspendidas a cambio de una sensación de seguridad que no puede mantenerse en el tiempo sin derramamiento de sangre inocente.
[1] https://www.pagina12.com.ar/535488-el-salvador-un-ano-de-estado-de-excepcion-y-restriccion-de-d#:~:text=El%2027%20de%20marzo%20de,toda%20aquella%20persona%20sospechosa%20de
[2] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47698/1/05_LDN113_Hernandez.pdf
[3] https://www.lanacion.com.ar/agencias/congreso-el-salvador-aprueba-nueva-prorroga-del-estado-de-excepcion-medida-cumple-un-ano-nid16032023/
[4] https://es.euronews.com/2022/04/15/la-policia-de-el-salvador-lamenta-la-presion-del-gobierno-para-cumplir-con-las-cuotas-de-d
[5] https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/058.asp
[6] https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/nayib-bukele-tiene-una-aprobacion-del-91-en-el-salvador-segun-encuesta-750513
[7] https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/04/09/honduras-extendio-por-otros-45-dias-el-estado-de-excepcion-en-el-marco-de-su-lucha-contra-las-pandillas/
[8] https://www.dw.com/es/ecuador-declara-estado-de-excepci%C3%B3n-en-zonas-golpeadas-por-el-narco-y-autoriza-porte-de-armas-para-defensa-personal/a-65206973
