Militarización en México

El 16 de enero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró como nuevo subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a Luis Rodríguez Bucio, ahora excomandante de la Guardia Nacional. Tras la designación, Amnistía Internacional (AI) se expresó preocupada ante la decisión del Ejecutivo, pues ésta representa un paso más hacia la militarización de la seguridad pública del país.

De acuerdo con el sitio oficial del Presidente Mexicano, Rodríguez Bucio tiene doctorado en Defensa y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaría de Marina. Además, se desempeñó como agregado militar y aéreo en la Embajada de México ante la República Federal de Alemania, con sede en Berlín, y en la Embajada de México ante la República Federal de Polonia, con sede en Varsovia. En lo que al nuevo subsecretario de la SSPC respecta, resulta inevitable destacar el carácter militar que adquiere su nombramiento. 

En mayo de 2019 México estableció la Guardia Nacional como la principal institución de seguridad pública, bajo el control civil de la SSPC. No obstante, según Amnistía Internacional, la Guardia Nacional opera cada vez de manera más militarizada; de hecho, más del 70% de sus miembros provienen del Ejército o la Marina. Por si fuera poco, en agosto de 2022, el presidente López Obrador propuso una serie de reformas legislativas que fortalecerían aún más la estrategia militarizada de seguridad, buscando colocar formalmente a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).

Como se establece en su misión, la SEDENA es el organismo del poder Ejecutivo encargado de “organizar, administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aéreas Mexicanos, con objetivo de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior y coadyuvar con el desarrollo nacional”. Con base en una serie de reflexiones, cabe destacar las actividades y responsables que recaen en dicha entidad, pues pareciera que las tareas en defensa de la integridad, la independencia y la soberanía nacionales han quedado supeditadas a las otras dos.

En primera instancia, para la presidencia resultó prioritario coadyuvar al crecimiento económico del país e impulsar los sectores comercial, turístico, industrial, financiero y social con la construcción de un nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía “General Felipe Ángeles” (AISL); por lo que encomendó a la SEDENA, a través de un grupo de Ingenieros Militares, el desarrollo y construcción del proyecto. Una vez concluido el AIFA, el presidente López Obrador destacó que a la misma entidad le corresponde tanto la construcción del aeropuerto de Tulum como la del Tren Maya, diseñado para fomentar y potenciar el turismo al sur de México. En palabras del mandatario, el Tren debía ser operado, administrado y manejado por la SEDENA.

Más concretamente, a raíz de la pandemia de COVID-19 en México, la SEDENA puso en operación el Plan DNIII para construir hospitales, adecuar y equipar las instalaciones, distribuir insumos médicos, contratar personal y comprar equipo. Aunado a las incapacidades del sistema de salud en todo el territorio nacional, el país se enfrentó a una crisis de desabasto de medicamentos sin precedentes en los meses siguientes. De esta manera, en 2021 el presidente encomendó labores de logística a las Fuerzas Armadas en la distribución de medicamentos

Asimismo, la SEDENA había sido designada a comenzar con la construcción de las primeras sucursales del Banco del Bienestar en campos militares, terrenos de la Guardia Nacional, instalaciones del IMSS y otros bienes nacionales; esto como parte de la decisión del presidente para entregar dinero a los beneficiarios de programas sociales. No obstante, debido a la administración de las unidades hospitalarias, los avances en la construcción de las sucursales del banco no avanzaron de la manera en que se habían proyectado.

Finalmente, pese a que la militarización ha sido objeto de severas críticas hacia la presente administración, el despliegue de elementos de la SEDENA no ha disminuido sino por el contrario pues, como asegura el Ejecutivo, deberán continuar dando respaldo en seguridad pública.  De esta manera, hoy en día cabe preguntarse qué no controla aún la Secretaría de Defensa Nacional cuando están ya inmersos en los sectores de salud, seguridad pública, turismo, economía y sociedad.

Lamentablemente, México ha desestimado las preocupaciones y recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros organismos de la ONU, y de organizaciones civiles de retirar progresivamente a sus fuerzas armadas de las calles; por lo que el gobierno podría continuar cediendo el control en funciones básicas y esenciales a los militares, por sobre las instituciones federales existentes para tales fines.

Como señala Amnistía Internacional, la militarización no es la solución. Y, combinada con la fatiga democrática que permea en la población, las consecuencias de dicha estrategia podrían ser desastrosas para México.

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