Desde el 06 al 18 de noviembre se está desarrollando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, en Egipto. En ese marco, el escenario en América Latina y el Caribe insta a que los compromisos asumidos se consoliden cuanto antes, del mismo modo que se produzca un bloque regional para la consecución de los objetivos climáticos.
La Conferencia Climática de las Naciones Unidas (COP27) en Sharm El-Sheikh Egipto encontró, en su primera semana, acuerdos y rispideces. En ese marco, gran parte de lo que transcurrió durante las intervenciones de mandatarios y funcionarios que asistieron a la “COP africana” giró en torno al daño ocasionado por la crisis climática. Evento que contó con más de 30.000 asistentes, de lo cuales hay 636 personas vinculadas al gas, carbón y petróleo, un 25% más que en la COP26 en 2021
Con este preocupante telón de fondo, el debate se centró en cómo pagar a los países en desarrollo por las pérdidas y el daño. Es decir, la financiación climática creció notable e inevitablemente en la agenda de la comunidad internacional y eso se está viendo reflejado en algunos compromisos de gobiernos individuales. Los esfuerzos individuales son necesarios, pero lejos están de ser suficientes para enfrentar la mitigación y adaptación de la crisis climático. Con lo cual, de las negociaciones impera que surja un mecanismo integrador o cuanto menos que la discusión se mantenga en una misma sintonía sobre la toma de decisiones.
Sin dudas, América Latina y el Caribe es un punto clave de la discusión climática, por ser una de las regiones más afectadas por los fenómenos meteorológicos extremos. Ello genera una secuencia ininterrumpida de graves daños a la salud, a la vida, a la comida, al agua, a la energía y al desarrollo socioeconómico de la región. Pero es más relevante aún traer a colación la necesidad del financiamiento si tomamos en consideración los altos niveles de endeudamiento agravado por la pandemia del covid-19.
En términos de las conferencias climáticas, la región tiene como habitualidad negociar de forma fragmentada. Ejemplos de ello son la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el grupo de Argentina, Brasil y Uruguay, también conocido como ABU. No obstante, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se presentó un documento en el cual se enfatiza la necesidad de perseguir el alineamiento de la región.
De lo cual, en esta edición de la COP27, los funcionarios latinoamericanos y caribeños cumplieron en dejar claro y de forma unificada el tenor de sus preocupaciones y la urgencia de lograr un acuerdo sobre el financiamiento climático. De ello se desprende el informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reveló que la región actualmente accede a 22.000 millones de dólares en financiamiento climático para mitigación y adaptación. Para 2030, harán falta entre 154.000 y 198.000 millones de dólares, de acuerdo a CEPAL.
Un gesto de gran relevancia fue el llamado de los presidentes de Colombia (Gustavo Petro) y Venezuela (Nicolás Maduro) a constituir una “gran alianza amazónica”, llamando a reactivar el Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, único bloque socioambiental (compuesto además por Bolivia, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) sobre la materia y que, a su vez, reconoce la naturaleza transfronteriza de la región. Asimismo, Gustavo Petro presentó un “decálogo de acción ante la crisis climática”.
Además, entre lo más relevante para la región estuvo la llegada del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. “Vamos a acabar con el proceso de degradación que están viviendo nuestros bosques tropicales“, afirmó. Y, posteriormente, propuso ser sede de la COP30. Por su parte, Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, sostuvo que el financiamiento de Pérdidas y Daños debería venir de los países ricos y de los impuestos a las empresas de combustibles fósiles
En lo que respecta a los ministros de la región, es interesante traer a colación sus pronunciamientos, ya que en agosto de este año tuvo creación la Plataforma de cambio climático de ministerios de hacienda, economía y finanzas América Latina y el Caribe fortalecerá diseño de políticas. Se destacan los siguientes pronunciamientos: Elba Rose Pérez, ministra de Ciencia y Tecnología cubana afirmó: “Las raíces de este problema están en el sistema capitalista responsable de un modelo de desarrollo depredador y consumista“.
Por su parte, el ministro de ambiente salvadoreño, Fernando Larreynaga, enfatizó: “Nos enfrentamos a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y frecuentes que frenan nuestro desarrollo y generan pérdidas”. De parte de la delegación peruana, Wilbert Rozas Beltran, ministro de Ambiente pronunció: “Estamos trabajando en una economía resiliente y baja en carbono, en reducir nuestra vulnerabilidad y en impulsar la transición energética”
El ministro de Ambiente guatemalteco, Gerson Barrios Garrido, dijo: “Requerimos apoyo y acceso a fuentes de financiamiento internacionales ágiles y efectivas que permitan incrementar mitigación y adaptación“. Mientras que, el ministro de Ambiente brasileño Joaquim Leite destacó: “Estamos en camino a crear una robusta economía verde. La agricultura continúa rompiendo récords, protegiendo el suelo y capturando carbono“. María Eloisa Rojas, ministra de Ambiente de Chile sentenció: “Estamos en una fase críticas y las decisiones que tomemos hoy en día determinarán el futuro de toda la humanidad. La inacción llevará a consecuencias catastróficas”
Por último, la Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e innovación en el Ministerio de Ambiente de la Nación reafirmó la posición que la Argentina comparte junto a Brasil y Uruguay —países con quienes integra el Grupo ABU— entre los que se mencionan: el apoyo financiero para la acción climática de los países en desarrollo, el fortalecimiento de la agenda de adaptación y la asignación de fondos específicos para pérdidas y daños a causa del cambio climático.
Por último, la secretaria afirmó: “El último informe del IPCC indica claramente que América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables y expuestas a los efectos adversos producidos por el cambio climático. Sin embargo, está cada vez más marginada de los flujos globales de financiación climática.”