El pasado 2 de noviembre el presidente chileno, Gabriel Boric anunció a través de una cadena nacional detalles del proyecto de Reforma de Pensiones prometido en su campaña electoral. Los cambios propuestos al sistema de pensiones instalados por la dictadura militar buscarán mejorar sustancialmente las jubilaciones de millones de chilenos y chilenas, impulsando una mayor solidaridad social y equidad de género en el futuro inmediato. La presente nota analizará brevemente el recorrido del sistema previsional chileno hasta la fecha, con sus múltiples reformas, para luego mencionar las principales modificaciones que propone la reforma propuesta por el gobierno de Boric y sus ventajas en materia de género.
El actual sistema previsional chileno fue establecido durante la dictadura de Pinochet, formando parte del conjunto de transformaciones políticas y sociales que instalaron el modelo neoliberal en el vecino país. Consiste en un sistema de capitalización individual donde un porcentaje del sueldo de cada trabajador formal es depositado mensualmente en Administradoras de Fondos de Pensiones (en adelante, AFP); las cuales tienen como propósito administrar, y en lo posible maximizar, las futuras pensiones de cada persona. No obstante, a más 30 años de su instalación las AFPs han demostrado ser un rotundo fracaso, prueba de ello es que en la actualidad un 72% de las pensiones no alcanza el salario mínimo, y uno de cada cuatro personas recibe una pensión por debajo de la línea de la pobreza. Como consecuencia, desde 2016 ha crecido el descontento ciudadano contra las AFPs, constituyéndose el movimiento “No + AFPs” y exigiéndose su reformulación como parte de las demandas del pasado estallido social chileno.
No obstante, las falencias del sistema previsional chileno no han pasado desapercibidas por la clase política hasta la fecha. Múltiples han sido las reformas que se han levantado en materia de pensiones a lo largo de los años, las cuales se enfocaron principalmente en la protección de las personas con menores ingresos. Ejemplos de esto son el Pilar Solidario, política de 2008 que proveía de financiamiento estatal a quienes no tuviesen cotizado en AFPs (ya sea por ser cuidadores, personas dependientes de cuidados o por haber trabajado informalmente) o que tuvieran muy pocos fondos en su AFP; y el Seguro de Cesantía, que busca suplementar las pensiones de quienes enfrentasen periodos de desempleo. Además, a inicios de este año se instaló la Pensión General Universal (en adelante, PGU) en reemplazo del Pilar Solidario, un beneficio mensual administrado por el Instituto de Previsión Social al que pueden acceder todas las personas que tengan una pensión inferior a un monto máximo establecido por ley.
No obstante, a pesar de estas distintas reformas, las pensiones chilenas continúan mostrando desigualdades y falencias que empujan a la tercera edad a la pobreza y la dependencia. Lo que, en un contexto de inflación, ad-portas de una recesión, y habiéndose permitido el retiro de hasta el 30% de los fondos previsionales para solventar la crisis económica provocada por la pandemia; sin dudas llevará a la mayor crisis previsional conocida hasta la fecha.
Es en este contexto en que la propuesta previsional del gobierno de Boric se inserta, impulsando cambios que no solo buscan paliar la pobreza que viven los adultos mayores como un problema general, sino que se centra en solventar las desigualdades de género que hoy empujan a las mujeres a pensiones mucho más precarias que los hombres. En particular, la nueva propuesta busca consolidar un sistema mixto, con contribución del Estado, los empleadores y los trabajadores, y basado en la solidaridad social. Esto se refleja, por una parte, en el aumento de la PGU con un enfoque en quienes reciben menores jubilaciones, lo cual se hará efectivo de manera gradual. El segundo mayor cambio es la reorganización de la industria previsional, dando término al modelo de AFPs para dar paso a un Inversor de Pensiones Público y Autónomo y múltiples Inversores de Pensiones Privados que competirán entre sí.
Además, la propuesta propone una cotización de un Seguro Social de un 6% del sueldo que será financiado por los empleadores. Un 70% de este Seguro será destinado a la cuenta personal de cada persona, y el 30% restante a un Fondo Integrado de Pensiones enfocado en aumentar las jubilaciones de aquellas personas con menores ingresos previsionales. De esta manera, la propuesta presentada agrega un sistema de redistribución de la riqueza basado y sostenido en la solidaridad social, pero cuyo peso no recaerá en los salarios de los y las trabajadoras.
Sin embargo, quizás los cambios más revolucionarios son aquellos enfocados principalmente en las mujeres jubiladas y por jubilarse, pues por primera vez una reforma busca hacerse cargo de las brechas y desigualdades de género en el sistema laboral y, por ende, previsional. En primer lugar, el ya mencionado Fondo de Pensiones Integrado beneficiará principalmente a las mujeres chilenas quienes, debido a brechas salariales, lagunas relacionadas a la maternidad o el cuidado de personas dependientes, y por vivir más años, suelen tener menores pensiones que sus pares masculinos. Además, relacionado con esto último, la nueva propuesta introduce una compensación en base a las tablas de mortalidad detectadas en la población, diferenciando por género; lo que eliminará la visión androcentrista que suponía que hombres y mujeres viven la misma cantidad de años, beneficiando así a actuales y futuras mujeres jubiladas
Junto con lo anterior, la propuesta previsional también incorpora 24 cotizaciones por 6% en periodos de maternidad, lo que incluye casos de adopción, los cuales se sumarán al actual bono por hijo. Por último, también se propone otorgar cotizaciones a quienes deban abandonar el trabajo para realizar cuidados a personas con dependencia severa o moderada, lo que se realizará inscribiéndose como cuidador o cuidadora en el Registro Social de Hogares (dato que será verificado por asistentes sociales). Ambas propuestas buscan resignificar las tareas de cuidado como trabajo valioso y pilar del bienestar social, lo que sin duda beneficiará principalmente a las chilenas, ya que en la actualidad son las mujeres quienes realizan la mayoría de estas laboras en los distintos hogares y familias. La suma de estos cuatro componentes supondrá un aumento de hasta el 71% en las pensiones de mujeres, de acuerdo con los cálculos entregados por el Ejecutivo.
La propuesta previsional del gobierno de Boric será presentada al Congreso en las próximas semanas, ingresando por la Cámara de Diputados y Diputadas para su primer trámite legislativo. De acuerdo con la Constitución vigente, su aprobación requerirá un quórum calificado, necesitando al menos 78 votos en la Cámara de Diputadas y Diputadas y 26 votos en el Senado, independiente de la cantidad de honorables presentes en sala en el momento de la votación. Un panorama complejo, sobre todo considerando que la derecha chilena (usualmente opositora a cualquier cambio sustancial al sistema neoliberal) es mayoría en el Senado. No obstante, dado que la reforma al modelo previsional es una demanda social que data de hace años, quedará por verse si la presión popular permitirá finalmente alcanzar los cambios que Chile necesita para ser un país más justo y, sobre todo, equitativo.
