El 15 de septiembre de 2022 el Parlamento Europeo aprobó con 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones un informe en el que considera que Hungría ya no es una democracia plena, como consecuencia de las transformaciones políticas y sociales que se han producido allí en la última década a partir del ascenso al poder de la alianza entre el Partido Popular Demócrata Cristiano (KDNP) y la Unión Cívica Húngara (FIDESZ).

Hungría es una república parlamentaria cuyo cuerpo legislativo unicameral, elegido cada cuatro años, es el encargado de designar un primer ministro que oficia de jefe de gobierno y un presidente, jefe de estado, que tiene a su cargo funciones de representación. Desde el año 2004 es parte de la Unión Europea y hasta el año 2010 había sido uno de los estados más alineados con su marco normativo. ¿Qué fue lo que ocurrió en los últimos años para que la política de Hungría comience a despertar polémica dentro de la UE?

En el año 2010 Viktor Orbán fue designado primer ministro por la coalición FIDESZ-KDNP. No era la primera vez que ostentaba el cargo, ya que había ejercido la jefatura de gobierno entre 1998 y 2002 a partir de una alianza entre su partido (FIDESZ) y el Foro Democrático de Hungría (MDF). El 3 de abril de 2022 la alianza que lidera Orbán logró renovar por cuarta vez consecutiva la mayoría absoluta en el Parlamento, obteniendo 135 de los 199 escaños por el 53,1% de los votos. De esta forma, el actual primer ministro va camino a cumplir 12 años ininterrumpidamente en la primera magistratura de su país.

La política del gobierno húngaro se basa en una ideología nacionalista cristiana, que entiende como amenaza, y ve como inadmisible, todo aquello que se aleje de los “valores de la familia”. Los discursos de sus líderes se caracterizan por su desprecio a otras religiones y a las personas inmigrantes que atentan contra el cristianismo y la identidad europea. Esta visión conservadora ha caracterizado a las políticas y acciones que se han implementado desde su estadía en el poder.

El Gobierno de Orbán es, en sus propias palabras, iliberal: un tipo de régimenque se caracteriza por mantener algunas bases democráticas como las elecciones periódicas; sin respetar otras nociones tales como los principios del constitucionalismo liberal y la protección de la sociedad civil y sus derechos humanos. Si bien algunos académicos como Kornai (Vasques Carvalheiro, 2021) sostienen que este término no debería ser utilizado porque presenta grandes contradicciones, en vistas de que no puede haber democracia si no se respetan los fundamentos democráticos básicos, el mandatario se ha apegado a este término para legitimar discursivamente las medidas que se han estado implementado en Hungría.

¿Qué ha cambiado?

Una de las principales medidas que generó gran controversia en la sociedad fue la modificación de la Constitución Nacional apenas asumido el gobierno en 2010. Según dicta la norma, para aprobar la redacción de la Constitución se requiere del voto de las cuatro quintas partes del Parlamento; no obstante, la alianza (FIDESZ-KDNP) utilizó su mayoría parlamentaria simple para eliminar esta regla y, de esta forma, redactar una nueva Constitución.

Una de las modificaciones que se realizaron es el procedimiento para nominar jueces constitucionales, que pasó de requerir el consenso de la mayoría de los partidos del Parlamento a establecer un sistema de mayorías parlamentarias mucho más laxo, con menor poder de influencia de las minorías partidarias. Debido a que la coalición gobernante lidera ampliamente la Cámara Única, este cambio favoreció la discrecionalidad del oficialismo en la selección de magistrados de la Corte Constitucional (Vasques Carvalheiro, 2021). Las competencias de esta Corte también se modificaron: se limitó su injerencia en la revisión del presupuesto y leyes tributarias, lo que abrió paso a que el gobierno pudiera cambiar fácilmente la política económica.

El poder que adquirió el Gobierno a partir de la creación de una nueva constitución le posibilitó a Orbán y a su partido materializar su ideología conservadora. La familia pasó a ser definida solo dentro de los parámetros heterosexuales; se pusieron en marcha campañas publicitarias desde el Estado contra la inmigración; se eliminó el Ministerio de Educación; se desfinanciaron los estudios de género por no pertenecer a la democracia cristiana; se cancelaron conciertos de cantantes que “promueven la homosexualidad”; y recientemente, en 2021, se prohibió hablar sobre homosexualidad en las escuelas. Se modificaron leyes vinculadas a las autoridades de los medios de comunicación para regular el contenido de este y se eliminó la prohibición de monopolios de información.

El partido de gobierno también realizó cambios en el sistema electoral. Hungría cuenta con 199 diputados que se eligen en 106 distritos electorales uninominales y el resto surgen de las listas nacionales. Con el objetivo de perpetuar su permanencia en el Gobierno, se modificó el tamaño de los distritos electorales para que aquellos que tienen tendencias conservadoras sean más pequeños y los partidos de derecha requieran menos votos para ser electos (Vasques Carvalheiro, 2021). También se modificaron las condiciones para presentarse en las listas: desde 2020 para poder presentar una lista nacional es necesario contar con candidatos en al menos 50 distritos (previamente eran 27), lo que obliga a los partidos pequeños a diluirse en grandes alianzas por no cumplir con estos requisitos.

Repercusiones en la Unión Europea

La Unión Europea (UE) ha manifestado su preocupación por la situación del Estado Húngaro debido a la creciente remoción de derechos y libertades desde la llegada al poder de la alianza liderada por Orbán, por lo que le ha llamado la atención al Gobierno en varias oportunidades:

En 2012 la UE abrió un proceso legal a Hungría por incumplimiento del Tratado Europeo a partir de tres cuestiones que se presentaron en su nueva Constitución: la independencia del Banco Central, el cambio en la edad de jubilación de los jueces de los 70 a los 62 años y la independencia del supervisor nacional de protección de datos.

En 2017, la UE solicitó activar el artículo 7 del tratado de Lisboa por el deterioro de los derechos fundamentales en este país. Este artículo, por un lado, busca darle un aviso al país en cuestión antes de que cometa una violación grave y, por otro lado, prevé la sanción que puede suspender ciertos derechos como su voto en el Consejo.

El Parlamento volvió a solicitar este pedido en 2018, manifestando su “preocupación por el funcionamiento del sistema constitucional y electoral; la independencia del poder judicial; la libertad de expresión, de religión, y de asociación; el derecho a la igualdad de trato; los derechos de las personas pertenecientes a minorías; los derechos fundamentales de los migrantes y refugiados; y los derechos económicos y sociales”. De esta manera, por primera vez se aprobó el inicio de acciones contra un Estado miembro, al poner en marcha las sanciones que el artículo 7 prevé.

Finalmente, en 2019 Hungría fue llevado a la Justicia por el Tribunal de la UE por una ley conocida como Stop Soros que pretendía criminalizar y castigar algunas acciones vinculadas a la inmigración como, por ejemplo, el apoyo a quienes buscaban asilo. Tras la sentencia del Tribunal en 2021 se obligó al país a dar marcha atrás con esa legislación por violar la directiva de garantizar asistencia y protección internacional.

El comunicado de septiembre de 2022 del Parlamento Europeo en que sostiene que Hungría se ha convertido en una autocracia electoral, coincide con los indicadores de Varieties of Democracy que muestran cómo los componentes del indicador democrático han empeorado desde el cambio de Gobierno en 2010. Siendo que 1 define a un país como democrático y 0 como no democrático: el índice de democracia deliberativa, que se centra en el proceso mediante el cual se toman decisiones, pasó de 0,61 a 0,23.

El índice de  democracia igualitaria, que calcula en qué medida se protegen los derechos y libertades de todos los sectores sociales, disminuyó de 0,7 a 0,34. En cuanto a la democracia electoral -que contempla en qué grado las elecciones son limpias y afectan a la composición del ejecutivo, y en qué medida los gobernantes responden a los ciudadanos y se puede opinar libremente- pasó de 0,86 a 0,46. El índice de democracia liberal, que mide la protección de los derechos individuales y de las minorías contra la tiranía del estado y la tiranía de la mayoría, cayó de un 0,77 a un 0,36; y el índice de democracia participativa de los ciudadanos en todos los procesos políticos, electorales y no electorales pasó de un 0,64 a un 0,31. Se evidencia nuevamente que Hungría ha dejado de ser una democracia plena, algo que no debería resultar sorprendente ya que el mismo Orbán ha definido a su Gobierno como iliberal.

Siguiendo a Przeworski et. al. (2000), si bien el Estado húngaro cumple con tres principales reglas para encajar dentro del régimen democrático -contar con elecciones populares, que la legislatura sea establecida mediante elecciones disputadas y que exista más de una lista independiente de candidatos- no existe una alternancia desde 2010 por lo que a pesar de cumplir con todos los demás criterios el país pierde la posibilidad de ser definido claramente, demostrando que Hungría se ha consolidado como un sistema híbrido.

Más allá de que el Parlamento nuevamente haya expresado su preocupación por las cuestiones anteriormente mencionadas y solicite que se avance en la adopción de pasos adicionales en el Artículo 7, se deberá esperar hasta las próximas elecciones en 2026 para conocer si la ciudadanía decide ponerle fin al modelo político, económico y social de Orbán, o si la alianza mayoritaria cuenta con el apoyo necesario de la sociedad para poder seguir imponiendo su doctrina ultraconservadora por un largo periodo más, aún a riesgo de recibir las sanciones de la UE que resulten en consecuencia.

BIBLIOGRAFIA

Carvalheiro, S. F. V. (2021). How can a populist government shift a democracy towards an autocracy?: the government of Viktor Orbán (Doctoral dissertation).

Przeworski, A., Alvarez, R. M., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A., Limongi, F., & Neto, F. P. L. (2000). Democracy and development: Political institutions and well-being in the world, 1950-1990 (No. 3). Cambridge University Press.