El 27 de diciembre de 2002, de la mano del Partido de los Trabajadores (PT), Lula Da Silva se transformó en el primer presidente electo de origen obrero de la República Federativa del Brasil, finalizando su mandato el 31 de diciembre de 2010 tras haber sido reelecto en 2006. Veinte años después de esa campaña histórica, vuelve a candidatearse; esta vez formando la alianza Brasil de la Esperanza que propone a Geraldo Alckmin -perteneciente al Partido Socialista Brasileño- como vicepresidente.
Las presidencias de Da Silva se caracterizó por su foco en la cuestión social a través de la suba del gasto público y las transferencias sociales. Durante sus gobiernos se pusieron en marcha distintos programas como Hambre Cero y Bolsa Familia, vinculados a la propuesta de su campaña electoral: la reducción del hambre y la pobreza. De estas dos medidas, la más significativa fue la segunda, que se diseñó como un programa de transferencia directa condicionada unificando otros programas de la misma índole ya existentes, como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentaçao, Auxilio-Gas y el Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).
El plan Bolsa Familia estaba destinado a las familias en situación de pobreza y exigía que sus beneficiarios asistieran a determinados programas de salud y garantizaran la escolarización de sus hijos. Este plan estuvo vigente hasta el año 2021, cuando fue sustituido por el programa Auxilio Brasil. Esta decisión tomada por el gobierno de Jair Bolsonaro fue duramente criticada por la opinión pública, ya que Bolsa Familia había tenido resultados exitosos y socialmente reconocidos durante los últimos 19 años.
Otros instrumentos destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables fueron: la aplicación de un salario mínimo para campesinos pobres y ancianos, que contribuyó a la disminución de la pobreza en el ámbito rural; y el original subsidio a ancianos (mayores de 65 años) con discapacidad, cuya implementación es similar al programa Bolsa Familia (Salama, 2010). Además, durante el gobierno de Lula se creó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) que jugó un rol muy importante en la promulgación de la Enmienda Constitucional Nº 64/2010 y que incluyó en la Constitución Federal a la alimentación como derecho social. También se crearon el Fondo Internacional de Combate al Hambre y el Fondo IBSA para el Alivio del Hambre y la Pobreza (Abrantes Pego, 2012; Martínez Naccarato, 2014).
Con Lula Da Silva al mando, Brasil mejoró la mayoría de sus indicadores socioeconómicos en términos de igualdad, empleo, seguridad social y calidad de vida. Según datos del Banco Mundial (2022), la prevalencia de desnutrición -que representa el porcentaje de la población ubicada por debajo del nivel mínimo de consumo alimenticio de energía- disminuyó de un 9,3% a un 3% durante todo el mandato; descendió la tasa de desocupación de la población activa de un 10% a un 7,3%; mejoró el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,69 a 0,73 puntos; y el PBI per cápita se incrementó de $3.070 USD a $11.286 USD.
Gráfico 1. Prevalencia de la desnutrición. Brasil (2002-2010)
Fuente: Datos Banco Mundial
Gráfico 2. Tasa de desocupación. Brasil (2002-2010)
Fuente: Datos Banco Mundial
Gráfico 3. Índice de Desarrollo Humano. Brasil (2002-2010)
Fuente: Datos Macro
Gráfico 4. PBI Per Cápita. Brasil (2002-2010)
Fuente: Datos Banco Mundial
Al finalizar el segundo periodo y ante la imposibilidad de reelección, Da Silva fue sucedido por su vicepresidenta, Dilma Rousseff quien asumió la primera magistratura tras ganar las elecciones generales de 2010 en segunda vuelta con el 56% de los votos. En 2014, Rousseff consiguió la reelección con el 51,5%, pero no logró completar su segundo mandato, ya que en diciembre de 2016 fue sometida a un juicio político, acusada de maniobras fiscales irregulares para encubrir las cuentas del Estado.
Con el apoyo del sector liderado por Michel Temer, su vicepresidente en ejercicio, Rousseff fue despojada de sus privilegios parlamentarios y decidió disolver el Gobierno y entregar el mando a este. El proceso de destitución de la presidenta se desarrolló en el marco de una crisis económica, producto de una fuerte recesión causada por problemas internos y externos, aunque algunos expertos atribuyeron el suceso principalmente a la crisis política desatada entre un Congreso con una alianza oficialista muy fragmentada y el Poder Ejecutivo (Gómez Martín, 2018).
Con Temer a la cabeza del Poder Ejecutivo la política de Brasil dio un giro hacia una política de corte mucho más neoliberal, de ajustes y recortes en el gasto público. En este contexto de tensiones económicas y políticas, Lula Da Silva fue imputado por el Juez Sergio Moro en una causa de corrupción que, luego de un irregular proceso judicial, lo llevó a la proscripción electoral y a la cárcel. Con Da Silva impedido a presentarse a las elecciones de 2018, resultó vencedor Jair Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), con un perfil acentuadamente reaccionario. Una vez al frente del Gobierno, Bolsonaro designó al juez Sergio Moro como ministro de Justicia y continuó con la senda económica liberal iniciada por Temer.
Las decisiones económicas a favor del mercado, como las políticas privatizadoras de las empresas estatales, de la salud, y de la educación, que se impartieron durante el gobierno de Bolsonaro, terminaron por modificar el escenario político, económico y social que caracterizó a Brasil diez años atrás. Según el Banco Mundial, los niveles de desocupación ascendieron un 7,1% volviendo a colocarse en los valores previos al gobierno del PT en 2002, y el PBI per cápita disminuyó de $11.286 USD a $7.519 USD. Además, Brasil volvió a aparecer en el mapa mundial del hambre, con una tercera parte de la población del país sufriendo inseguridad alimentaria en alguna medida, sin poder acceder a la cantidad suficiente de alimentos diario (FAO et. al., 2022).
En el año 2021 Lula Da Silva fue absuelto por la Justicia brasileña y ha vuelto a la arena político-electoral como candidato a presidente con una consigna de clara reivindicación de su gobierno en contraposición con los procesos posteriores. Con el objetivo de “volver y hacerlo mejor que antes”, ha optado por las redes sociales como Instagram, YouTube y Tik Tok para el despliegue y viralización de sus consignas de campaña, en la que lleva adelante un discurso sobre la importancia de la cultura, el diálogo, el respeto, la educación y el trabajo. Además, ha destacado su compromiso con la Amazonia, las mujeres y los indígenas, proponiendo, entre otras cosas, recrear el Ministerio de la Mujer y crear el Ministerio de los Pueblos Indígenas.
De cara a las elecciones de octubre del 2022 y tras 12 años fuera del Poder, Lula Da Silva se encuentra liderando las encuestas, con una intención de voto del 43% en primera vuelta -superando a su principal contrincante, el actual presidente Jair Bolsonaro (35%)- y un apoyo de la ciudadanía de entre el 48% y el 53% en segunda vuelta (Statista, 2022). De concretarse estos pronósticos, un triunfo de la alianza liderada por el expresidente Da Silva se sumaría a las victorias de coaliciones de centroizquierda que se dieron en la región en los últimos años, como fue el caso de Argentina en 2019 con Alberto Fernández; de Bolivia en 2020 con Luis Arce Catacora; y de Chile con Gabriel Boric y Colombia con Gustavo Petro en 2022. Esto es muy factible que suceda ya que, más allá de las encuestas, el escenario electoral latinoamericano durante los últimos años, al menos desde 2015, se ha caracterizado no por un viraje a la izquierda, sino por la ruptura del modelo político establecido.
Un golpe electoral a Bolsonaro, no solo implicaría un cambio en el modelo ideológico y la vuelta de políticas de corte nacional-popular, sino también el abandono del mandatario de la política ya que, según expresó, si la coalición de centroizquierda gana “nunca dejará el poder”.