Solamente en el 2022, hasta la fecha, hubo 396 tiroteos masivos en Estados Unidos según Mass Shooting Tracker, sitio web que lleva la compilación de datos sobre tiroteos con saldos fatales y heridos en el país, la cual define al tiroteo masivo como un solo estallido de violencia en el que cuatro o más personas son baleadas. Asimismo, otro dato alarmante ronda en torno a la proliferación de adquisición y portación de armas: según la organización Small Arms Survey, hay 120 armas cada 100 estadounidenses. Lamentablemente ya no sorprende ver en las redes sociales o en la televisión que hubo un nuevo tiroteo en una escuela, shopping o en la calle en Estados Unidos.

Las normativas en el país para poder comprar un arma no son iguales en todos los estados y varían de las leyes nacionales. En la mayoría de ellos, la edad mínima para poder comprar rifles y armas es de 18 años y para adquirir armas de grueso calibre es de 21 años, a excepción de los Estados de Alaska, Maine, Minnesota y Vermont, en donde la edad permitida para comprar armas bajo algún tipo de supervisión es de 16 años. 

La sociedad estadounidense está fuertemente marcada por la Cultura de las Armas. El uso de las mismas no solo está muy ligada a la idea de seguridad y como herramienta para defenderse frente a cualquier peligro, sino que también usar armas es comúnmente considerado un deber ciudadano y a su vez, permite crear el ideal de que se es un ciudadano “más libre” ya que hace cumplir sus derecho otorgado por la Segunda Enmienda. Aún bajo estos presupuestos, los hechos denotarían que la realidad pareciera ser distinta, puesto que la portación de armas no habría desencadenado en bajas tasas delictivas o de muertes provocadas por las mismas (considerando el poder de disuasión que puede tener un arma por sí misma). Influido por los efectos de la pandemia de COVID-19 y la pobreza, ha habido un aumento histórico de un 35%  en la tasa de homicidios por armas de fuego, la más alta en 25 años. En 2021, varias ciudades estadounidenses experimentaron récords: Chicago registró la mayor cantidad de homicidios, 836 en total, y Memphis, Tennessee tiene el récord por habitante con 2.352 homicidios cada 100.000 personas.

No solamente está instaurado en los mecanismos de la sociedad la portación de armas, sino que también está respaldado por la Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, la cual protege el derecho de los ciudadanos estadounidenses de poseer y portar armas. Pero el caso estadounidense en torno a esta temática también está respaldado por otro factor sustancial:  una cultura política histórica que permite que suceda y perdure en el tiempo, avalado en mayor o menor grado por los diferentes gobiernos de turno. Para entender las raíces de la conducta estadounidense con las armas, es importante recalcar la doctrina del castillo, heredada por Inglaterra y que aún sigue vigente, donde, en síntesis, se estipula que el hogar de un individuo es su “castillo” y tiene derecho a defenderlo y utilizar fuerza letal contra la amenaza que se presente, así sea porque alguien entre de forma ilegal o haya un grave daño físico involucrado.

Durante la actual administración de Joe Biden, lo que hace (u omite hacer) el gobierno para detener los tiroteos masivos y las facilidades para la portación de armas ha dado de qué hablar. Dentro de los acontecimientos más destacados, bajo la administración del demócrata  se ha desarrollado un proyecto de ley para el Control de Armas, el cual fue aprobado por el  congreso a finales del mes de junio. La ley fue aprobada en el Senado con 65 votos a favor contra 33, con 15 senadores republicanos unidos a los demócratas en la cámara alta del Congreso.

Algunos de los puntos clave de la ley se acentúan en  el gran presupuesto otorgado para tener un control más minucioso del perfil de  quienes compran las armas. También, la ley presenta una modificación frente a “la laguna del novio”, mejor conocida como la legislación que prohibía portar armas a las personas que habían sido condenadas por violencia doméstica contra sus cónyuges o parejas con las que compartían hijos y/o convivían. Ahora, no solamente aplicaría para esos casos, sino también para aquellos donde la violencia doméstica estuviese presente en relaciones serias de carácter íntimo o romántico, es decir, no siendo requisito formal estar legalmente casados.

Asimismo, el proyecto de ley pone énfasis en exigir a los comerciantes de armas que tramiten una licencia federal para hacerlo, ya que tenerla exige conocer los antecedentes de cada persona que se le venda un arma. La legislación llama a los estados a incluir revisiones más exhaustivas de las personas entre 18 y 21 años que quieran comprar armas, es decir, se deben incluir los registros de menores en el  Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS). De esta manera, se le otorga al sistema tres días para revisar antecedentes del potencial comprador. Si en esos tres días la revisión no se completa, se sigue adelante con el proceso de venta del arma de igual forma.

Por último, propone la inversión de más dinero destinado a programas de salud mental y seguridad escolar, en donde se plantea aumentar el número de consejeros en este campo dentro de las escuelas y también otorgar más de 8 mil millones de dólares para la construcción de clínicas de salud mental en cada Estado, entendiendo que la violencia a causa del uso de armas no va a ser resuelta en su totalidad instalando medidas y acciones para mejorar la salud mental, pero sí puede ser sumamente positiva y apaciguar la potencial consecución de ellas.

Pareciera que nada alcanza en un país donde cualquier persona que desee comprar un arma puede hacerlo sin recurrir a esfuerzos mayores. En un país donde el acceso a las mismas está tan facilitado más allá de los esfuerzos por regular, es un país que posee el potencial para que los tiroteos masivos e incidentes por el uso de armas continúen creciendo (desde que comencé a escribir este artículo y hasta la fecha de su publicación tuve que modificar dos veces el número de tiroteos masivos ya que pasaron durante este año porque la cifra sigue subiendo).

En este sentido, y frente a la gran ola de tiroteos masivos en lugares públicos como escuelas, calles o centros comerciales, muchas personas se han preguntado qué medidas pueden tomar como individuos más allá de las legislaciones que el gobierno desarrolle o no: ¿los maestros, a modo de “medida de seguridad”, deben portar armas en las escuelas? O esto, en su lugar, ¿es seguir fomentando la venta y uso de armas? ¿Un lugar donde se va a aprender debe tener presencia de armas para que sea un espacio seguro? El fenómeno de tiroteos masivos que particularmente suceden en las escuelas, termina por ser de los más preocupante ya que se empieza a poner en cuestionamiento el rol seguro y de cuidado que la institución suele representar para los estudiantes y sus familias.

En el estado de Ohio, el gobernador Mike DeWine adelantó que promulgará la ley que permite que los maestros y otro personal estén armados dentro de la institución una vez que hayan completado 24 hrs. de capacitación inicial. Al menos ocho de los 50 estados de Estados Unidos han aprobado el ingreso de armas en las escuelas, cuando se habla de nivel universitario son doce los estados donde incluso es obligatorio la presencia de personal armado en algunas áreas. Entre ellos están Florida, Indiana, Mississippi, Michigan y Pennsylvania entre otros. En contraposición, California, Illinois, Massachusetts, New Jersey y Nueva York no permiten que ingresen armas a centros educativos.

Resulta cada vez más notorio cómo uno de los problemas principales es la falta de control y conocimiento sobre quién es la persona que compra el arma debido a la falta de regulación para su tenencia. En este sentido, cabría preguntarse si bajo este escenario no es prácticamente imperativo adoptar medidas y leyes integrales que presten atención a los aspectos de seguridad, economía y salud mental para poder establecer una reglamentación eficaz. ¿Hasta cuándo será predominante la Cultura de Armas?