Tras seis semanas del inicio de la invasión rusa sobre el territorio ucraniano, el mundo observa con horror las atrocidades cometidas en Bucha, ciudad ubicada a pocos kilómetros de Kiev. Frente a la necesidad de Rusia de un cambio en su estrategia militar y ante el avance del Ejército Nacional, diversas localidades, que habían sido tomadas a la fuerza al comienzo de la invasión, están siendo recuperadas; permitiendo conocer el accionar desmedido y cruel contra cientos de civiles. 

La irrupción de las tropas rusas sobre Bucha comenzó el 8 de marzo, cuando las mismas lograron un gran avance sobre varias ciudades al norte de Ucrania, dentro de la órbita de la capital, Kiev. Luego de veintiséis días de ocupación, las imágenes que trascendieron no sólo muestran una ciudad devastada, sino también cientos de cadáveres en fosas comunes, en las calles y en diversas infraestructuras. Algunos de ellos con sus manos atadas, con disparos a quemarropa y signos de tortura. Otros, aún siguen desaparecidos. 

Si bien es de público conocimiento que en las guerras suele haber bajas, Bucha se convirtió en el centro de la atención dado la crueldad con la que los civiles fueron tratados y asesinados. En total, según lo informó el alcalde de la ciudad, Anatoly Fedoruk, se encontraron más de trescientos veinte cuerpos de civiles asesinados por las fuerzas rusas. 

Desde el Kremlin se plantea que las imágenes de Bucha han sido montadas por las autoridades ucranianas, es decir, insisten en que las propias fuerzas ucranianas fueron quienes asesinaron a cientos de civiles luego de que los soldados rusos abandonaran el lugar. El objetivo de este supuesto accionar era perjudicar la percepción que tiene la comunidad internacional sobre Rusia, nuevas sanciones al país y entorpecer el proceso de paz. Sin embargo, esta versión de los hechos fue rápidamente desmentida por los testigos y gracias a imágenes satelitales provistas tanto por la empresa privada estadounidense Maxar Technologies como por Alemania, donde se pueden observar cuerpos de civiles en calles y la existencia de la fosa común, aún cuando los rusos controlaban la ciudad. 

Asimismo, en la medida en la que las fuerzas ucranianas recuperan territorio, se observa que Bucha no fue la excepción en el accionar ruso, sino que podría ser la regla. La difusión de nuevas imágenes provenientes de la ciudad de Borodyanka, al noroeste del país, muestran otra masacre de civiles y particularmente de niños. Aún los datos exactos no se conocen, dado que continúa la búsqueda de individuos bajo escombros. 

La táctica de destrucción completa de ciudades y violación de los derechos humanos fue utilizada por el Ejército ruso en otras ocasiones anteriores en Siria y Chechenia. En el caso particular de Ucrania, se puede considerar que esta estrategia militar tiene como uno de sus objetivos lograr que en el mediano plazo las autoridades del país se deban concentrar en cómo hacer para recuperarse económicamente y dejen de lado otros objetivos principalmente en materia militar. 

Siguiendo la Carta de las Naciones Unidas, Rusia está llevando a cabo una guerra de agresión en Ucrania, lo cual es un crimen en el derecho internacional. “Dado que se enmarcan en el crimen global de agresión, todos los usos de la fuerza armada por parte de Rusia en territorio ucraniano pueden considerarse ilegales” (CFR, 2022). Sin embargo, a partir del conocimiento de lo sucedido en Bucha, tanto los altos funcionarios ucranianos como de gran parte de Occidente calificaron el accionar ruso como crímenes de guerra, e incluso algunos de ellos mencionaron que se trata de un genocidio. 

Incluso en las guerras existen reglas que los Estados han acordado seguir, el incumpliendo de las mismas suele ser considerado crímenes de guerra. En este sentido, se supone que hay un compromiso por no hacer un uso desmedido de la fuerza contra los civiles (tortura, homicidios dolorosos, etc.), evitar atacar objetivos no militares, la prohibición de la utilización de armar biologías y/o químicas, la atención de los enfermos y heridos -aun en situación de prisioneros, entre otras, son acciones que pueden ser juzgadas internacionalmente como crímenes de guerra.

Por su parte, se trata de un genocidio cuando se logra demostrar que las intenciones de los lideres y de quienes ejecutan las ordenes tienen como objetivo la destrucción parcial o total y planificada de un particular grupo étnico, nacional, racial o religioso. 

En ambos casos, las investigaciones son llevadas a cabo por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual puede dar dictámenes sobre controversias entre Estados, pero no enjuiciar a individuos, y la Corte Penal Internacional (CPI), que no forma parte del sistema de las Naciones Unidas y tiene como misión juzgar a los responsables de manera individual. Ucrania denunció a Rusia ante la CIJ el 26 de febrero de 2022, y si bien la Corte se pronunció ordenando a este último suspender sus operaciones militares en territorio ucraniano, la falta de capacidades para garantizar el cumplimiento del fallo impiden poner fin a la invasión. 

Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció públicamente que le bridará a Ucrania los medios necesarios para documentar pruebas que den lugar a un futuro juicio por crímenes de guerra contra Vladimir Putin. Aún así, es muy probable que haya una gran dificultad no en probar la existencia de los crímenes, sino en sus responsables. 

Nuevas sanciones y más armas

Frente a esta situación, aún a pesar de que las investigaciones no están concluidas, gran parte de los países occidentales han coincidido en la necesidad de llevar a cabo nuevas sanciones contra Rusia. 

Por el lado de la Unión Europea, la principal sanción es el embargo a las importaciones de carbón ruso a partir de agosto, no obstante, desde el 8 de abril se prohíbe la firma de nuevos contratos. Al mismo tiempo, se ampliaron las restricciones al sector bancario ruso impidiendo realizar transacciones en cuatro bancos claves, entre ellos el VTB -el segundo más importante en el país-. Finalmente, los puertos de la UE se cerrarán para las embarcaciones rusas, con excepción de que sea para la exportación de productos agrícolas y alimentos, ayuda humanitaria y energía. 

Si bien en esta ocasión el paquete de sanciones puede catalogarse de más duro con respecto a los anteriores, tanto funcionarios de la Unión como de Ucrania consideran que el verdadero impacto sobre Rusia se logrará cuando el bloque de veintisiete países restrinja o prohíba la importación de gas y petróleo ruso, que le representan ingresos de 800 millones diarios. Sin embargo, se observa como nuevamente los intereses nacionales de algunos países, entre ellos Alemania, se encuentran por encima de objetivos comunes, en este caso, intentar ponerle fin a la invasión en Ucrania. 

Las medidas tomadas por los Estados Unidos se concentraron también en el sector bancario que incluyen un bloqueo total a Sberbank y Alfa-Bank, los cuales son los bancos rusos más importantes en el sector estatal y privado respectivamente. Además, los estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier tipo de inversión en Rusia. Por último, se aplicaron sanciones contra individuos de alto nivel, como los miembros de la familia del presidente Vladimir Putin y el ex primer ministro y presidente ruso Dmitry Medvedev.

Esta serie de acciones sin precedentes tienen como objetivo seguir aumentando el costo económico de la invasión para Rusia y un potencial debilitamiento del gobierno de Putin frente a las consecuencias internas de las mismas. 

Al mismo tiempo, estos actores en conjunto, en el marco de la OTAN, se han comprometido al envío de aviones, vehículos blindados, misiles antibuque terrestres, entre otros. Sin embargo, el fin de la guerra en el corto plazo no parece ser un escenario probable para la Organización. En este sentido, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, planteó que los aliados y Ucrania deben prepararse para un conflicto que puede durar incluso años. 

Suspensión en el Consejo de Derechos Humanos 

El 7 de abril, luego de la votación de la Asamblea General de las Nacionales Unidas, se suspendieron los derechos de membresía de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos. Esta decisión se basa en los abusos graves y sistemáticos de derechos humanos por parte del Kremlin y obtuvo el apoyo de 93 países. Por su parte, 24 votos fueron negativos y hubo 58 abstenciones.

Diplomáticos de Rusia han expresado su disconformidad con lo acontecido, reafirmando que los soldados rusos no han cometido violaciones de los derechos humanos contra los civiles ucranianos y denunciando que esta decisión es en realidad política. 

Este órgano fue creado en 2006 y está compuesto por 47 países elegidos por mandatos de tres años. Desde entonces, es la segunda vez en la historia que se suspende a la membrecía a un Estado -la primera fue a Libia en 2011-. 

Esta decisión contribuye “al creciente aislamiento diplomático de Rusia y negándole la oportunidad de defender sus actividades en Ucrania como miembro del consejo de derechos” (Lynch, 2022). 

Más allá de que la votación se haya llevado a cabo sin una investigación que respalda las acusaciones, el próximo paso en el marco de las Naciones Unidas, es continuar con sus tareas de documentación sobre las acciones, abusos y crímenes cometidos por las fuerzas rusas en el territorio ucraniano.

Referencias: 

ISW. (2022, abril). RUSSIAN OFFENSIVE CAMPAIGN ASSESSMENT, APRIL 7. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-7

Lynch, C. (2022, 7 abril). U.N. General Assembly Suspends Russia’s Membership in Human Rights Council. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2022/04/07/united-nations-russia-human-rights-council/

WorldCrunch. (2022, 8 abril). Bucha Happened: Testimony Of A Siege, Witnesses To A Massacre. https://worldcrunch.com/world-affairs/bucha-evidence-war-crimes

CFR. (2022, 5 abril). Can Russia Be Held Accountable for War Crimes in Ukraine? Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/article/can-russia-be-held-accountable-war-crimes-ukraine