¿De qué se trata el Tech New Deal?

Una mirada introductoria

Es indudable que los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) rebasaron las fronteras de lo imaginado y en el presente cada vez resuena con más necesidad el debate en torno los marcos de su regulación. En el 2019 se cumplieron “30 años World Wide Web”, celebración que significó un marco dichoso para repensar las consideraciones que los precursores de este hito tuvieron en mente en el siglo pasado. Difícilmente hayan visualizado la inmensa red en la que se convirtió en tan solo una treintena de años. 

Hoy en día, nos encontramos rodeados de herramientas digitales que son parte de nuestra cotidianeidad y que, queramos o no, actúan sobre nosotros designando una posición como actores parte del ecosistema digital. Y, como tales, se han posicionado como una dimensión más de la política. En ese sentido, todo conduce a la certeza de que la neutralidad frente a ello no parece ser una condición factible. Por lo cual, el interrogante que surge es si la magnificación de la era digital convoca a un llamado que resulte en un pacto democrático entre los diferentes actores intervinientes, visto y considerando que novedosos riesgos y amenazas han surgido también.

De este modo, el presente artículo enfoca su desarrollo en la instalación en la agenda – tanto de la difusa política fronteras adentro como en la comunidad internacional – de la necesidad de llevar adelante un nuevo pacto digital (“Tech New Deal”), en vistas del devenir cada vez más digitalizado. A este respecto, se volvió imperioso repensar el ecosistema digital y enfrentarlo de manera colaborativa.

Para ello, el grueso de este desarrollo toma como referencia lo elaborado por la guatemalteca Renata Ávila, abogada internacional y defensora de los derechos digitales. Renata se especializó en propiedad intelectual y tecnología. Además, su trabajo versa centralmente en la intersección entre comercio digital, información, derechos humanos, cambios tecnológicos y las disparidades de poder entre el Sur y el Norte globales.

Además de ser parte del consejo de directores de Creative Commons, consejera de la Courage Foundation y miembro de la junta consultiva de Diem25, en su labor en el campo de derechos e internet se encuentra llevando adelante una campaña global para mantener los derechos humanos en la era digital en más de sesenta y cinco países con Sir Tim Berners-Lee, el inventor de la World Wide Web.

Examinando el escenario digital

En las décadas pasadas, promediando la segunda mitad del siglo XX, los avances tecnológicos fueron considerados como precursores del bienestar social. En ello estaba incluido las promesas de generar un conocimiento accesible y la democratización del conocimiento. Sin embargo, a medida que fueron adquiriendo difusión las plataformas de redes sociales, las herramientas digitales se fueron conformando como mecanismos disruptivos en la comunidad global. Ello devino en una cooptación por parte de los gigantes tecnológicos de la interoperabilidad y la libertad de expresión.

Punto y aparte, es necesaria una mención a la “interoperabilidad”. Esta se configuró como la piedra angular del desarrollo de internet y las herramientas digitales, conforme a que se tenía depositado sobre esta dimensión no sólo amplificar la oferta de contenidos que renueven el atractivo de forma permanente, sino además ser un fusible que permita evitar cuellos de botella e incertidumbres.

De esta manera, bien podríamos sintetizar muy escuetamente que uno de los grandes beneficios es mejorar la capacidad de interacción de todo el mundo. Ahora bien, también se puede mencionar como una de sus contras que las herramientas digitales se han erigido como medios de explotación de datos personales. En otras palabras, se convirtió en la generación de un poder de vigilancia y de concentración de los datos personales reunidos tanto por mecanismos públicos como privados.

Un factor adicional que se inserta en la pugna tecnológica tiene que ver con el hecho de que las plataformas han tenido como consecuencia moldear, de forma incremental, el comportamiento ciudadano. En definitiva, los factores aludidos, cumpliendo en mencionar que existen otros, desembocan en una alteración de la ilusión de la tecnología como destinada a compartir

Aquí se da una situación peculiar, a partir de la cual se produce un “cementerio de la tecnología vieja”, cuyo seno, con sus primeros recursos y valores impartidos tuvo a la primera generación civil conectada a internet. En aquel entonces, hace algunas décadas, la promesa de la creación y las posibilidades no estaba todavía sopesada por el surgimiento de los gigantes tecnológicos. Además, un punto no menor es que el interés principal estaba concentrado en el “internet militar” y el “e-commerce”, no así en la naturaleza del lucro.

Sin embargo, la incipiente ruptura de la promesa de la internet como posibilidad fue tomando forma a partir de la migración de la computadora hacia el teléfono móvil. Una mirada simplificada pero no desacertada de este transcurrir que nos acompañó durante los últimos 25 años trajo aparejada la concentración de poder y la reducción de la libertad de las personas. En esto último radica que las posibilidades se hayan acotado.

Por lo que, la sociedad se encuentra inserta en una paradoja. Ésta se trata de que al mismo tiempo que se aprovecha la enorme potencialidad de las TICS, también nos vemos en la responsabilidad y compromiso de estar en guardia para su uso, así como el uso de las redes sociales. De modo tal que este escenario, que ha generado un fuerte arraigo del mundo digitalizado de forma desigual, no puede prescindir de nuevos derechos comunes.

¿Es un callejón sin retroceso esta nueva forma de “colonialismo de sujetos”? Un indicio de para contextualizar este interrogante versa en los intereses que sostienen tanto las grandes empresas como las grandes potencias económicas. Ello conjuga el sector público y el sector privado en una dinámica que lejos está de priorizar las preocupaciones de la ciudadanía o siquiera alentar el mejoramiento de la calidad de vida. Su amparo subyace de tres elementos centrales, ciertamente interconectados: recursos, arquitectura legal y capital financiero.

Ahora bien, a lo mencionado se le suma otro factor adicional mencionado por Renata Ávila. ¿Existe cierta resignación digital en la ciudadanía? De esto se trata encauzar el devenir de los cambios tecnológicos como inevitables y, consecuentemente, posicionarse de forma inocua. En otras palabras, se podría aludir a una aparente posición de (des) empoderamiento en relación a la era que transcurre. Para ejemplificar el argumento se puede aludir a la ya mencionada irrupción del teléfono celular, sobre el que se ampliará a continuación.

El ¿libre? albedrío sobre el uso de la telefonía celular 

El año que viene se cumplirán 40 años del lanzamiento del primer teléfono celular portátil en el mundo. En el transcurso de los años, circularon una buena cantidad de equipos con mayor o menor popularidad, que hicieron de esta revolución digital una puerta hacia la incorporación de funcionalidades y características distintivas. ¿A qué hemos llegado en la actualidad? Renata Ávila alude, en su entrevista para Cartagena Piensa, a que nos insertamos en un duopolio de mercado de aplicaciones (Apple y Android), que se convirtieron en los árbitros de la navegación de toda persona que posea un dispositivo celular.

A ello se le suma el desarrollo de una vigilancia permanente y la recolección de información personal y transaccional que, prácticamente, nos deja sin posibilidad de romper con la dinámica impuesta desde las aplicaciones digitales. Motivo por el cual, sentencia Renata, “las suscripciones y el acceso a los diversos contenidos nos exige a cambio ceder parte de la información personal, lo que termina por generar una disminución de los derechos.”

En línea con lo mencionado, del ejercicio de relacionamiento con la tecnología, construido de manera colectiva, se desprende un ecosistema que, en palabras de Renata Ávila, “no nos pertenece”. Esto se explica a partir de que la función social de las redes sociales se encuentra en manos de un puñado de actores (públicos y privados) que, poco a poco, se convierten en “déspotas digitales”, direccionando el desarrollo tecnológico hacia una tendencia homogeneizante en el que primen sus intereses.

Entonces, la abogada guatemalteca hace referencia a que “la conexión global está rota” y, para ello, recurre a un ejemplo gráfico: WhatsApp. Sin dudas, ocupando el top 5 de las aplicaciones más descargadas en el año 2021, vale la pena considerar que sobre ella se toman decisiones de forma arbitraria, tales como las que se tomaron en las últimas semanas de diciembre pasado. No obstante lo cual, hay países así como regiones que se han puesto a la vanguardia de las políticas para establecer regulaciones al mundo digital.

Europa es un ejemplo en los pasos dados en esta dirección, pretendiendo revertir este sistema cooptado. En el 2018 se volvió cumplimiento obligatorio la “Ley de Protección de Datos” (entró en vigor en 2016), una normativa que tiene impacto en todas las empresas que manipulen datos de ciudadanos europeos, independientemente de su procedencia. Esta nueva ley no sólo habilitó una serie de multas al incumplimiento de las empresas, sino que también imparte una serie de derechos y obligaciones para los ciudadanos europeos. Antes de esta normativa regía la Ley Orgánica de Protección de Datos.

En el 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea propició un nuevo paso en el camino hacia el control del escenario digital, estableciendo para todo el bloque comunitario la “neutralidad de la red”. ¿De qué se trata? Es una sentencia que se apoya en el principio de igualdad de trato y acceso a los contenidos y su implicancia más sustancial es que las redes deben estar abiertas a la libre circulación entre los usuarios. Ello impacta en los proveedores de servicios de internet, conocidos como Big Tech, quienes tienen el deber de garantizar dicho acceso e interconexión.

Ello deja como corolario que las instancias de decisión sobre la protección de datos y las políticas de seguridad con respecto al ecosistema digital vienen ocupando un lugar en la agenda. Empero, los estándares se deben hacer extensivos a la totalidad de la comunidad internacional.

El plano geopolítico 

Renata Ávila se ocupa del interrogante ¿Cuáles son los vehículos políticos que acompañan la digitalización global?, para el cual destaca, por un lado, la confrontación entre China y los Estados Unidos por acrecentar sus recursos y sus áreas de influencia. Cierto es que la carrera por el despliegue y liderazgo del 5G como tecnología revolucionaria y evolutiva se ha vuelto elemental entre los proyectos de ambos países.

Pero también cumple en retomar a Europa como modelo de regulación ya en vigencia. De todos modos, esta última no puede descartar que debe seguir la lógica de competencia entre las potencias globales. Dicha lógica se enmarca en el futuro digital, pero además porque se ha ido sembrando la imposibilidad de caminar sobre una vía alternativa a la dispuesta por los imperios tecnológicos.

A lo mencionado se le añade un punto de suma importancia en el desarrollo, que tiene que ver con el colonialismo digital. Su mención se vincula con la construcción de un poder imperial que se hace posible a través de las nuevas normas, diseños, lenguajes y culturas que se condigan con sus intereses. En otras palabras, lo que antes se servía de activos estratégicos como las rutas de comercio, hoy en día se controla por medio de datos y de la propiedad de potencia computacional. Y, por supuesto, este mecanismo cuenta con la colaboración activa de los gobiernos más poderosos del mundo.

Dos interrogantes surgen del párrafo precedente: ¿Por qué es posible la configuración del imperio tecnológico? Y, ¿Se trata de la primera de más colonizaciones venideras? Una respuesta tentativa a la primera pregunta radica en que la tecnología en sí tiene un impacto de manera desigual entre los países del mundo. Ello se podría graficar claramente con las asimetrías de poder que rigen el Sur y el Norte Global. La infraestructura digital se inserta dentro de un paradigma de interdependencia asimétrica en el cual se obstaculizan las proyecciones de la innovación digital local.

Los países en desarrollo tienen como norma la austeridad y, bajo ese escenario, se hace visible la desigualdad digital. Además, otras dimensiones que se pueden añadir para graficar la desigualdad son las brechas en la educación y la investigación, que “llevarán a una absoluta dependencia tecnológica” (Ávila Pinto, R. 2018).

El segundo interrogante nos sitúa ante una realidad en la que el sector privado, centralmente las corporaciones tecnológicas, pero también compañías de otros rubros (farmacéuticas y petroleras) se erigen con recursos de poder de escala nacional. El punto estriba en que este dominio ocasiona una amenaza para los países desarrollados, sus industrias y el sistema democrático. Al jactarse de propiciar la cúspide de desarrollo intelectual, su modelo de irrupción es total. Y, por otra parte, se suma la articulación entre los gobiernos y las empresas, que en reiteradas instancias se generan displicencias en sus preocupaciones o intereses.

Pero la preocupación no sólo impacta en los países desarrollados y en los que se encuentran en vías de conexión, sino que representa además un tema en agenda difícil de omitir para los gobiernos de medianos ingresos. Estos “se están comprometiendo activamente con las empresas para asistirlas en la supresión de ciertas formas de discurso que consideran una amenaza para la seguridad de sus países.” (Ávila Pinto, 2018). 

Por otra parte, hay una realidad que atenta contra la seguridad nacional y tiene que ver con los reiterados casos de ataques a los sistemas gubernamentales, lo que ata a las naciones del mundo a disponer si o si de una infraestructura tecnológica provista por empresas monopólicas de dichos servicios. Es un hecho que la industria tecnológica ha rebasado las fronteras de las actividades de las diferentes áreas de gobierno. Sin embargo, el mercado para sentar las bases de la construcción de bases está dominado por un puñado de corporaciones.

Algunas conclusiones

El cierre de la abogada Ávila tiene dos aseveraciones respecto a la era digital y sus requerimientos. En primer lugar, destaca que el tren de la competencia por la digitalización difícilmente genere una tercera vía. En segundo lugar, se debería revertir la concentración de poder, principalmente en las grandes corporaciones, pero también en ciertos cuerpos gubernamentales que se codean con el sector privado. Este estrechamiento no avista mejores condiciones para la democracia, por lo que se vuelve necesario combatir los imperios tecnológicos desde una tarea colaborativa.

Esta tarea colaborativa tiene que surgir de la complementación de dimensiones que promuevan la implementación de la educación digital, así como también se aspire a producir bienes sociales comunes digitales. Se podría decir que esta es la manera de que se inste a la posibilidad de la toma de decisiones de manera co-creada por los diferentes actores de la sociedad y, de allí, devenga un futuro digital democratizado.

Hay varios interrogantes que surgen, como por ejemplo, ¿Cuál es la salida a esta realidad? ¿Es posible la desobediencia digital? Una respuesta tentativa de la oriunda de Guatemala es que la reacción debe tener nicho en las prácticas que ejercemos como usuarios digitales y también como contribuyentes a su existencia. Dos menciones para graficar: la primera tiene su eje en la necesidad de promocionar y sostener a los desarrolladores locales, lo que puede volver plausible evitar caer en las empresas parte del imperio tecnológico.

La segunda mención nos encuadra dentro de la atención en los “términos y condiciones”, los cuales deberían tener mucha más consideración de los usuarios. Un sistema tan arbitrario como el que nos rige debe poder transitar su naturaleza hacia el enfoque en la ciudadanía y, para ello, es sustancial que los derechos como los conocemos se trasladen al ámbito digital.

A modo de conclusión, el “Tech New Deal” que promueva la autonomía digital y la innovación social debe tener como características la transversalidad, la generación desde lo local y también los recaudos de la agenda de las problemáticas que implica la avanzada de la era digital.

Referencias bibliográficas

  • Kwet, M. (2019). Digital colonialism: US empire and the new imperialism in the Global South. Race and Class Journal, 60(4).
  • Ávila Pinto, R. (2018). ¿Soberanía digital o colonialismo digital? Nuevas tensiones alrededor de la privacidad, la seguridad y las políticas nacionales. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos, 15(27).

Escrito por

Estudiante de Ciencia Política en la UBA. Vivo en Quilmes, apasionado por el deporte, la música y conocer cada rincón de este mundo. Caminando por la senda del Taekwondo y con la cabeza puesta en la realidad internacional.

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