Bolivia: investigaciones y denuncias públicas

De manera reciente, Rogelio Mayta, quien actualmente cumple el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, realizó una conferencia de prensa que generó un revuelo transfronterizo.

Comenzó expresando que había ciertos datos que para ellos son “indignantes” y mencionó al Plan Cóndor “salvando las diferencias históricas” para traer a colación lo sucedido en Bolivia en noviembre de 2019. Expresa de esta forma el alineamiento y la cooperación de algunos Estados para poder ayudar a que un proyecto que “rompía con el orden institucional” obtenga el poder. Es así que Mayta denuncia “en ese afán de colaborar”, al presidente de Ecuador, expresando que envió a Bolivia municiones para que se ejecute la represión policial y militar.

Sin embargo, eso no es todo según las declaraciones del funcionario. También menciona que el gobierno de Mauricio Macri aportó con equipamiento y material para la represión a las protestas sociales en 2019.

A su vez, denuncia al General de las Fuerzas Aéreas de ese entonces, Jorge Gonzalo Terceros Largo, y muestra a cámara una nota enviada el 13 de noviembre de 2019 dirigida a Normando Álvarez García, que en ese momento fue el embajador de Argentina en Bolivia (actualmente es Ministro de Trabajo en la provincia de Jujuy). En ese texto le agradece por la colaboración y mencionó lo que se recibieron: 40.000 cartuchos AT 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.

Dos días después de enviar la nota, es decir, el 15 de noviembre, ocurrió la masacre de Sacaba, en Cochabamba y unos días más tarde, el 19 del mismo mes, se produjo la masacre de Senkata, en El Alto – La paz. Estos sucesos están inmersos dentro de un contexto de protestas sociales luego de que Áñez asuma el poder.

Es importante resaltar que un grupo de Centros, Asociaciones y Redes (El Centro de Estudios Legales y Sociales; el Centro Europa-Tercer Mundo; la Asociación Pro Derechos Humanos; la Red Andina de Información y la Red Universitaria de DD. HH) han presentado a la Relatora de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU una denuncia sobre esas masacres. En ella, se expresa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó a los operativos represivos como “masacres” en las que el Estado habría incurrido en graves violaciones de derechos humanos haciendo uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública.

Repercusiones de las declaraciones de Mayta

Alberto Fernández le envió una carta al actual mandatario boliviano, Luis Arce, pidiendo disculpas y agregando una lectura sobre lo presuntamente sucedido “[…] desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días […]”.

Desde el espacio de Mauricio Macri, fue Patricia Bullrich la primera que manifestó a través de su cuenta de Facebook:

“Nuestro país colaboró con Bolivia enviando gendarmes para proteger la Embajada de Argentina en La Paz, en la que se encontraban miembros del gobierno de Evo Morales, incluido su Ministro del Interior, protegidos en nuestro territorio. Además, Gendarmería evacuó de un hotel a periodistas argentinos que estaban en peligro y a funcionarios del gobierno boliviano, y los acompañó hasta la frontera. Entraron a la Argentina por Salta, donde pidieron asilo. Todo esto fue público y se transmitió en directo por todos los medios; incluso la llegada de los gendarmes argentinos en un avión Hércules. Se hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente Fernández: se ayudó a los funcionarios de Evo Morales, se resguardó la Embajada. Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana.”

Mauricio Macri repudió la carta de Fernández el diez de julio, a través de sus redes sociales, en una nota breve en la cual sostiene “[…] Esta persecución de la que soy objeto es justamente un nuevo intento de desviar la atención del fracaso en el manejo de la pandemia, del fracaso económico y del fracaso de la gestión de las vacunas […]”. De esta forma, el ex presidente asume que el objetivo de la denuncia no fue el expresado.

Así también, como respuesta a lo expuesto por el presidente argentino, Bullrich publicó una carta en el día de ayer titulada “Dolor y vergüenza”, empleando exactamente las mismas palabras que usó el presidente Alberto Fernández en su carta dirigida a Luis Arce y dándole una connotación diferente. La presidenta del PRO citó algunos titulares de determinados portales de noticias y finalmente manifestó que es Sabrina Frederic quien debe rendir cuentas de lo sucedido.

Sin embargo, las declaraciones de la ex ministra no quedaron ahí, sino que también expresó en una entrevista “El Gobierno quiere involucrar a nuestro gobierno, pero Macri habló con Alberto para decirle que tenía ministros para sacar de Bolivia, estábamos en plena transición. Todo esto se hizo en conjunto con el gobierno que entraba, cuidamos de nuestra embajada, de nuestros periodistas, de las familias y ahora ¿nos quieren acusar?”

Sin lugar a dudas lo expuesto por Mayta tuvo un impacto significativo para el gobierno nacional argentino, tal es así que se presentó una denuncia penal, firmada por la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

La denuncia reside en “[…] el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el ex Presidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.

Desde el gobierno nacional no hay lugar a discusión si se trató o no de un golpe de Estado. Está bastante clara la forma en la que han tomado el asunto y, en consonancia con ello, va de la mano con la lucha histórica por la defensa de los Derechos Humanos.

De todas formas, las investigaciones siguen en curso, y julio parece ser el escenario donde todos los acontecimientos de esta relación entre Bolivia y Argentina tienen lugar. Recientemente fue negada la petición de Jeanine Áñez que busca que se pueda defender en libertad, por falta de una resolución sobre la ampliación de la detención preventiva.

¿Será este el momento de deshilar lo sucedido? Al parecer el panorama va atravesando diversos cambios ante cada nueva información.

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