Este fin de semana, Chile comenzó un proceso que marcará a fuego su corto, mediano y largo plazo. Se han llevado a cabo elecciones para alcaldes, concejales y gobernadores regionales (este último se votó por primera vez, ya que antes de la ley 21.073 era un cargo no electivo y que se otorgaba desde el Poder Ejecutivo). Además de esto, y quizás lo más relevante, se eligieron 155 convencionales constituyentes, responsables de dar a Chile una nueva Carta Magna. Por último, y como si esto fuese poco, en noviembre se elegirán presidente de la República, senadores y diputados nacionales. Todo esto, en lo que dura un ciclo lectivo escolar.
Haciendo un poco de historia sobre la coyuntura actual, es necesario retrotraerse, a corto plazo, a octubre de 2019, momento en donde comenzaron, por un aumento en el boleto del subte, las manifestaciones más grandes desde que el país regresó a la democracia en 1990, y a largo plazo hasta 1980, año de la sanción de la actual constitución. La sublevación social no tuvo que ver con un simple aumento del transporte, sino que esta fue la gota que rebalsó el vaso de una sociedad marcada por la desigualdad y la falta de acceso a derechos sociales que durante mucho tiempo fue tomada de ejemplar para las fuerzas liberales y conservadoras de la región. El slogan “No son 30 pesos, son 30 años” que se hizo popular durante las protestas, sirve bien para ilustrar esto. La opinión generalizada entre sus detractores es que la constitución actual que rige al país trasandino es la principal responsable de la estructura social y económica en la cual desarrolla su vida la sociedad chilena.
Miriam Henríquez Viñas (2020), década de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, en diálogo con BBC News, afirmó que “La constitución fue concebida originalmente con una democracia protegida de la irracionalidad del pueblo”. En palabras de Jaime Guzmán, uno de los principales cerebros del texto constitucional actual, “La Constitución debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría…” (Nueva Sociedad, 2020). La promoción mediante la Ley Fundamental del establecimiento de un Estado subsidiario hace que este tenga únicamente un papel de control y no intervención en lo que son las fuerzas del mercado, y deja en sus manos y a su consideración la gestión y usufructo de cuestiones elementales como lo son el acceso a la educación, a la salud y al sistema de seguridad social. En Chile, hasta el agua es un bien privado. Según datos de 2019, el 1% de la sociedad chilena acumulaba el 25% de la riqueza, mientras que el 10% se quedaba con el 66,5%. Sumado a esto, en los poco más de 20 años que llevamos de este nuevo milenio, el número de chilenos que cree que la distribución del ingreso es injusta en su país no ha bajado del 83%, según números de Latinobarómetro (2020).
Existen tensiones históricas y teóricas entre el constitucionalismo liberal y la democracia. En pocas palabras, el primero condiciona a la segunda, estableciéndole límites. En el caso chileno, por las propias características de la transición democrática y la estrategia de los sectores opositores al régimen, los límites que se le establecieron a la democracia chilena fueron muy altos en relación con la región, llegando a entender a Chile como una democracia tutelada militarmente (Acuña y Smulovitz, 1996). En uno de sus trabajos, Carlos Acuña y Catalina Smulovitz afirman que “la decisión de la oposición al aceptar encauzar sus acciones en los márgenes definidos por el régimen militar fue clave: definió la forma de salida chilena y condicionó el margen de acción del primer gobierno post dictatorial a la obtención de importantes y exigentes mayorías electorales”.
La concepción instrumental y procedimental de la democracia llevó a que las demandas de la democracia social fuesen dejadas completamente de lado y como proyección de un futuro incierto. Ese futuro, como podemos ver, nunca se materializó y provocó en gran medida el estallido social. Si bien históricos “controles” que se habían establecido para domesticar a los gobiernos democráticos, como los cargos vitalicios en el Senado, ya han sido eliminados, la esencia del texto constitucional sigue vigente. Hoy en día, acabar con aquella Carta Magna, viciada de nulidad según sus detractores por el contexto en el que se sancionó, es la gran demanda de la sociedad trasandina.
Dejando un poco de lado la historia y el contexto, entramos de lleno en los resultados. Primero, la Convención se constituye con 155 miembros, utilizando el mismo sistema para su elección que el que se utiliza para los diputados nacionales (un distrito tendrá tantos constituyentes como diputados nacionales).
Los partidos de la derecha chilena, unidos en la coalición Vamos por Chile, afín al presidente Piñera y que tiene a la Unión Democrática Independiente como principal exponente del conservadurismo pinochetista, fue la gran derrotada de la jornada ya que no obtuvo el tercio de representación necesario para hacer uso de su poder de veto y evitar transformaciones de corte radical, además de un magro desempeño en las elecciones de gobernadores.
Por su parte, las fuerzas de la izquierda fueron divididas. La Lista del Apruebo, que aglutinó a los partidos de la antigua Concertación, sufrió también lo que Piñera llamó en su discurso “la derrota de los partidos tradicionales”, quedando por detrás de la lista de Apruebo Dignidad. Esta representa un conjunto de partidos de izquierda, muchos ellos nacidos en la última década y desencantados con la Concertación y con su política muchas veces sostenedora del statu quo, y representaban la opción más radical en términos de transformaciones desde el sector partidario.
Por último, siendo los grandes ganadores de la jornada, hubo una emergencia importante de las candidaturas independientes, que se presentaron como autónomas a las fuerzas políticas constituidas, y que debieron juntar firmas como avales para participar en los diferentes distritos. Esto viene a consideración de la crisis de representación que sufren los partidos políticos, en especial las fuerzas tradicionales del siglo XX, y que ninguna fuerza partidaria fue capaz de capitalizar los descontentos y las movilizaciones que comenzaron en octubre del 2019. La Lista del Pueblo (que superó en votos a la Lista del Apruebo, toda una sorpresa), los Independientes por una Nueva Constitución y el conjunto de “Otros” para nombrar a las demás candidaturas independientes repartidas por todos los distritos, sumaron casi el 40% de los sufragios válidamente emitidos. Una cuestión a resaltar es el muy bajo nivel de participación que tuvo lugar, que apenas superó el 40% del padrón.
Es importante resaltar que los tratados internacionales que estén vigentes en la constitución actual no podrán ser anulados ni cambiados. Esto es lógico en relación con, por ejemplo, tratados sobre derechos humanos, pero esconde el cerrojo que se ha puesto sobre los tratados internacionales de libre comercio que ha firmado Chile con diferentes países. De aquí nace la idea de que la nueva constitución no se escribe sobre un papel completamente en blanco, sino que estará condicionado por diversos factores que pueden obstaculizar ciertas transformaciones, lo que constituyó un gran logro de los sectores conservadores en la negociación sobre cómo se iba a dar el trabajo de esta Asamblea. En este escenario, será de suma importancia la continuidad de la movilización social para ejercer presión sobre el órgano constituyente. Un hecho de gran importancia es que la Convención electa será el primer órgano de estas características en el mundo que tenga paridad de género, además de que reservó un cupo especial de 17 escaños (el 11%) a las comunidades indígenas, en un país que históricamente ha tenido políticas de negación y de ataque a esos pueblos. De esas 17 bancas, 7 son para el pueblo mapuche y se eligieron con un sistema proporcional en un distrito único nacional. La declaración de un Estado Plurinacional es una de sus demandas más importantes.
Lo de este fin de semana constituyó una derrota brutal tanto del gobierno como de los partidos tradicionales en general. A priori, la nueva constitución será escrita en Chile por fuerzas progresistas, de izquierda y de centro izquierda, sin que la derecha pueda bloquear ninguna propuesta por no haber alcanzado el tercio necesario de representación para hacer uso de su poder de veto. Habrá que estar atentos y atentas, por un lado, al rol que jueguen los independientes; de ellos dependerá en gran parte el nivel de radicalidad o conservadurismo de la próxima Carta Magna. Por otro lado, será interesante seguir como acomoda el tablero político nacional chileno luego de esta elección, tomando en cuenta que aún faltan los ballotages en la mayoría de las gobernaciones y que a fin de año se elige presidente, diputados y senadores. A priori, parecería que, en la discusión sobre la unidad de la izquierda de cara a los comicios de noviembre, los partidos de la lista Apruebo Dignidad, que tienen al intendente de Recoleta y miembro del Partido Comunista Daniel Jadue como uno de sus posibles candidatos, salen fortalecidos. La reconstrucción de la clase política chilena parece una necesidad imperante. Veremos en los próximos meses que tanto se pueden adaptar a los nuevos vientos que corren.
Bibliografía
Acuña, Carlos; Smulovitz, Catalina (1996): Ajustando las Fuerzas Armadas a la democracia: Las FF.AA. como actor político en la experiencia del Cono Sur. Cuadernos de Estudios Políticos. Ágora.
