La resolución judicial del conflicto entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires alrededor de la presencialidad escolar, iniciado tras el decreto de necesidad y urgencia publicado el último 15 de abril, llegó el último martes con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. De forma unánime, los 4 magistrados (Elena Highton no votó aduciendo que el tema no correspondía a una competencia originaria de la Corte) decidieron dar lugar al pedido de la Ciudad de Buenos Aires y declarar que “(…) en el caso concreto se violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El fallo, en sus 3 diferentes votos (los Jueces Maqueda y Rosatti votaron en conjunto), se articula alrededor de los siguientes ejes:
– La ratificación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y las atribuciones concurrentes: se reafirmó el carácter de CABA como “Ciudad Constitucional Federada” y se remarcó que el Estado Nacional sólo puede actuar en materia educativa de manera concurrente con las Provincias y la CABA.
– La judicialización: la Corte se reconoció incompetente a la hora de decidir sobre la conveniencia de medidas sanitarias a la vez que estableció que debe ser cada distrito el que decida sobre la aplicabilidad de las medidas.
– La falta de justificación: en el fallo se califican de insuficientes y conjeturales los argumentos esgrimidos a la hora de dictar una medida de carácter federal.
– La inviabilidad jurídica del “Área Metropolitana de Buenos Aires” (AMBA): se establece que su delimitación por parte del Estado Nacional no basta para sujetar la cuestión a la jurisdicción federal, siendo que el AMBA no constituye una “región” en términos constitucionales.
– El exceso del Gobierno Nacional: se reconoce la potestad para el dictado de medidas sanitarias, pero se considera un exceso en el ejercicio para el caso concreto.
– La aplicación a futuro: El fallo determina que no es necesario un análisis sobre la validez constitucional de la herramienta utilizada (Decreto de Necesidad y Urgencia) sino sobre lo dispuesto por el mismo. A su vez, y reconociendo la extemporaneidad del fallo, se determina que su finalidad es dar orientación jurídica a decisiones futuras.
Ahora bien, más allá del fallo concreto, resulta indispensable cuestionarse sobre las motivaciones de la judicialización del decreto presidencial; más precisamente, de la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de modificar su perfil y embarcarse en un conflicto directo con el gobierno nacional en un claro intento por posicionarse como la figura de mayor relevancia entre las filas opositoras.
El Jefe de Gobierno de la CABA encontró en la defensa de la presencialidad escolar una línea discursiva que le aportaba tres insumos capitalizables. En primer lugar, la gestión: a diferencia de la mayoría de las figuras de la oposición, Larreta efectivamente maneja un distrito y puede defender su discurso con acciones concretas. En segundo lugar, la nacionalización: si bien la suspensión de la presencialidad regía exclusivamente para el AMBA, la cuestión de la escolaridad resulta de extrema sensibilidad y preocupación en la opinión pública a nivel nacional, logrando que (tratamiento mediático mediante) el Jefe de Gobierno se proyecte como oposición más allá de las fronteras de la CABA. Por último, pero no menos importante, la superación del clivaje partidario: con el acatamiento parcial al DNU, la utilización de una cuestión de carácter “nacionalizable”, el énfasis en la postura dialoguista (el discurso oficial sostuvo que fue el gobierno nacional el que desestimó el diálogo) y la judicialización, Larreta intentó apartar la discusión de los ejes [Juntos por el Cambio = Presencialidad] y [Frente de Todos = Virtualidad] en búsqueda de aquellos sectores (principalmente del interior del país) que acuerdan con la vuelta a las aulas más allá de diferencias partidarias.
El éxito de la propuesta es relativo. Por un lado, Larreta logró reposicionarse (siempre desde su perfil de moderación) tras ser tildado, por miembros de su propio partido, de “colaborador” del gobierno nacional; al respecto es destacable el cruce directo de Patricia Bullrich a raíz del pase a la virtualidad para el nivel secundario de CABA. Sin embargo, el rival directo, tanto de oficialismo como de oposición, es, por estas horas, la propia Corte Suprema. El conflicto con el Ejecutivo Presidencial es claro y tiene larga data: el fallo fue criticado muy duramente por la Vicepresidenta y relativizado por el propio Presidente. Para el gobierno porteño, el fallo, aunque celebrable, tiene doble filo: lo avala en su reclamo, pero, a su vez, le delega la responsabilidad (y con ella los costos) de tomar sus propias decisiones a futuro, más allá de las directivas presidenciales.
