La noticia estalló el viernes al mediodía. Diferentes portales compartían la novedad: se le había solicitado la renuncia al Subsecretario de Energía, Federico Basualdo. A medida que la noticia tomaba dimensión, se supo su procedencia: el Ministro de Economía, Martín Guzmán, había solicitado la dimisión él mismo de Basualdo. Algunos medios le adosaron a quien encabeza la cartera de finanzas el ultimátum “es un funcionario que no funciona” a la hora de referirse al mencionado encargado del área energética. Estos dichos ya entran en la categoría de especulaciones que, sin embargo, merecen una radiografía.

El despido se daba en la víspera de un inminente aumento de tarifas. Ello, sumado a la afinidad que Basualdo sostiene con el kirchnerismo duro -y con la propia Cristina-, acrecentaron una supuesta dicotomía entre el mencionado y Guzmán: uno, por un lado, buscaba defender a la clase media y baja de un aumento en el servicio eléctrico en plena segunda ola y restricciones. Enfrente estaba Guzmán, un outsider a la política doméstica buscando arribar al equilibrio fiscal a toda costa, quizás incluso pecando de priorizar las buenas migas con el Fondo Monetario Internacional antes que la propia estabilidad de su gente.

Esta mirada es, por supuesto, extremista. Es cierto que Basualdo tiene un historial de cercanía con la rama cristinista de la coalición de gobierno. También lo es que se ha mostrado, en diferentes reportajes, en contra de articular un aumento que supere a la inflación, además de exhibirse reacio a elevar uno de dos dígitos. Sostener el congelamiento de tarifas implicaba la continuación del gasto estatal en subsidios en el área energética justamente para no aumentar impuestos. Es válido sostener que, en todo caso, las urgencias económicas deberían recaer sobre el oligopolio de energía eléctrica que presenta nuestro país, aunque, claro, ir en contra de dicho poder establecido exige un tiempo, capital y paciencia que, en tiempos pandémicos, escasea.

De repente, la postura de Martín Guzmán no parece tan extraña e, incluso, antipopular: descongelar las tarifas, cierto, pero permitiendo que ese dinero que no va a subsidios a las compañías energéticas, pueda el Estado direccionarlo a ayudas sociales, más aún con el incremento de la población vulnerable debido al impacto de  pandemia. De continuar los subsidios, la emisión monetaria no cesa, la inflación crece y lo que el usuario ahorra en la tarifa, se le licúa a la hora de llenar el changuito.

¿Estamos ante aquel asunto de la manta corta? Quizás, pero la coordinación entre Energía y Economía para justamente contrarrestar el eventual aumento se basaba en plasmar una elevación de tarifas de forma segmentada: que pagaran más quiénes más pudieran. Atenuar cómo la suba afectaría a las clases bajas y articular una política de corte algo similar a la que el cuerpo legislativo vitoreó a comienzos de esta semana: el impuesto extraordinario a grandes fortunas, el 80% de los alcanzados que lo abonó y los 223.000 millones recaudados mediante él.

Para ello, Guzmán solicitó una base: el estudio socioeconómico necesario para establecer los parámetros de aquel aumento segmentado. El círculo cercano al ministro deslizó que aquel análisis jamás fue concretado, despertando la furia del economista y advirtiendo al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y al presidente de la Nación, Alberto Fernández, del cortocircuito, entre sus filas y la de la Subsecretaría de Energía.

Entre medio, un empoderamiento excesivo, un optimismo desmedido y una prensa que rápidamente hizo eco del accionar de Guzmán -quizás una combinación de estos hechos, o quizás con uno solo alcanzaba- que descompusieron la táctica del ministro de pedir la dimisión del subsecretario y ralentizaron la salida de Basualdo, la cual, supuestamente, se pateó para más adelante.  Mientras, cotizaron en alza los debates y rebates entre las supuestas enemistades dentro de la coalición, con diferentes grados de extremismo según el medio que escuchemos.

Si nadamos contracorriente -esto es, dejando de lado la excesiva especulación que rodea el affaire Guzmán/Basualdo- nos encontramos con los hechos que más afectan a quienes, a fin y a cabo, afrontaran el aumento: las tarifas, en efecto, subieron un 9% en el AMBA (dato no menor que por un solo número no se llegó a los dos dígitos); ¿es una victoria del subsecretario o del ministro? Nos quedaríamos bastante cortos viéndolo así, pero no podemos dejar de lado en este escenario el hecho de que Edesur y Edenor habían solicitado, a principio de año, aumentos de hasta un 45% en las tarifas.

Este no es un final triste, mucho menos un final feliz: simplemente porque no es un final.