Presidentes, París y PBI

Washington D.C., 5 de enero del 2021. Joe Biden no desperdicia su primer día en la Oficina Oval: firma 17 órdenes ejecutivas, con el fin de revertir parte de las políticas heredadas de la administración Trump. El hecho de que estas órdenes hayan sido promulgadas en el día 1 les otorga un carácter prioritario; definen la agenda a seguir. Entre ellas, se encuentra el reingreso de los EEUU al Acuerdo de París. La reinserción del país en los marcos definidos por la ONU señala el regreso de la crisis medioambiental a la discusión política de aquella nación, al mismo tiempo que le da un necesario impulso a la lucha transversal contra el cambio climático.

El acuerdo, redactado en el 2015 y vigente desde 2020, es el único mecanismo supranacional para el abordaje coordinado del cambio climático. Establece una meta razonable: contener el aumento global de la temperatura por debajo de los 2°C (o en el mejor escenario, 1.5°C), mitigando las emisiones de GEIs (gases de efecto invernadero) y promoviendo la adaptación al cambio climático mediante la inversión en nuevas tecnologías. Aunque la primera evaluación conjunta entre los países miembros será en 2023, varios estudios demuestran que los esfuerzos no están siendo suficientes. Según el Climate Action Tracker de las ONGs alemanas New Climate Institute y Climate Analytics, si el mundo continuara con sus proyecciones de emisiones actuales (teniendo en cuenta planes y metas), estaríamos en camino a un aumento de 2.9°C por sobre los niveles preindustriales. Incluso las proyecciones más optimistas apuntan a un aumento aproximado de 2.1°C, apenas por encima del máximo acordado. Es decir que nos estaríamos aproximando a un verdadero colapso ecológico y social, a menos que se tomen decisiones contundentes.

¿Qué es lo que está fallando? Hay muchos factores interconectados que podrían explicar esta preocupante situación, por lo que es necesario sintetizar algunos para obtener un panorama introductorio del asunto.

  • El problema de las NDCs. Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs, por sus siglas en inglés) representan los compromisos de emisiones que cada país debe informar periódicamente en las Naciones Unidas. Se suponía que la autodeterminación en los objetivos haría que cada nación adopte la estrategia más eficiente para reducir sus emisiones, pero los esfuerzos individuales no son lo suficientemente ambiciosos. Por ejemplo, el ranking de acción climática Climate Change Performance Index deliberadamente deja sus primeros tres puestos en blanco, señalando que hasta los países más avanzados en este campo no actúan con suficiente urgencia y decisión. Es inimaginable pensar en un futuro debajo de los 2°C si la agenda ambiental es siempre dejada de lado por el poder de turno. Además, la inexistencia de una presión legal real permite una constante inacción climática sin penalidad alguna.
  • Transición energética vs. combustibles fósiles. Uno de los pilares de la descarbonización implica adoptar fuentes de energía renovables y menos contaminantes. Sin embargo, a pesar de la creciente inversión en nuevas tecnologías verdes, carbón, gas y petróleo continúan representando más del 80% de la matriz energética global. Por otro lado, la industria de combustibles fósiles recibe alrededor de U$D 5,2 billones por año en subsidios, equivalente al 6,5% de la economía mundial. Existe una necesidad de replantearse si los beneficios actuales eclipsan los costos que estas actividades extractivas suponen a futuro. Este enorme obstáculo debe ser resuelto lo antes posible para que las metas climáticas sean viables, lo que implica superar un conflicto de intereses entre gobiernos y lobbies del sector, actores que en algunos países mantienen una estrecha relación comercial.
  • Crecimiento infinito en un planeta finito. Desde antaño conocemos que el crecimiento económico viene atado a un mayor uso de recursos, y recientes investigaciones demuestran que lograr un desacople material del crecimiento es una meta prácticamente inalcanzable. Si analizamos la producción global, la supuesta etapa posindustrial que ciertos países proyectan no es más que un outsourcing de la producción a otros menos desarrollados. Entender el progreso humano como el aumento de la producción total nos lleva a consumir más recursos y producir más desechos año tras año, ignorando otros aspectos del desarrollo como la inclusión social. Las consecuencias de esto ya se pueden sentir: pandemias como la de COVID-19 o incendios forestales consecutivos tanto en el Amazonas como en Australia o California.

Seguir subestimando la urgencia del cambio climático pondría en riesgo la supervivencia de nuestra sociedad como la conocemos. No por nada la comunidad científica advierte de una extinción sin precedentes. Es imperante actuar teniendo en cuenta los factores listados para tener una chance real de cumplir las metas consensuadas en París. 

Una buena ocasión para lograr un consenso general es la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) a celebrarse en Glasgow en noviembre. La economía mundial parece haber tocado fondo ya, y los masivos operativos de vacunación posibilitan pensar en una parcial vuelta a la vida pre-pandémica con su consecuente recuperación económica. En este contexto, es un momento ideal para que los gobiernos se detengan a evaluar si las trayectorias de crecimiento previas a la pandemia eran las óptimas en un principio, y otorguen espacio a las propuestas y reclamos de las organizaciones ambientales.

Generar un marco más estricto que el acordado en París, en donde las NDCs sean vinculantes y con poder legal, podría aumentar las presiones en los Estados para dibujar planes de reconstrucción verdes y ambiciosos. Este tipo de propuestas, como el Green New Deal estadounidense o europeo, ya forman parte del debate político internacional. Por ejemplo, con los subsidios destinados a la extracción de combustibles fósiles, activos que han llegado a poseer valores negativos en el año previo, se podría incentivar una sólida transición energética creando millones de puestos de trabajo destinados a garantizar un futuro sustentable. Por otro lado, países como Nueva Zelanda, Islandia y Escocia pueden ofrecer al resto de los países un camino a seguir en cuanto a la medición de la prosperidad humana. Estas naciones han desarrollado índices y presupuestos desligados del crecimiento económico agregado teniendo en cuenta factores directamente relacionados al bienestar, como la igualdad de género, la salud física y mental y el balance trabajo-ocio; todo esto teniendo en cuenta la urgencia del recorte de emisiones. La formación de una conciencia ambiental colectiva no es tarea fácil, pero sin duda se puede observar un progreso en los años recientes. Sean activistas jóvenes en redes sociales o partidos políticos con notable presencia en los parlamentos, la discusión medioambiental se encuentra cada vez más presente en nuestra cotidianeidad. Por ejemplo, a principios de febrero el Tribunal Administrativo de París condenó al Estado francés por inacción climática, citando que los esfuerzos de reducción de emisiones no eran suficientes. Recursos y caminos para la acción no faltan, sino que está en manos de las autoridades adoptar estrategias para garantizar un futuro por debajo de los 2°C, con los posibles beneficios que estas políticas podrían aportar a diversos ámbitos. El tiempo es un bien escaso, por lo que el momento para actuar es ahora.

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