El martes pasado aconteció un fenómeno atípico: la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (la bicameral) ha decidido hacer público un informe sobre la investigación que se realizó a lo largo de 11 meses sobre producción de inteligencia política en el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y, más particularmente, en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo superior del SIN. En este informe se denuncia que la AFI realizó espionaje ilegal sobre aproximadamente 354 personas y 171 organizaciones sociales y partidos políticos. Dentro de los investigados se encuentran personas afines al gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, entre los que destacan Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Emilio Monzó; como también a opositores, siendo el caso que más resonancia tuvo el espionaje ilegal sobre el Instituto Patria.

Dentro del poder legislativo, la bicameral es la responsable de controlar y revisar la actuación de los organismos de inteligencia nacional, de forma tal de no solo garantiza su eficiencia, sino también el apego a las normas y a los derechos individuales. Esto es particularmente conflictivo en una actividad como la inteligencia, donde prima el secreto invocándose a la defensa nacional y la seguridad interior. Por este motivo, vigilar la aplicación del reglamento y el acatamiento a los límites de la actividad es fundamental. De este modo, cuando información relacionada a inteligencia toma carácter público, suele estar relacionada a la aparición de irregularidades de gran nivel.

El 20 de mayo de 2020 la bicameral tomó declaración al ex secretario de asuntos internacionales de la Defensa durante las gestiones de Julio Martínez y Oscar Aguad, José Luís Vila. Él denunciaba ser víctima de amenazas para que dejara el puesto que ocupaba desde 2018, llegando a colocarse una bomba sin activar en un edificio donde vivió tiempo atrás. Vila dijo que la AFI era la responsable, por conocimiento de que en la cúpula del organismo (integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani) estaban particularmente interesados en su renuncia y, además, por la confesión de un integrante de una banda narco que reconoció haber sido pagado por un agente de inteligencia para colocar el explosivo.

A raíz de esta denuncia, se conformó en la bicameral una subcomisión de espionaje ilegal para investigarla. A través del acceso a datos de la AFI, contrastándolos con información recabada de los juzgados y cámaras federales y entrevistando tanto a víctimas del espionaje ilegal como a miembros del SIN, se llegó a la redacción de un informe técnico que todos los miembros de la bicameral apoyan. Sin embargo, hay fuertes diferencias internas entre el oficialismo y la oposición, lo que llevó a la elaboración de dos dictámenes.

Por un lado, el dictamen de mayoría, que es el que acompaña el oficialismo. Éste plantea que hubo un plan sistemático para montar una estructurar ilegal de espionaje con fines políticos, con la que ese llevó adelante una persecución política “de matriz mafiosa”. Así, se pone como líder de esta supuesta asociación ilícita al ex presidente Mauricio Macri, y se acusa a la par a medios de comunicación hegemónicos y al poder judicial de ser parte de esta matriz. En este texto se plantea que, más allá de las sanciones penales que deben darse, debería haber una sanción política. Por último, proponen la creación en el Congreso de una Comisión Bicameral con el objetivo específico de examinar “vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho”.

Por otra parte, el dictamen de minoría, que firmaron cuatro legisladores de la oposición, plantea que los que acompañaron el dictamen de mayorías están desencadenando una persecución política contra el gobierno anterior, a partir de cómo han direccionado la investigación (si bien reconocen el informe técnico de la misma). Así, según ellos, transformaron la bicameral en una usina de producción de pruebas para las investigaciones del Poder Judicial, desviándose de las funciones del organismo. Además, alegan que las declaraciones que tomaron no tienen validez legal. Así, plantean que la investigación no reúne las condiciones de legalidad exigidas y no se puede dictaminar sobre la cuestión objeto de la misma.

En síntesis, se puede ver que la “grieta” también atraviesa el funcionamiento de la bicameral, principal responsable de controlar la inteligencia argentina, y pareciera empañar una investigación sobre un asunto preocupante y sobre el cual ya hay suficientes pruebas en los distintos juzgados federales. Ambas fuerzas se apoyan en la voluntad de su adversario de realizar persecuciones políticas, y así una pieza clave en el sistema de pesos y contrapesos institucionales de la materia más discrecional y secreta que lleva adelante el Estado pareciera correr peligro en su labor. El tiempo dirá si las dos fuerzas políticas son capaces de asumir sus diferencias y trabajar en conjunto para estar a la altura de la situación.