La Corte Penal Internacional (CPI) ha puesto la atención nuevamente en Venezuela. El organismo ha dado a conocer sus investigaciones preliminares acerca de los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en la nación bolivariana, que podrían llevar a juicio a los responsables de los mismos. ¿Qué dice este informe? ¿Cómo se llevaría adelante el proceso judicial? ¿Qué se puede esperar del mismo? Estas son algunas de las preguntas que se tratará de responder a continuación. 

La Fiscalía viene realizando análisis preliminares de la situación en Venezuela desde el 8 de febrero de 2018. Además, recibió una remisión por parte de algunos Estados miembros  del Estatuto de Roma (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) el 27 de septiembre de 2018 solicitando a la Fiscal que inicie una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad a manos del gobierno venezolano desde el año 2014. Otros organismos como la Organización de Estados Americanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas han presentado denuncias reiteradamente.

El Informe Anual de Actividades de Exámenes Preliminares de la CPI a cargo de la fiscal Fatou Bensouda publicado recientemente sostiene que “existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”. 

Este informe sostiene que se enfocará en un subgrupo dentro de los presuntos crímenes cometidos, estos son, los relacionados al tratamiento de personas en detención en Venezuela, dado que la Fiscalía tiene a su disposición información detallada y confiable al respecto de los mismos. Esto no descarta que a futuro se investiguen otros crímenes cometidos que serían también competencia de la CPI. 

Según el informe:

“al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”. (CPI, 2020).

De este modo, se explica que los crímenes cometidos involucrarían una serie de violaciones graves contra los derechos de personas detenidas, entre los que se encontrarían la tortura, la violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. 

Estos crímenes habrían sido cometidos por distintos miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas e individuos a favor del gobierno en conjunto o con la aprobación de las fuerzas. Entre las fuerzas presuntamente responsables se encuentran: la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Fuerza de Acciones Especiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

La presentación de este informe, sin embargo, no conlleva ninguna denuncia formal contra ninguna persona u organización. El proceso judicial de la CPI consta de una serie de pasos que deberán ser seguidos para llevar adelante una denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

La fiscal Bensouda espera dar por finalizadas las investigaciones preliminares para mediados del año próximo. Una vez concluidas, deberá presentarlas a la Sala de Cuestiones Preliminares solicitando que se inicie una investigación formal. Allí se recabarán pruebas, se investigará a los sospechosos, se tomarán testimonios y se interrogará a los sospechosos. Luego, debe realizarse una audiencia para presentar cargos contra los sospechosos que se decida imputar y entregar allí las pruebas. Recién cuando la Sala de Cuestiones Preliminares confirma los cargos puede comenzarse el proceso de enjuiciamiento contra los acusados, que concluirá con un fallo de la Sala de Primera Instancia de la CPI. 

Lamentablemente, los procesos judiciales suelen ser largos, por lo que no es esperable una resolución pronta de esta cuestión. La CPI ha sido muy cuestionada por este motivo  y la Fiscal Bensouda fuertemente criticada por su accionar en relación a la situación venezolana y su lentitud a la hora de proceder. Según Walter Márquez, presidente de la ONG El Amparo de tus Derechos y representante del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela,  “ha habido omisión, negligencia y una cantidad de circunstancias que hacen pensar que hay un retardo doloso del proceso” que debería ser sancionado. 

Tras años de crisis, denuncias internacionales y protestas por parte de los ciudadanos, se hace necesario dar respuesta a esta situación tan aberrante para el pueblo venezolano en general y las familias de las víctimas de violencia estatal. Si bien un fallo de la CPI no puede generar cambios de raíz en un sistema que necesita modificarse en su propio seno; encontrar, enjuiciar y condenar a los criminales es tarea de este organismo y no debería detenerse hasta lograrlo. 

Es necesario exigir justicia en Venezuela. En palabras de Simón Bolívar: “la Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la Igualdad y la Libertad”.