En la República Democrática del Congo (RDC), la riqueza de su subsuelo, clave para la tecnología global, convive con una violencia sostenida que atraviesa la vida cotidiana de la población civil. La creciente demanda internacional de minerales como el coltán o el litio ha profundizado la disputa por el control de los territorios, en especial en el este del país, donde los conflictos armados se traducen en abusos, desplazamientos forzados y graves violaciones a los derechos humanos. En este escenario, los intereses económicos y geopolíticos alimentan la inestabilidad, mientras la población queda atrapada en un modelo extractivo que la reduce a víctima permanente del conflicto.
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La transición energética y sus implicancias estructurales
En este mismo marco de disputa por los minerales estratégicos, el litio se ha incorporado en los últimos años como un recurso clave dentro de la transición energética global. Su creciente demanda, impulsada por la producción de baterías para dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos, no modifica la lógica estructural del conflicto, sino que la refuerza. La competencia por recursos considerados indispensables para el futuro tecnológico reproduce dinámicas extractivas ya presentes en el caso del coltán, el estaño o el tungsteno.
El tamaño mundial del mercado de litio se valoró en USD 22.36 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crezca de USD 13.90 mil millones en 2024 a USD 55.52 mil millones para 2032 a una tasa compuesta anual de 18.9% durante el período de pronóstico 2024-2032. (Fortune Business Insights (2025). “Lithium Market Size, Share & Industry Analysis..”)
El crecimiento proyectado del mercado del litio, particularmente en regiones como Europa y Asia, evidencia cómo los objetivos vinculados a la descarbonización y al desarrollo sostenible se mantienen, en muchos casos, sobre territorios atravesados por conflictos armados y fragilidad institucional. Si bien el Congo no figura entre los principales productores mundiales de este mineral, su inclusión en acuerdos estratégicos con la UE refleja la centralidad que adquieren estos recursos en la agenda internacional.
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En diciembre de 2024, la UE y la RDC firmaron una hoja de ruta orientada a la extracción de materias primas consideradas críticas, entre ellas el litio, con el objetivo declarado de promover un desarrollo socioeconómico sostenible y acompañar el Pacto Verde europeo. No obstante, estos marcos de cooperación se insertan en un contexto donde persisten graves violaciones a los derechos humanos, lo que pone en tensión el discurso de la transición verde con las condiciones reales en las que se obtienen dichos recursos.
“La hoja de ruta ahora aprobada garantizará que los recursos de la RDC sirvan para sustentar un desarrollo socioeconómico sostenible, justo, inclusivo y pacífico, al tiempo que permitirá a la UE cumplir con su ambicioso Pacto Verde, potenciando las transiciones verde y digital en ambas regiones” (Comisión Europea, 2024)
La diáspora congoleña: el resultado de la ambición
La diáspora congoleña pone de manifiesto el impacto transnacional del conflicto armado que atraviesa a la República Democrática del Congo. De acuerdo con estimaciones de diversas organizaciones internacionales, entre 500.000 y dos millones de personas congoleñas residen fuera del continente africano, aunque la cifra real podría ser mayor debido al subregistro de desplazados. En este contexto, la toma de la ciudad de Goma por parte del grupo rebelde M23, en enero de 2025, no sólo profundizó la inestabilidad en el este del país, sino que también aceleró de manera significativa los flujos de desplazamiento forzado.
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Este fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia, el desplazamiento masivo de población ha sido utilizado como una estrategia para facilitar el control de territorios ricos en recursos naturales. En el este del Congo, esta lógica se mantiene vigente; la violencia sistemática actúa como una herramienta de guerra destinadas a vaciar zonas estratégicas y consolidar el dominio territorial. En línea con ello, Human Rights Watch denunció más de 300 ejecuciones de civiles en aldeas de Kivu del Norte, atribuidas al M23 y a fuerzas ruandesas, en ataques que arrasaron comunidades enteras mediante una violencia planificada.
Lejos de tratarse de hechos aislados, estas masacres responden a una lógica económica precisa. La disputa por minerales críticos como el coltán, el estaño y el tungsteno atraviesa cada episodio del conflicto, ya que el control de estas áreas permite a los grupos armados financiarse y sostener su capacidad militar. De este modo, la violencia extrema y el desplazamiento forzado se convierten en engranajes funcionales de la economía extractiva, insertando a la cadena global de suministro.
Como consecuencia, el impacto humano es devastador. El conflicto ha instaurado un escenario de vulneración sistemática de los derechos, donde la vida y la dignidad de la población civil quedan relegadas. En particular, mujeres y niñas sufren con especial crudeza la violencia sexual, utilizada como arma de guerra para desarticular comunidades. En medio de una crisis humanitaria marcada por la precariedad y la impunidad, el avance de la explotación de recursos contrasta de forma brutal con una realidad en la que los derechos humanos siguen subordinados a la ambición por el subsuelo congoleño.
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¿Qué queda para los ciudadanos de RDC?
La situación de la RDC evidencia la insuficiencia de las respuestas internacionales para proteger a la población civil. Mientras persisten iniciativas para regular la extracción de minerales y avanzan investigaciones por crímenes de guerra, la violencia y el desplazamiento forzado continúan marcando la vida cotidiana en regiones como Kivu del Norte. En un contexto más amplio, el caso congoleño expone la tensión entre la transición energética global y un modelo extractivo que sostiene abusos e impunidad, dejando abierto el interrogante sobre el verdadero costo humano del progreso tecnológico.
Artículo en conjunto entre María Candela Cos y Aldana Ludueña Villarroel
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