El 27 de noviembre de 2025, el expresidente de Perú fue condenado a 11 años de prisión por conspirar para una rebelión y por impulsar la disolución del Congreso peruano, así como por intentar obtener poderes amplios mientras ejercía el cargo en 2022.
El expresidente Castillo fue el segundo mandatario peruano condenado en esa misma semana: el miércoles 26 de noviembre, otro expresidente, Martín Vizcarra, había sido condenado a 14 años de prisión tras ser encontrado culpable de recibir sobornos, hecho conocido como “delito de cohecho”, cuando fue gobernador de Moquegua, en el sur del país. La Corte Suprema de Perú consideró a Castillo coautor del delito contra los deberes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión. Por ello lo condenó a 11 años, 5 meses y 15 días, una sentencia menor a la que pedía la fiscalía: 34 años por rebelión o, en caso de conspiración, 19 años. Los jueces del máximo tribunal consideraron que el delito de rebelión no aplicaba porque Castillo nunca llegó a concretar un golpe de Estado, y atenuaron la condena por conspiración al tomar en cuenta que no tenía antecedentes.
Castillo ya estaba cumpliendo prisión preventiva en Lima desde el autogolpe del 7 de diciembre de 2022 y, como lleva tres años recluido, su salida de la cárcel se encuentra prevista para el 21 de mayo de 2034. Además, la Sala lo absolvió de los cargos de abuso de poder y grave perturbación del orden público, pero lo inhabilitó por dos años para ejercer cargos públicos e impuso el pago de una indemnización de 12 millones de soles (equivalentes a unos 3,5 millones de dólares), junto a los otros tres condenados en la causa. Entre ellos, Bettsy Chávez (ex primera ministra), quien recibió la misma condena pero se encuentra asilada en la embajada de México en Perú, hecho que marcó la reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países y alimentó cuestionamientos internos hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, declarada “persona non grata” por el Congreso peruano.
Los otros condenados fueron Aníbal Torres Vázquez, ex primer ministro y exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, sentenciado a 6 años de prisión; y Willy Huerta, exministro del Interior, condenado también a 11 años y 5 meses. En cambio, otros funcionarios, como los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero, fueron absueltos.
Si te gusta el trabajo de Politólogos al Whisky, te invitamos a que nos ayudes para continuar con nuestra entrega de análisis en política nacional e internacional. Colaborá haciendo click acá
Una larga lista de presidentes procesados: un síntoma estructural
Pedro Castillo llegó a la presidencia de Perú en 2021, sucediendo a Francisco Sagasti (presidente interino tras la destitución de Vizcarra) y venciendo en segunda vuelta a Keiko Fujimori, futura candidata para las elecciones previstas para abril de 2026. Castillo se convirtió en el primer presidente peruano proveniente de una comunidad agrícola humilde, llegando al poder sin experiencia política y con la promesa de defender a los pobres. Su mandato duró de 2021 a 2022, cuando fue destituido en diciembre tras el fallido golpe del que se lo acusa, quedando la presidencia en manos de su vicepresidenta, Dina Boluarte, destituida en octubre de 2025 tras un gobierno impopular en medio de una ola de criminalidad.
Castillo se convierte así en el sexto presidente peruano condenado en las últimas décadas:
- Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2008 a 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción; liberado a fines de 2023.
- Alejandro Toledo (2001-2006), condenado en octubre de 2024 a 20 años por sobornos vinculados a Odebrecht.
- Ollanta Humala (2011-2016), condenado en abril de 2025 a 15 años por lavado de activos provenientes de aportes ilícitos a su campaña de 2011.
- Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), bajo arresto domiciliario desde 2018 por acusaciones de lavado vinculadas al caso Odebrecht.
- Martín Vizcarra (2018-2020), condenado el 26 de noviembre de 2025.
- Pedro Castillo (2021-2022), condenado el 27 de noviembre de 2025.
Otros expresidentes han sido investigados o acusados en esta misma línea: Dina Boluarte (2022-2025), investigada por sobornos vinculados a joyas y relojes Rolex; y Alan García (1985-1990; 2006-2011), investigado por Odebrecht y quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido.
Perú continúa profundamente dividido, y la condena a Castillo generó reacciones opuestas entre la ciudadanía: su grupo minoritario en el Congreso y seguidores en redes sociales expresaron apoyo, mientras que sus opositores celebraron la sentencia, acusándolo de “golpista” y “dictador”, como declaró el congresista Luis Aragón, del partido Fuerza Popular.
Una democracia atrapada en ciclos de crisis
La condena a Pedro Castillo vuelve a poner en primer plano una de las constantes más delicadas de la política peruana: la fragilidad estructural del sistema democrático. No se trata solo de un presidente que enfrentó a la justicia, sino de un país atrapado en una inestabilidad crónica donde ningún gobierno logra completar su mandato y donde la desconfianza entre instituciones, partidos y ciudadanía se profundiza elección tras elección.
El caso de Castillo es un síntoma más de una crisis prolongada de representación que deja a millones de peruanos sin sentir que sus demandas encuentran canales confiables. La fragmentación política, la debilidad de los partidos, la polarización territorial y la corrupción arraigada alimentan un clima en el que los liderazgos emergen con rapidez y caen con la misma velocidad.
La condena de Castillo no cierra un capítulo: abre la necesidad de establecer un diálogo más amplio sobre cómo reconstruir un pacto democrático capaz de resistir tensiones y devolver legitimidad al sistema. Hasta que Perú no atienda sus causas de fondo, episodios como el de Castillo seguirán repitiéndose. La pregunta ya no es qué líder caerá, sino cuándo y bajo qué condiciones el país logrará salir de este ciclo.
Politólogos al Whisky 
Deja un comentario