Politólogos al Whisky

Extrañamente en Rusia suceden operaciones letales que siguen una secuencia reconocible: vigilancia sostenida, aislamiento social, descrédito mediático y ejecución súbita. El ataque, diseñado para parecer suicidio o accidente, se ejecuta con precisión quirúrgica. La escena queda limpia; las pruebas, diluidas. La finalidad no es solo eliminar al objetivo, sino instaurar un precedente intimidatorio. Las muertes, cuidadosamente escenificadas, cumplen funciones estratégicas: intimidan, disciplinan y reafirman la verticalidad del mando. 

Desde que Vladímir Putin asumió el poder en el año 2000, Rusia ha presenciado una inquietante sucesión de muertes bajo circunstancias oscuras, sospechosas, intrigantes e inquietantes: opositores envenenados, periodistas asesinados, empresarios caídos desde ventanas o hallados con disparos a quemarropa. En muchos de estos casos, las evidencias materiales son mínimas, los informes oficiales ambiguos y las investigaciones manipuladas o deliberadamente inconclusas. Ahora bien, el patrón es innegable. El volumen, el perfil de las víctimas y la sofisticación de los métodos empleados sugieren algo más que coincidencias trágicas.

La inteligencia rusa contemporánea opera a través de tres agencias principales: el FSB (Servicio Federal de Seguridad), encargado de la contrainteligencia y represión interna; el SVR (Servicio de Inteligencia Exterior), centrado en el espionaje externo; y el GRU, el brazo clandestino del ejército. Herederas directas de la KGB soviética, estas estructuras no solo han preservado técnicas mortíferas, sino que han adaptado su letalidad a las exigencias del siglo XXI.

El pasado 7 de julio de 2025, Roman Starovoit, exministro de Transporte y exgobernador de Kursk, fue hallado con un disparo en la cabeza dentro de su vehículo, horas después de ser destituido del ministerio por Vladimir Putin. Pocos consideran casual que ese mismo día, su subdirector Andréi Korneichuk colapsara súbitamente y muriera de un supuesto infarto al “enterarse” de la noticia. Ambos estaban vinculados a contratos estatales en zonas fronterizas sensibles durante la invasión a Ucrania, y sus caídas coincidieron con operativos anticorrupción promovidos desde Moscú. Tres días antes, Andréi Badalov, funcionario cercano a Putin y vicepresidente de Transneft, la principal empresa estatal de oleoductos, cayó desde un piso 17 en circunstancias también catalogadas como suicidio.

Estos tres casos comparten más que una proximidad temporal: todos involucraban a figuras con acceso a información estratégica, en sectores sensibles como defensa, transporte logístico y energía, pero especialmente una conexión con Putin. La sincronía entre caídas institucionales y muertes físicas sugiere un posible “protocolo de depuración”, ejecutado para blindar al Kremlin de eventuales filtraciones.

El patrón coincide con acciones previas atribuidas al FSB: presión indirecta, aislamiento institucional, vigilancia encubierta y una resolución final con apariencia de suicidio. En el lenguaje de la inteligencia, la coincidencia reiterada no es azar, sino señal de una decisión estructurada, con un mensaje claro: no hay margen para la disidencia interna.

Las guerras no solo se libran en el frente, también se combaten en los márgenes del poder. En el contexto de los conflictos de Chechenia y Ucrania, múltiples muertes de activistas, periodistas y oficiales sugieren una campaña sistemática para erradicar voces disonantes. La lógica del enemigo interno (un principio operativo heredado del aparato soviético) se reactivó como doctrina en estos escenarios.

Durante la segunda guerra chechena (1999-2009), la periodista Anna Politkovskaya y la activista Natalia Estemirova fueron asesinadas tras exponer crímenes de guerra cometidos por tropas federales y paramilitares aliados. En ambos casos, los métodos, disparos a quemarropa y secuestro seguido de ejecución, denotan una planificación quirúrgica y una cadena de mando tácitamente coordinada con el FSB.

En el marco de la invasión a Ucrania, se replican patrones de eliminación selectiva. Vladimir Shkliarov, bailarín de ballet que crítico en redes a Putin, y Andrei Morózov, bloguero militar que filtró las cifras de bajas reales, murieron en aparentes suicidios tras recibir presiones. En paralelo, Yevgeny Prigozhin (fundador del Grupo Wagner y símbolo de insubordinación armada) cayó en un “accidente” aéreo que pocas agencias dudan en atribuir al GRU o al círculo de seguridad presidencial. Durante años, Prigozhin fue un aliado clave de Putin, articulando operaciones encubiertas en África y Ucrania. Su rebelión armada en junio de 2023 (un desafío frontal al mando militar ruso) rompió ese vínculo. 

Más allá de los casos emblemáticos, existe una constelación de muertes que refuerza la hipótesis de una política sistemática de silenciamiento. Vladislav Avayev, exvicepresidente de Gazprombank (tercer banco más grande de Rusia), apareció muerto junto a su familia en lo que fue catalogado como “parricidio-suicidio”; días después, Sergey Protosenya, directivo de Novatek, falleció en circunstancias casi idénticas en España. La repetición no parece coincidencia, ambos manejaban información financiera sensible vinculada al Estado. Alexander Subbotin, ex-alto cargo de Lukoil (la productora de petróleo más grande de Rusia), murió tras ingerir toxinas en un supuesto “ritual chamánico”, fórmula ideal para encubrir envenenamientos no convencionales. Ravil Maganov, expresidente de Lukoil, cayó desde la ventana de un hospital de Moscú, supuestamente por ataque cardíaco. Vitali Robertus, vicepresidente de Lukoil, cometió suicidio al ser investigado por corrupción. Maxim Kuzminov, piloto desertor del ejército ruso, fue acribillado en España por lo que se presume fue un encargo del SVR. Y Marina Yankina, funcionaria del Ministerio de Defensa, cayó desde un piso 16 mientras se auditaban fondos de guerra. En cada caso, el patrón se repite: caída súbita, versión oficial dudosa y vínculos directos con estructuras del poder. En el sistema putinista, la información peligrosa no se archiva: se elimina.

Los métodos actuales de la inteligencia rusa no emergen en el vacío, son la continuación perfeccionada de una tradición letal forjada por la KGB. Durante la Guerra Fría, Georgi Markov (periodista búlgaro de la BBC), fue asesinado en Londres cuando un agente de la KGB disparó contra su pantorrilla un diminuto perdigón cargado con ricina, introducido desde la punta de un paraguas camuflado. 

Continuando con el historial de la KGB encontramos, el intento de envenenamiento con talio a Nikolai Khokhlov en Bonn (antiguo miembro de la KGB), los asesinatos de Lev Rebet (un disidente ucraniano exiliado quién falleció de un disparo por medio de un arma camuflada) y Stepan Bandera (político ucraniano envenado con cianuro) en Múnich, y el intento fallido contra Vladimir Kostov en París, donde se utilizó el mismo método que acabó con la vida de Markov.

Estos casos nos ejemplifican el inicio de una doctrina, eliminar a distancia y sin dejar huellas, utilizando toxinas, artefactos ocultos, la cobertura diplomática y disfrazando atentados como accidentes. La lógica operativa no ha cambiado, la cooperación entre agencias afines constituye un legado que el FSB, el SVR y el GRU han refinado, ya que el asesinato selectivo hoy en día no solo es concebido como una extensión extraterritorial del poder estatal ruso, sino como un mensaje estratégico, un acto de control político cuya eficacia reside en su ambigüedad y en su capacidad de sembrar el miedo sin asumir el crimen.

El Kremlin ha perfeccionado un arsenal silencioso, compuestos diseñados para matar sin estridencias ni evidencias. El Novichok, un agente nervioso neurotóxico desarrollado por laboratorios soviéticos, fue empleado en los casos de Serguéi Skripal y Alexéi Navalny, revelando un patrón de uso estatal de armas químicas encubiertas. Antes, Alexander Litvinenko murió por polonio-210, un isótopo radiactivo solo disponible en contextos militares. Otras toxinas como gelsemina, ricina y talio apuntan al legado refinado de la KGB, hoy replicado por el FSB, el SVR y el GRU. Estas sustancias son difíciles de rastrear, provocan síntomas retardados y permiten disfrazar el crimen como enfermedad natural, lo que representa una ventaja operativa. El envenenamiento se vuelve así un acto de guerra asimétrica, una forma de asesinato con denegación plausible. 

Frente a cada muerte sospechosa, el aparato mediático ruso despliega un guion sistemático: negación oficial, patologías súbitas, suicidios inexplicables. En paralelo, voceros estatales desacreditan a la víctima o a sus allegados, sugiriendo motivos personales, ajuste de cuentas o inestabilidad emocional. Esta narrativa busca imponer una “verdad de Estado”, blindada por la censura digital, el control editorial y la criminalización del periodismo independiente. Mientras tanto, medios internacionales como The Guardian, Le Monde, Deutsche Welle señalan patrones repetidos y modus operandi que apuntan a los servicios de inteligencia. El Kremlin responde acusando a Occidente de “campañas rusófobas” o “provocaciones atlantistas”. Esta estrategia recuerda a doctrinas soviéticas de guerra psicológica, es decir, fabricar la duda como escudo político. 

Es altamente probable que existan casos jamás revelados con muertes disfrazadas de accidentes comunes, en regiones sin prensa libre ni observadores independientes. La sofisticación operativa del FSB, GRU y SVR permite ejecuciones limpias, en un sistema informativo controlado, siendo lo más inquietante no lo que sabemos, sino todo lo que no llegaremos a saber.

Cada muerte sospechosa con traza rusa no solo plantea una tragedia individual, sino una afrenta al orden internacional. Los casos de Litvinenko, Skripal o Perepilichny provocaron sanciones, expulsiones diplomáticas y reformas legales en Europa. Sin embargo, la disuasión efectiva sigue limitada: el Kremlin calcula con precisión el umbral de la impunidad. Periodistas, exiliados y desertores viven bajo amenaza constante, incluso en democracias consolidadas. Occidente enfrenta así un dilema estructural: ¿cómo responder a un Estado que convierte el asesinato selectivo en instrumento de política exterior? La historia no es nueva, pero el refinamiento contemporáneo exige nuevas respuestas. Rusia perpetúa una lógica soviética de control mediante el terror silencioso. Comprender esta continuidad histórica es vital: no basta con indignarse.