Politólogos al Whisky

El martes 8 de abril, el gobernador Martín Llaryora firmó, junto al ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, y el presidente de EPEC, Claudio Puértolas, el decreto que modificó la forma jurídica de la empresa, que desde entonces dejó de ser una sociedad del Estado para convertirse en una sociedad anónima unipersonal, con la totalidad de su paquete accionario en manos del Gobierno provincial.

La decisión de transformar a EPEC en sociedad anónima tiene varias aristas para analizar: desde la histórica puja por la privatización de la empresa, el futuro del control y la fiscalización, las oportunidades de negocio que se abren para la entidad y su encuadramiento dentro del modelo de gestión del cordobesismo. En este artículo se intentará analizar cada una de ellas.

La madre de todas las batallas

EPEC es una de las “joyas de la corona” de la Provincia: es la única energética del país que cuenta con la totalidad de las fases de la cadena de producción de electricidad bajo su control (generación, transporte y distribución); es decir, es una empresa integrada. Abarca los tres eslabones del negocio de la energía eléctrica y lleva el servicio a la totalidad de los cordobeses, ya sea de manera directa o por medio de cooperativas locales, de las que es proveedor mayorista.

Además, EPEC sobrevivió a la ola privatizadora de la década del noventa, pese a algunas iniciativas surgidas durante aquella época. Su carácter público la distingue de la mayoría de las empresas del sector energético del país, que se encuentran en manos privadas. Las intentonas más serias para el traspaso de EPEC a la esfera de la sociedad civil tuvieron lugar durante las gestiones radicales de Eduardo Angeloz y Ramón Bautista Mestre, así como también durante la primera gobernación peronista desde la restauración democrática, la de José Manuel de la Sota.

Si bien Angeloz descartó en un principio la privatización total de las empresas provinciales —pese a que la Ley de Emergencia Económica Provincial de 1989 lo admitía—, la participación privada en el sector eléctrico crecía paralelamente como resultado de las reformas estructurales impulsadas desde el Gobierno nacional. La transformación de EPEC en sociedad anónima, prevista en un proyecto remitido por el Ejecutivo angelocista, quedó trunca. Sin embargo, la idea adquirió nuevos bríos durante la gobernación de Mestre, autor de importantes reformas administrativas, pero que también topó con escollos cuando quiso ejecutarlas en EPEC. Luego, en 1999, llegó José Manuel de la Sota con su propuesta de un “Estado nuevo” para Córdoba, un plan de modernización de la administración pública que incluía, entre otros objetivos, la privatización de las empresas provinciales.

No obstante, en 2001 el Gobierno abandonó la iniciativa, que —al igual que en las ocasiones anteriores— contó con la firme y sostenida oposición del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

Con este breve recorrido histórico y contextual, es menester hablar de la EPEC del siglo XXI, espejo de un estilo de gestión local particular.

La energía del cordobesismo

Mucho se ha hablado de “cordobesismo” y “modelo cordobés” para comprender cómo se gobierna en la Provincia, particularmente a partir de la historia de desencuentros entre el Ejecutivo provincial y el Gobierno nacional durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Para los fines de este análisis, el “modelo cordobés” puede definirse como un modo de gestionar lo público en la provincia de Córdoba durante el ciclo institucional inaugurado por el peronismo local en 1999 y que rozará los 30 años de vigencia cuando el gobernador Martín Llaryora culmine su presente mandato.

La construcción del “Estado nuevo” estuvo fuertemente influenciada por la corriente de la Nueva Gestión Pública, plasmada en iniciativas como la Ley de Modernización del Estado o la Carta del Ciudadano, que ponen el acento en la transparencia gubernamental y su eficiencia, así como en la garantía de las condiciones necesarias para impulsar la iniciativa privada sin desatender el goce de derechos sociales básicos, como la educación y la salud.

Podemos definir entonces al “modelo cordobés” como un estilo de gestión apoyado en un gobierno provincial con altas capacidades estatales, efectivo en la implementación de políticas públicas, que incorpora a diferentes actores estatales y no estatales en el proceso de formulación e implementación de las mismas, estableciendo redes de gobernanza en las que el Estado y los actores de la sociedad civil son interdependientes, con un elevado grado de descentralización y tecnificación de la administración pública. Este modelo rompe con la tradicional matriz Estado-céntrica a la hora de analizar las relaciones entre el Estado y la sociedad, incorporando a actores privados (empresariales, corporativos, organizaciones de la sociedad civil) al proceso de toma de decisiones. A modo de ejemplo, ténganse presentes las Agencias del Gobierno de la Provincia, que se dedican a implementar iniciativas sectoriales y cuentan con participación privada en su gerenciamiento.

Ahora bien, ¿cómo se refleja todo ello en el caso de EPEC?

Como se ha relatado anteriormente, la relación de EPEC con la participación privada ha sido un tema espinoso para todas las gestiones desde la restauración democrática. Posiblemente —y esto es una impresión de quien escribe— sea una de las dependencias provinciales donde el ethos del “Estado nuevo” tuvo mayores dificultades para establecerse. El siglo XXI encontró a una EPEC cuestionada por su rentabilidad, su polémico convenio colectivo —acusado de formalizar la “herencia” de los puestos de trabajo— y la calidad del servicio. También estuvo bajo sospechas de corrupción. Durante el segundo mandato de Juan Schiaretti, la Provincia impulsó un infructuoso proyecto de marco regulatorio de la energía eléctrica, que abría el juego a los capitales privados y la puerta a la privatización parcial o total de la EPEC o a la segmentación de sus negocios. Tampoco funcionó.

Finalmente, 2025 fue el año en el que EPEC adoptó, ahora sí, la figura de sociedad anónima. Pero se trata de una EPEC distinta a la de antaño: en 2024, Moody’s destacó la salud financiera de la empresa, con niveles irrisorios de deuda y márgenes de rentabilidad por encima de la media del sector. ¿Por qué, entonces, la tan mentada conversión en S.A. llegó en un momento tan estable y diferente de los turbulentos tiempos en que se había planteado su transformación?

Por un lado, está la permanente presión exógena sobre la empresa. Si durante la década del noventa el Gobierno nacional ofrecía incentivos para la privatización y la conformación de un sistema eléctrico fragmentado —que fomentaba la división entre generación y distribución a partir de la venta de las empresas provinciales a cambio de cubrir los déficits de las arcas subnacionales—, hoy los instrumentos de presión de la Nación son el Decreto 70/23 y la Ley de Bases, que establecen la obligatoriedad de que todas las empresas de propiedad estatal se constituyan como sociedades anónimas, acompañados de un uso discrecional de diversas transferencias no automáticas, como los Aportes del Tesoro Nacional. Esta es la justificación oficial: la necesidad de adecuarse a la normativa vigente.

Por otro lado, están los objetivos que tiene la Provincia para el futuro próximo. La nueva personalidad jurídica le permitirá a la empresa ampliarse a otros sectores más allá de la generación de energía eléctrica tradicional. De hecho, el anuncio de la nueva EPEC S.A. coincidió con dos novedades relevantes: primero, su absorción de la Agencia Córdoba Conectividad y su red de fibra óptica, lo que le permitirá jugar en el mercado de las telecomunicaciones; y segundo, la inauguración del parque eólico de YPF Luz en General Lavalle, cuya instalación no hubiera sido posible sin la infraestructura de la empresa provincial.

La Provincia está realizando una fuerte apuesta por las energías renovables, y EPEC tiene un rol crucial en la política energética por venir. La nueva forma societaria le permitiría a la Provincia conseguir financiamiento externo para grandes proyectos con mayor facilidad, e incluso proyectarse más allá de las fronteras de Córdoba.

Para la oposición parlamentaria en la Legislatura y el Sindicato de Luz y Fuerza, este avance sobre EPEC representa un tanteo privatizador sobre el patrimonio público de los cordobeses, así como una maniobra para sortear los organismos de control: al transformarse en una sociedad comercial, el Tribunal de Cuentas y la Legislatura verían considerablemente mermados sus márgenes de fiscalización y contralor, acusaciones que el Gobierno desmiente.

Sin caer en valoraciones ni juicios, lo cierto es que, hasta el momento, al menos una cosa está clara: la nueva EPEC ya es parte del Estado nuevo.