Politólogos al Whisky

Estos últimos días la práctica de la desclasificación de archivos ha vuelto al centro de la opinión y el debate público tras dos sucesos.

Primero a nivel Internacional a causa de la desclasificacion de documentos llevada a cabo por una orden ejecutiva del presidente norteamericano Donald Trump, siendo estos sobre el asesinato del Ex-Presidente John F. Kennedy. Un hecho que ha suscitado sentimientos de sorpresa e intriga para algunos como escepticismo para otros.

A nivel nacional este tema vuelve a las primeras planas tras el anuncio del gobierno durante el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” (24 de marzo) en la plataforma X. Esto por medio de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente que, en pos de la transparencia, anunció que desclasificará todos los archivos en la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) sobre el accionar de militares y guerrilleros durante el periodo comprendido entre 1976 a 1983. Además del anuncio, al día siguiente comunicaron desde Casa Rosada que harán lo mismo con los archivos relacionados con los nazis refugiados en el país.

La desclasificación de archivos es una práctica gubernamental en la cual los gobiernos otorgan acceso público a documentos y/o archivos de información que era sensible o restringida para la administración gubernamental. Estos por lo general suelen contener la comunicación entre embajadas, acciones del gobierno, operaciones conjuntas con otros estados, etc…

Complementando esta definición, en el artículo de La tinta sobre el tema se define a la práctica como “… documentos e información cuya divulgación puede poner en riesgo la seguridad, el territorio u otros valores colectivos fundamentales…” (Adriana L. Vercellone, 29 de marzo de 2025, La Tinta).

Aun así, esta práctica se encuentra sujeta a determinadas reglas y plazos de tiempos obligatorios, los cuales varían según el país. En nuestro caso, se ampara a lo plasmado en la ley 27.275 de Derecho al acceso a la información pública. En el caso de Estados Unidos, una ley promulgada en 1992 establece que todo registro debe hacerse público en un plazo de 25 años, deberá desclasificarse a menos que su divulgación cause un daño incalculable a la seguridad nacional o a la procuración de la ley. 

La desclasificación ha sido fundamental en el enriquecimiento histórico y en la mejora del entendimiento de hechos polémicos. Ejemplos famosos tales la como desclasificación de Francia en 2021 sobre sus archivos de la guerra colonial contra Argelia, la NSA (National Security Archive) filtrando documentos que involucran la complicidad de Brasil con la CIA en el derrocamiento de Allende, la publicación de la CIA de toda su historia en 2017 siendo 13 millones de documentos a lo largo de 70 años, entre otros casos.

Volviendo al caso del gobierno actual, la medida ha sido calificada por algunos especialistas como innecesaria dado que apuntan a que ya se había hecho en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner bajo el decreto 04/2010, el cual también ordenaba la desclasificación de documentos sobre el accionar de la junta militar durante el mismo periodo. 

El decreto promulgado en el gobierno de Cristina Kirchner tenía como objetivo principal desclasificar documentos sobre el accionar de las fuerzas armadas en dicho periodo, esto por medio de la quita de la clasificación de seguridad a toda esa información y documentación aún incluso información relacionada con ese accionar en otro periodo. Sin embargo, se exceptúa información relacionada con la “Guerra de Malvinas” y otros conflictos, además de información de inteligencia estratégica militar mencionada en la Ley de Inteligencia Nacional.

Sin embargo, el oficialismo le ha respondido al medio “Chequeado” que la desclasificación Kirchnerista fue parcial y atada a acceso limitado y/o nulo. Por lo cual se argumentó que la nueva desclasificación será total y que se publicará en el Archivo General de la Nación. Aun así restará saber el volumen del material de la medida y si va a arrojar archivos diferentes a los ya expuestos por diferentes organismos especializados e investigaciones.

Tomando la respuesta de la Casa Rosada, acerca de la desclasificación parcial y/o selectiva de archivos e inclusive su manipulación directa, este tipo de prácticas “desleales” es posible que fueron llevadas a cabo por diferentes gobiernos.

Siendo esta acusación respaldada por los dichos de un ex-director de la SIDE como lo es Miguel Ángel Toma en su nota en el medio “Cadena3”. En este reportaje, el ex-director acusa al gobierno Kirchnerista de revisar y destruir estas informaciones clasificadas en base conveniencia política y que la información restante existe al no ser incriminatoria. Más allá de ideologías y/o opiniones personales, la acusación resulta cuanto menos fuerte conociendo la profesión que ejercía el emisor.

Además de este testimonio, el manejo estatal en el caso del atentado a la A.M.I.A. puede alimentar esta postura de desconfianza hacia los gobiernos y la desclasificación de archivos. Como se relata en el artículo de El Litoral sobre el tema, todo este caso ha sido un constante entorpecimiento y/o encubrimiento entre los servicios de inteligencia y los diferentes gobiernos a lo largo de 30 años. En donde hasta la veracidad de los documentos desclasificados resulta cuestionable, según el especialista en A.M.I.A. Gabriel Levinas. 

En este sentido, fue fundamental la presión de la asociación civil “Memoria Activa”, la UFI AMIA y la familia de las víctimas para lograr avance alguno en la investigación. Como por ejemplo que La Corte Interamericana de Derechos Humanos señalase a las actividades de inteligencia como un obstáculo para la investigación y que se condene al Estado Argentino por la impunidad en el caso, como relata la investigación de Página 12

Es así que retomando una postura escéptica como la mencionada al principio del artículo, en este contexto cabe preguntarse: ¿Realmente los archivos desclasificados nos dicen toda la verdad histórica? ¿Las famosas teorías conspirativas tendrán razón esta vez? ¿Los gobiernos mienten?

A ciencia cierta no lo sabemos y es probable que jamás lo sepamos de forma contundente. Sin embargo, lo cierto es que la desclasificación de documentación gubernamental, más allá de si cuestionamos su transparencia o no y los largos tiempos de espera, ha sido una gran herramienta para la investigación y el entendimiento de hechos históricos rodeados de más dudas que certezas.  

Otro aspecto positivo es que en esta era de las nuevas tecnologías, las redes sociales, el ciberespacio y la información masiva, para bien o para mal los gobiernos tienen cada vez más dificultades con el secretismo y la información confidencial. Casos emblemáticos, como por ejemplo Wikileaks, los Panama Papers, el Cablegate y entre otros más, muestran como la confidencialidad de los estados es vulnerable y su credibilidad pende de un hilo muy fino. 

Es así que podemos concluir que si bien la desclasificación de archivos no pueden llevarnos a la verdad total, sí pueden acercarnos a ella y hacen que la rendición de cuentas por parte de los gobiernos se vuelva casi obligatoria. Esto ante la vulnerabilidad de su secretismo y la cuestionada credibilidad que tienen producto de las prácticas-antitransparencia denunciadas. Por lo tanto, solo queda esperar el impacto y alcance de las futuras desclasificaciones del gobierno nacional y si se quiere, reflexionar sobre cómo podrían llegar a ser los archivos desclasificados de nuestros tiempos en el futuro. Esto al considerar los factores previamente expuestos de las nuevas tecnologías y su poder de filtración inmediata.