El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) asumió el poder con una plataforma que promulgaba la libertad individual como eje central de su proyecto político. Sin embargo, incluso antes de asumir, comenzaron a surgir contradicciones entre su discurso y las propuestas anunciadas. Mientras defendían el derecho de los ciudadanos a tomar decisiones autónomas sobre sus vidas, desde el espacio político se promovieron críticas hacia las decisiones personales relacionadas con la sexualidad y la diversidad. Estas críticas se materializaron en políticas que en el último tiempo limitaron derechos previamente reconocidos, generando tensiones entre la noción de libertad que proclamaban y las políticas impulsadas.
Antes del triunfo electoral, referentes del espacio político ya habían anticipado un enfoque restrictivo hacia los derechos de las mujeres y las diversidades. Javier Milei realizó declaraciones polémicas al comparar relaciones homosexuales con relaciones entre humanos y animales, afirmando: “Si querés estar con un elefante… Es problema tuyo y del elefante”. Diana Mondino, quien fue canciller una vez ganadas las elecciones, utilizó una metáfora confusa para referirse a la diversidad sexual: “Si preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos”.
Otros integrantes del espacio político también reforzaron estas posturas. Ramiro Marra, legislador porteño, cuestionó la educación sexual integral (ESI) al sugerir que era preferible consumir pornografía y propuso limitar actividades LGBTI+ en espacios culturales. Ricardo Bussi, diputado nacional electo, descalificó a las personas homosexuales comparándolas con personas con discapacidades: “Son seres humanos que merecen respeto, como los rengos, ciegos y sordos”, y rechazó el Cupo Laboral Trans al afirmar: “El que decide ser travesti que se la banque solo”.
Victoria Villarruel, actual vicepresidenta, cuestionó el matrimonio igualitario alegando que “ya estaba garantizado con la unión civil” y defendía una ESI centrada exclusivamente en “contenido biológico”. En redes sociales, publicó: “Pobres, medio analfabetos pero sabiendo cómo hacer sexo anal desde la niñez”. Por su parte, Martín Menem, diputado nacional, propuso que las personas trans no puedan votar, atacando directamente la Ley de Identidad de Género.
Una vez en el poder, estas posturas se tradujeron en decisiones concretas. Uno de los primeros cambios fue la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), cuyas funciones se trasladaron a áreas de menor jerarquía, limitando su influencia, autonomía y acceso a recursos. Además, el presupuesto destinado a políticas de género disminuyó un 33% en el primer bimestre de 2024, con recortes de hasta el 66% en partidas clave.
A nivel provincial, áreas de género y diversidad también fueron degradadas o eliminadas. Programas esenciales como Acompañar, diseñado para fortalecer la independencia económica de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia, y la Línea 144 sufrieron reducciones significativas. Iniciativas como Registradas, que fomentaba el empleo formal de trabajadoras de casas particulares, dejaron de implementarse. También se redujo la asistencia a familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios, mientras que obras públicas relacionadas con infraestructura de cuidado fueron suspendidas. El monitoreo del gasto público con perspectiva de género dejó de ser transversal, reflejando un retroceso en transparencia y compromiso estatal.
Hace unas semanas Javier Milei adoptó un tono beligerante, declarando en X: “No solo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de puta, tiemblen”. En ese mismo contexto, defendió a Elon Musk tras la polémica por un gesto que puede interpretarse como un saludo nazi durante un discurso en apoyo a Donald Trump.
En el Foro Económico Mundial de Davos, realizado del 20 al 24 de enero, Javier Milei desvió su atención de los temas principales del evento, como la economía y la tecnología, para centrar su discurso en atacar la agenda progresista. Criticó duramente la ideología de género, calificándola de abuso hacia menores, y cuestionó los derechos y políticas relacionadas con las personas trans, a quienes señaló por recibir tratamientos médicos y hormonales que, según él, causan daños irreversibles. Además, vinculó a parejas homosexuales con casos de pedofilia y denunció que estos temas son promovidos por lo que él considera una cultura de «privilegios» sostenida por el Estado.
El feminismo también fue uno de los principales blancos de sus críticas, al que calificó como una distorsión del concepto de igualdad, acusándolo de perseguir privilegios en lugar de equidad. Asimismo, anunció su intención de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, minimizando su especificidad como crimen de género. Por otro lado, cargó contra los colectivos migrantes, responsabilizándolos de violaciones, abusos y otros delitos en occidente, en un intento de reforzar su postura antiinmigratoria.
En cuanto a la agenda climática, Milei afirmó que es una “mentira” promovida por el wokismo, al que culpó de pervertir la idea de preservar el ambiente. Este negacionismo climático, además de ignorar la evidencia científica, se complementa con un desmantelamiento sistemático del sistema científico argentino, debilitando la capacidad del país para enfrentar desafíos ambientales y sociales. Según él, el ecologismo se ha transformado en un fanatismo que considera al desarrollo económico un crimen contra la naturaleza.
Mientras el mundo avanza en derechos y estrategias para enfrentar la crisis climática, el presidente argentino se propone “exterminar la agenda woke”, una postura que refleja un trasfondo autoritario incompatible con su propio discurso de libertad. Este enfoque, lejos de promover la igualdad, fomenta la discriminación y profundiza las desigualdades en un país que históricamente se ha destacado por abrir sus puertas a inmigrantes y liderar en el reconocimiento de derechos a las minorías.
Las decisiones de este gobierno y sus declaraciones odiantes no solo significan un retroceso: vulneran derechos humanos esenciales y alimentan un clima de violencia que fractura la cohesión social. En este contexto, la ciudadanía y los movimientos sociales emergen como piezas fundamentales para resistir estas políticas. Su compromiso histórico ha sido clave para avanzar hacia una Argentina más justa, ampliando derechos y defendiendo la justicia social, incluso en momentos adversos.
La pregunta que nos queda es cómo un Estado que aspira a integrarse al escenario global puede continuar implementando medidas que lo relegan. Si el objetivo de quienes están en el poder es realmente “hacer a la Argentina grande otra vez”, el camino debe enfocarse en la equidad, la sostenibilidad y el progreso, dejando atrás políticas que lo distancian de los avances internacionales.
Politólogos al Whisky 
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