El feminismo es un movimiento que abarca un sistema cultural, político, económico y social, cuyo objetivo es la liberación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Este movimiento promueve la deconstrucción del sistema patriarcal que perpetúa el dominio del hombre sobre la mujer. Según Varela (2008), es «(…) una teoría y práctica política articulada por mujeres que, tras analizar su realidad, toman conciencia de las desventajas que sufren por ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas». Así, se presenta tanto como una filosofía política como un movimiento social.
Es importante señalar que, si bien existe un consenso general sobre lo que es el feminismo en sí, este no ha sido uniforme a lo largo del tiempo ni de manera contemporánea. Dentro del propio movimiento, diversas voces expresan opiniones distintas y demandan atención a sus realidades y problemáticas particulares. Es por este motivo que, en la más reciente ola feminista, reconocer estas diferencias internas y la diversidad de experiencias es fundamental para generar teorías que abarquen todas las realidades, evitando caer en una práctica limitada que no responda a las necesidades de todos los grupos.
Una de las luchas más importantes del feminismo en la esfera pública es por los derechos políticos, logrando hitos significativos como el sufragio femenino y leyes que promueven la inclusión de las mujeres en espacios de decisión política. Sin embargo, a pesar de estos avances, la igualdad de representación política aún no se ha alcanzado completamente. En América Latina, aunque se han implementado medidas similares para aumentar la participación femenina en la política, los resultados han variado entre los países. Además, dentro de un mismo país, estos desafíos se intensifican para las mujeres pertenecientes a grupos de diversidad, quienes enfrentan obstáculos adicionales en su lucha por la equidad.
La adquisición de derechos políticos
Con el proceso de democratización en Latinoamérica, se impulsó la organización de mujeres y, con ello, la lucha feminista. Esto dio lugar a un proceso de transformación y adquisición de derechos civiles y políticos que redefinió el papel de la mujer en la sociedad. Esta evolución tiene sus raíces en constantes reclamos a lo largo de la historia, lo que permitió a las mujeres acceder a la esfera política. Anteriormente, su vida se limitaba al ámbito doméstico, donde sus derechos y obligaciones giraban en torno al cuidado del hogar y de los hijos, mientras que la vida pública era exclusiva de los hombres (Pateman, 1988). Sin embargo, con el movimiento sufragista y el naciente feminismo del siglo XIX, las mujeres comenzaron a ingresar a la ciudadanía, obteniendo inicialmente el derecho al voto. Esto amplió las posibilidades de participación política, permitiendo, años después, que ocuparan escaños en las cámaras representativas.
Durante el siglo XX, las organizaciones de mujeres feministas —incluyendo a sufragistas que no se identificaban con el movimiento— se movilizaron para ampliar su autonomía. Argentina fue uno de los países de la región con mayor organización femenina, impulsada por la gran participación de las mujeres en el mercado laboral. Estas luchas no solo se centraron en derechos laborales, sino también en derechos políticos. A través de charlas y reuniones, estos grupos —conformados por mujeres de distinta ideología política— llevaron a cabo una campaña feminista que culminó con la sanción de la Ley del Voto Femenino en 1947 (Vélez, 2007).
En otros países de la región, las mujeres también se organizaron para alcanzar sus objetivos. En 1936, se creó en Perú la Organización Femenina, que buscaba derechos igualitarios entre hombres y mujeres, y en 1957 las mujeres lograron participar en la votación de candidatos políticos. En México, el movimiento feminista de 1910 tenía como meta la igualdad de derechos electorales; así, en 1918 y 1925, Hermila Galindo y Elvia Carrillo se presentaron a elecciones, aunque sus triunfos no fueron reconocidos. Sin embargo, desde 1953, las mujeres mexicanas adquirieron derechos políticos (Vélez, 2007).
Gráfico 1. Derecho al voto femenino en América Latina por país y año
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de The Inter-Parliamentary Union (IPU) (https://www.ipu.org/).
De esta manera, a lo largo del siglo XX, los distintos países de América Latina incorporaron a las mujeres en la política, comenzando con su participación a través del voto y posteriormente mediante leyes que permitieron su postulación a elecciones, tanto nacionales como subnacionales. A finales de siglo, en la década de los 90, se inició un proceso de aumento de la participación femenina en puestos de representación política. Las mujeres comenzaron a ocupar cargos ministeriales, legislativos e incluso ejecutivos. Con el tiempo, se volvió cada vez más común ver a mujeres en posiciones de poder: Para el año 2023, por ejemplo, el promedio de legisladoras nacionales alcanzó el 35.8% a nivel regional (PNUD, 2024).
Representación política femenina en Latinoamérica
Una vez garantizada la oportunidad formal de las mujeres para acceder al ámbito político, los Estados debieron implementar nuevas políticas para hacer efectivo este derecho. A pesar de que las mujeres comenzaron a participar activamente en la vida pública a lo largo del siglo pasado, las leyes establecidas no aseguraron su real inclusión en los puestos de toma de decisiones. Por esta razón, los países latinoamericanos revisaron las condiciones de acceso de las mujeres a la política, especialmente en procesos electorales. En los años 90, se sancionaron las primeras leyes destinadas a proteger y promover los derechos de las mujeres en cargos políticos. Entre estas, las leyes de cupo han sido particularmente relevantes, ya que buscan garantizar la participación femenina en los parlamentos, estableciendo un porcentaje mínimo de candidatas o requisitos para la conformación de las listas de candidatos (Archenti y Tula, 2007).
Argentina fue pionera en Latinoamérica al implementar leyes que promovieran la autonomía femenina. En 1991, el país sancionó la Ley de Cupo Femenino N.º 24012, que fue adoptada por otros países de la región. Actualmente, 17 de 35 países de la región han promulgado esta ley, aunque no todos lo han hecho de la misma manera. La principal diferencia radica en la obligatoriedad de incluir mujeres en las listas de forma alternada y en las sanciones por incumplimiento. Hoy en día, el aumento de la paridad en los parlamentos regionales y en el mundo se atribuye en gran medida a la aplicación de esta ley. Sin embargo, las diferencias porcentuales de género persisten, ya que las cuotas suelen ser del 30%, reproduciendo patrones similares en la representación de mujeres en las cámaras bajas o unicamerales, dependiendo del cupo establecido. Países como México, Nicaragua y Cuba tienen más del 50% de mujeres en sus parlamentos, mientras que Argentina y Costa Rica superan el 40%. En contraste, 9 países no alcanzan el 20%, siendo Haití el más bajo con solo un 2.5% de representación femenina en 2020 (PNUD, 2024).
En cuanto al Poder Ejecutivo, el acceso de las mujeres a cargos no ha sido tan significativo durante los últimos años. Siguiendo como referencia los últimos tres periodos de gobierno en América Latina, los porcentajes crecieron de 23.5% a 28.7%, con Chile, México, Panamá y Argentina experimentando los mayores avances. Chile lidera con un 58% de mujeres en su gabinete, mientras que Brasil, Uruguay y Guatemala tienen las cifras más bajas. En cuanto al Caribe, la proporción de mujeres en gabinetes pasó de un 19.5% a un 21.6% (PNUD, 2024).
Mujeres y Diversidad: ¿Un asunto pendiente?
Las leyes de cupo son medidas eficaces para incorporar a las mujeres en los Congresos nacionales; sin embargo, su éxito varía entre países. Los resultados esperados de estas leyes solo se alcanzan si se consideran variables clave, como el sistema electoral, así como la calidad, claridad y rigor de la legislación (Krook y Norris, 2014). En América Latina, de los 17 países que adoptaron estas leyes, solo 12 cuentan con un sistema electoral que favorece su implementación, y solo 7 han establecido un cupo fuerte que garantice su cumplimiento. Por ello, no todos los Estados han logrado los resultados esperados en cuanto a la representación de mujeres en el Poder Legislativo. Para que las leyes de cupo funcionen, es fundamental que sean obligatorias y que incluyan sanciones efectivas para las listas que no las cumplan, como la imposibilidad de presentarse a elecciones. Asimismo, es crucial un orden de alternancia que evite que las mujeres sean colocadas al final de las listas.
Si bien las leyes de cupo han incrementado la representación femenina en los parlamentos, el acceso de las mujeres al Poder Ejecutivo ha sido más lento. Esto se debe a la ausencia de mecanismos de paridad similares aplicados en este sector, la persistencia de estereotipos de género que asocian los cargos de mayor poder con características tradicionalmente masculinas, y una resistencia cultural más fuerte en este ámbito. Por ello, para alcanzar una verdadera equidad en los puestos de liderazgo, es esencial que se implementen políticas más inclusivas en el Poder Ejecutivo y que se continúe transformando las percepciones sociales que limitan el acceso de las mujeres a los cargos más altos.
En síntesis, ¿ha logrado la lucha feminista conquistar plenamente los derechos políticos de las mujeres? En primera instancia podría decirse que no, ya que el acceso real de las mujeres a la esfera política sigue estando limitado por barreras estructurales en el sistema político y social que dificultan que ocupen cargos con la misma facilidad que los hombres. Por un lado, no todas las leyes son lo suficientemente específicas para garantizar una verdadera participación femenina en las listas electorales. Por otro lado, la cultura machista sigue influyendo en la voluntad de los líderes políticos para incluir a mujeres en las candidaturas.
Además, si se considera la diversidad de género, el problema se amplía: si las mujeres cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual ya enfrentan exclusión, las disidencias encuentran aún mayores obstáculos. Más allá de las limitaciones, cada vez es más común ver a mujeres en posiciones de poder, incluidas mandatarias al frente del Poder Ejecutivo, pero sigue siendo extraño encontrar líderes políticos que no se ajusten a percepciones binaristas tradicionales. Por este motivo, tanto desde el feminismo como desde cualquier organización política y social de mujeres y diversidades, sigue siendo urgente conquistar una verdadera igualdad de oportunidades, por lo cual la homogeneidad teórica ya no resulta efectiva para lograrlo.
Referencias Bibliográficas
Politólogos al Whisky 
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