Politólogos al Whisky

Existen vastos estudios en la Ciencia Política que exploran cómo emergen y se consolidan las democracias. Acemoglu y Robinson (2006) se destacan en este campo, con una teoría que sostiene que la democracia no siempre se consolida una vez creada, ya que algunos países experimentan regresiones. Los autores sostienen que las sociedades se dividen en dos: por un lado, la elite (una minoría rica) y, por otro lado, el pueblo; y que la democracia se vincula con el voto y la capacidad de la población para influir en las políticas públicas, mientras que la no democracia se asocia con la desigualdad y el poder concentrado.

Siguiendo esta perspectiva, la cual entiende que la política es conflictiva, el caso de Bolivia ilustra una democracia no consolidada. Después de varios años de gobiernos militares nacionalistas, Bolivia tuvo elecciones problemáticas en 1951, cuando la elite política impidió que Víctor Paz Estenssoro asumiera la presidencia. Este hecho desencadenó la Revolución Boliviana de 1952, que resultó en una mayor participación ciudadana y en políticas significativas como la nacionalización de las minas, el voto universal para todos los bolivianos mayores de 21 años, la reforma educativa y una reforma agraria que eliminó el sistema de explotación latifundista. 

Posteriormente, Bolivia enfrentó graves problemas económicos, incluidos altos índices de inflación, y desde los años 60, una serie de golpes militares que suspendieron los derechos civiles y agudizaron la crisis económica. La vuelta a la democracia comenzó en 1982 con Hernán Siles Zuazo, cuya gestión se caracterizó por la debilidad económica. Los gobiernos sucesivos tampoco lograron revertir la crisis previa a la democratización, perpetuando la inestabilidad política (PNUD, 2020).

Aunque todos los presidentes desde los años 80 fueron electos constitucionalmente mediante el voto popular, Bolivia ha seguido enfrentando desafíos significativos. En 2019, cuando Evo Morales ganó las elecciones para un cuarto mandato, estallaron protestas bajo el argumento de fraude electoral. La Constitución de Bolivia establece que el presidente solo puede ser reelegido una vez de manera consecutiva. Aunque el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia falló en 2017 a favor de Morales, permitiéndole volver a postularse, el referéndum de 2016 para modificar la Constitución y permitir su reelección fue rechazado. En respuesta a las acusaciones del pueblo boliviano y la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre irregularidades en las elecciones, Morales convocó a nuevas elecciones, aunque estas no llegaron a realizarse. Ante la presión de las Fuerzas Armadas, Morales y otros miembros del gobierno renunciaron. De esta manera, la senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia, generando controversia sobre la constitucionalidad de su proclamación. 

Analizando los derechos políticos en Bolivia luego de este suceso, los datos de Freedom House de 2020 muestran que el puntaje del Proceso Electoral disminuyó dos puntos, de 10/12 a 8/12, debido a la manipulación electoral y a la asunción de la senadora Áñez en lugar de realizar nuevas elecciones inmediatamente tras la renuncia de Morales. En cuanto a la Participación Política, el puntaje bajó de 9/12 a 8/12, debido al bloqueo de movilizaciones tras la crisis política de 2019, en la que tanto los manifestantes contra Morales como los funcionarios del expresidente fueron víctimas de violencia. El indicador de Derechos de Asociación y Organización, sobre Libertades Civiles también bajó su puntaje en el mismo periodo, ya que las protestas postelectorales estuvieron acompañadas de violencia. Campesinos ingresaron a Cochabamba para manifestarse y, tras un enfrentamiento con el Ejército, 30 personas murieron y muchas más resultaron heridas. Estos resultados reflejan cómo la disminución de las libertades civiles y los derechos políticos van de la mano con la regresión del Estado Plurinacional de Bolivia a un régimen donde la democracia no logra consolidarse, según la teoría de Acemoglu y Robinson.

Tras el golpe de Estado, en 2022 el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz condenó a Jeanine Áñez a 10 años de cárcel, siendo juzgada por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, más específicamente por asumir ilegalmente la presidencia. Sin embargo, dos años después de esta condena, Bolivia volvió a sufrir un intento de golpe de Estado, cuando militares, el pasado 26 de junio de 2024 quisieron irrumpir en palacio presidencial utilizando un tanque del Ejército.

¿Cómo se desencadenó el conflicto en esta ocasión?

Bolivia atraviesa una crisis económica con falta de divisas y ha enfrentado protestas por las intenciones de aumentar el precio del combustible, lo que afectó la imagen del actual presidente, Luis Arce, quien paradójicamente se había destacado por ordenar la economía cuando fue ministro en esta cartera. Más allá del factor económico, una de las claves fundamentales para comprender el nuevo intento de golpe que se encuentra en la relación entre el actual presidente y Evo Morales. Desde que Arce asumió la presidencia, existe una disputa interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) tanto por el liderazgo del partido como por quién será el candidato en las próximas elecciones. A pesar de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano de que Morales no pueda postularse para un nuevo mandato presidencial, el expresidente expresó sus intenciones de candidatearse en las elecciones de 2025. Esto provocó fuertes declaraciones por parte del jefe del Estado Mayor del Ejército, Juan José Zúñiga, quien, un día antes de que ocurrieran movimientos irregulares en la Plaza Murillo, advirtió que no permitiría un nuevo gobierno de Evo Morales y que, en caso de que intentara ser nuevamente candidato, podrían llegar a detenerlo. Sumado a ello, durante el despliegue militar, Zúñiga afirmó que “una élite se ha adueñado del poder, del Estado” por lo que justificó el accionar de las Fuerzas Armadas argumentando que “quieren restablecer la democracia”.

Ante lo acontecido, Luis Arce, a través de un video publicado en su página de Facebook, convocó a la sociedad a manifestarse en las calles y señaló que no pueden permitir que “(…) una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas”. Asimismo, destituyó a Zúñiga y nombró una nueva cúpula militar desde la sede del Gobierno nacional, designando a José Wilson Sánchez Velásquez como nuevo jefe del Ejército. Todo lo ocurrido llamó fuertemente la atención de la población, ya que el actual presidente designó a Zúñiga como general en 2022, luego de las confrontaciones que este tuvo con Evo Morales, y lo consideraba como un gran aliado de su gobierno. 

Luego de ser detenido, el ex jefe del Ejército denunció que lo acontecido en el Palacio Quemado no fue producto de una tensión entre él y el presidente, sino que fue un intento de autogolpe, conducido por Luis Arce para mejorar su imagen en medio de la crisis económica. Los seguidores de Morales adhieren a la teoría de que el presidente planeó un autogolpe para «levantar su popularidad». Afirmaciones de esta índole por parte de dirigentes del mismo partido político no son novedosas, ya que Arce ha declarado en varias ocasiones que es objeto de un “golpe blando” con la finalidad de “acortar mandatos”, refiriéndose a los seguidores del expresidente. 

A pesar de que la disputa interna del MAS por el poder es de público conocimiento, el fallido golpe de Estado en Bolivia ha puesto de manifiesto la relación fracturada entre Arce y Morales, ha clarificado la posición del exmandatario como opositor al gobierno actual y ha expuesto las dificultades del país para consolidar una democracia que ha sufrido retrocesos permanentes desde el siglo XX.

Referencias bibliográficas

Acemoglu, D. y Robinson, J. (2006). Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020). Bolivia en breve. Recuperado de https://www.bo.undp.org/content/bolivia/es/home.html.