Politólogos al Whisky

Mientras el 5 de junio se conmemora el Día del Medioambiente en todo el mundo, Argentina está en alerta por las posibles consecuencias ambientales que podría acarrear la Ley Bases. Diversas organizaciones de la sociedad civil y activistas que concientizan sobre el cambio climático han expresado su preocupación, especialmente con relación al capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la ley recientemente aprobada en la Cámara Baja.

Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones

El RIGI, establecido en el Artículo 161° del capítulo VIII de la Ley Bases, tiene como objetivo atraer inversiones nacionales y extranjeras superiores a los 200 millones de dólares, para garantizar la prosperidad del país y promover el desarrollo económico. Este proyecto de ley propone varios beneficios, como modificaciones fiscales, cambiarias y aduaneras para estimular la inversión. Entre estos, se incluye la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU), así como la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura. Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), se ofrece una devolución acelerada de saldos a favor en un máximo de tres meses, y la posibilidad de pagar el IVA con Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros. En términos de beneficios aduaneros, se contempla la exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos, y la exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos bajo el RIGI. Por último, en cuanto a los beneficios cambiarios, se garantiza la libre disponibilidad de divisas para exportaciones, así como divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.

En términos generales, los aspectos más polémicos del RIGI incluyen la autorización para importar libremente bienes de capital e intermedios sin controles de dumping ni impuestos; la no exigencia de que las empresas ingresen al país las divisas obtenidas por exportación ni que abastezcan el mercado interno, incluso en casos de fuerza mayor; y la falta de requerimientos en investigación y desarrollo local, agregado de valor, o transferencia de tecnología. Adicionalmente, presenta controversia el hecho de que las inversiones extranjeras estarían exentas de cualquier legislación nacional, provincial o municipal, y que no se podrán realizar modificaciones o derogaciones de la ley durante 30 años (FARN, 2024).

Consecuencias ambientales del Régimen

Aunque el RIGI se destina a inversiones extranjeras en los sectores minero, petrolero y gasífero, no contempla ni tiene en cuenta el impacto ambiental que estos proyectos podrían tener. Por el contrario, profundiza un modelo extractivista que no protege el medioambiente. Según el análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), no se menciona su sostenibilidad socioambiental ni se imponen sanciones por incumplir las normas ambientales, lo cual permite que los proyectos mantengan los beneficios del RIGI “(…) incluso si contaminan ríos, suelos y acuíferos, destruyen glaciares o provocan la extinción de especies”. Esto va en contra de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional y es sumamente preocupante, especialmente porque los beneficios del Régimen se otorgan por un período de 30 años, lo que implica que, si se establecen nuevas normativas para proteger el ambiente, tampoco afectarían a los proyectos que formen parte del RIGI.

Frente a esta situación, 50 organizaciones han redactado una carta dirigida a los senadores nacionales para alertar sobre las consecuencias del Régimen, al priorizar el modelo extractivista sin preocuparse por las sanciones para los proyectos que incumplan las normas locales y provinciales de protección ambiental. Esta omisión en la Ley Bases demuestra una falta de consideración por la crisis climática mundial y pasa por alto la norma fundamental de la Argentina, ya que la Constitución Nacional establece en su Artículo 124° que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, mientras que las empresas que formen parte del RIGI parecerían estar exentas de estas normativas.

No es solo el RIGI… 

La Ley Bases, en su Artículo 3°, delega las facultades legislativas al Poder Ejecutivo Nacional para reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, con el “(…) objetivo de reducir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo nacional tendría la capacidad de modificar o eliminar competencias, funciones o responsabilidades legalmente establecidas de los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, así como reorganizar, modificar o transformar su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, aunque esta norma contempla excepciones como las universidades nacionales, el CONICET, entre otros, no contempla a los Parques Nacionales y otros organismos dedicados a la protección del medioambiente. Por lo tanto, las organizaciones ambientales advierten que, de aprobarse la ley, estos organismos podrían disolverse o ver modificadas sus estructuras, situación que ya ha comenzado a ocurrir. 

En el último mes, el gobierno ha ordenado el cese de 80 de los 2200 trabajadores que componen la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN) a nivel nacional. Estos trabajadores forman parte del organismo responsable de la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuyo propósito es preservar la diversidad biológica y los recursos culturales del país. Esta determinación afecta directamente las labores de preservación de las áreas naturales, que son patrimonio de toda la población. A ello se le suma el hecho de que, a pesar de que el presupuesto asignado en 2024 a la APN ha experimentado un incremento nominal del 5,7%, este aumento no ha sido suficiente para cubrir la inflación, lo que se traduce en una reducción real del 63,4%.

Lo mismo ha ocurrido con el presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente este año: en abril mostró una ligera caída en términos nominales, lo que implica una reducción real del 65,4% al descontar el efecto de la inflación. Si se tiene en cuenta el presupuesto nacional destinado a Ambiente en general, que ha caído un 28,9% en su participación respecto a 2023, y se suma al presupuesto de la Administración Nacional de Parques Nacionales, ambos representan solo un 0,16% del presupuesto total del país. Esto refleja una falta de interés en la agenda ambiental y el cuidado de los recursos por parte del gobierno.

Conclusión

El descuido del ambiente por parte del gobierno nacional pone en jaque todas las conquistas que se han logrado hasta el momento. Es necesario que la protección ambiental se promueva ya que el planeta no puede esperar y los recursos con los que cuenta la Argentina no estarán disponibles para siempre si no se los preserva. Para que el país pueda crecer y desarrollarse, no se requiere simplemente inversión, se precisa de la construcción de una industria nacional con mayor valor agregado, la incorporación de innovación y el establecimiento de un sistema productivo que promueva la soberanía nacional, no que la consuma. Además, es necesario aumentar la competitividad sistémica y asegurar que las decisiones gubernamentales y las legislaciones aprobadas beneficien a la sociedad. 

Un buen futuro para las nuevas generaciones no puede ser viable si no se protege el entorno en el que vivimos. Si no se llevan a cabo proyectos productivos con perspectiva ambiental, los únicos beneficiados serán las grandes empresas, mientras que nuestro país solo enfrentará las consecuencias.

Referencias

FARN (2024). Las dos caras del RIGI: fomento para las grandes inversiones y desprotección del ambiente.