Habiendo atravesado el umbral de los cien días de gobierno recientemente, es destacable que la imagen positiva de Javier Milei continúe rozando los 47 puntos, habiendo un incremento respecto al mes de marzo -42,3%- según el informe nacional de abril de la consultora Zuban-Córdoba. Demostrando que el presidente mantiene un nivel importante de apoyo social, logra instaurar temas en la agenda pública que moldean las conversaciones y zonas de interés en la ciudadanía, desde la participación de Argentina en el conflicto bélico desatado en Medio Oriente hasta la situación de las universidades nacionales y la educación pública.
Según el estudio de opinión mencionado anteriormente, hay un 67,8% de adhesión a la idea de que la “educación pública es un derecho de todos y debemos defenderla” y el 50% está muy en desacuerdo con el congelamiento del presupuesto universitario. Esto demuestra solidez en las discusiones alusivas a la problematización de la situación económica del sistema educativo superior, pero hay gran parte de la sociedad que encontró en la posición ideológica liberal-libertaria un espacio de comodidad para desjerarquizar el Sistema de Educación Universitario.
Para comprender la situación es importante entender que a medida que avanza el tiempo, los reclamos por la situación presupuestaria de las universidades nacionales se agravan y se consolidan cada vez con mayor firmeza. Tras la decisión del gobierno nacional de prorrogar el Presupuesto 2023, en un contexto de inflación acumulada de 300% aproximadamente, el normal funcionamiento del sistema educativo de nivel superior se ve afectado de manera directa. El primer Paro Nacional de Universidades se convocó el 14 de marzo como respuesta al congelamiento de presupuesto y la caída de los salarios. Según ACIJ -Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia- nos encontramos en un momento histórico en donde el presupuesto universitario es el más bajo desde 1997, año de la implementación del Programa Desarrollo de la Educación Superior.
La situación presupuestaria es de absoluta preocupación por la limitación de actividades en marco de un ajuste, en el que la prórroga significó un aumento de presupuesto en términos nominales del 2,2%. Para este año, el presupuesto asignado al principal programa universitario es un 72% más bajo en comparación con el año anterior. Tras los reclamos, desde el gobierno volvió a modificarse el presupuesto y se propuso un incremento del 70% únicamente para paliar los gastos de funcionamiento, los cuales representan el 5,5% del presupuesto total. Aunque este aumento aún no fue oficializado, desde las casas de altos estudios se manifiesta la insuficiencia de esta medida y se repudian los tintes burlistas que se establecen al momento de tratar el tema.
Parecen no ser suficientes las medidas preventivas que se toman en el seno de cada universidad y la discusión pública vuelve a poner en el centro del debate los discursos vacíos de opinión formada que se resguardan en un lema absurdo que desprestigia la excelencia académica, celebra el cierre de instituciones y la desfinanciación de proyectos de investigación. Nunca antes había sido tan explícita la noción mercantilista de la educación que no logra identificarla como lo que realmente es: un derecho humano en el que es necesario invertir.
Desde su cuenta de X -como de costumbre- el presidente aviva las discusiones en torno a la presunción del adoctrinamiento en las aulas, incitando a que los usuarios publiquen fotos y videos que logren ridiculizar el posicionamiento de los espacios educativos y a sus docentes. Se habla en términos de “corporación universitaria”, direccionando los debates hacia un reclamo de índole político e intentando instaurar un mensaje en el que las universidades son un espacio donde se nuclea el golpismo que quiere destituir a La Libertad Avanza del poder.
No está de más resaltar lo absurdo de estas afirmaciones porque el conocimiento y la construcción de un pensamiento crítico es necesario para el buen funcionamiento de las democracias. El ensañamiento con el sistema universitario es un ataque directo a los espacios en donde se cimenta el mejoramiento de la nación; el espacio físico en donde se gesta el futuro de las políticas públicas, las leyes, la economía, la salud y la educación.
Como respuesta, la comunidad universitaria -docentes, no docentes, estudiantes- se ha organizado en los reclamos a través de huelgas, paros activos, espacios de debate, clases públicas y manifestaciones. La convocatoria a la Marcha Federal de las Universidades, convocada para el próximo 23 de abril se extiende hacia toda la comunidad involucrando tanto a la CGT como a los centros de estudiantes de universidades privadas.
Por su parte, el gobierno nacional sostiene que el sistema universitario debe aggiornarse a la emergencia económica actual y actuar en consecuencia ahorrando suministros de servicios básicos y mejorar las formas de invertir los fondos que reciben. De esta forma, se minimiza el reclamo, dando por sentado que la única forma de enfrentar la crisis es prescindiendo de recursos necesarios y mínimos.
La situación crítica que estamos atravesando deja en evidencia la poca responsabilidad que el gobierno nacional tiene respecto a las preocupaciones reales de la ciudadanía. Los gobiernos deben ser juzgados por su capacidad de reacción ante las demandas de una sociedad que está dispuesta a llenar las calles en pos de defender lo más sagrado que tiene nuestro país: la educación pública, gratuita y de calidad. En estas instituciones se aprende a transitar lo público y las aulas son la materialización de las discusiones más ricas que no entiende de jerarquías ni diferencias de poder.
La universidad pública es la puerta de ingreso al mundo profesional de sectores que han sido relegados históricamente, pero se encuentran en igualdad de condiciones al momento de habitar los espacios en donde las oportunidades son equitativas para todos.
Es nuestra, es de calidad, hay que defenderla.
*Créditos de la imagen: Satoshi Higa
Politólogos al Whisky 
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