Politólogos al Whisky

Por Merlina Franciosi y Tomás Semhan

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas de la nación deciden tomar el poder, deponiendo el gobierno democráticamente electo de María Estela Martínez de Perón. Bajo el nombre de “Proceso de Reorganización Nacional ” los militares iniciaron una serie de cambios en materia económica con el objeto de “transformar” la estructura productiva del país, para lo que contaron el apoyo de sectores del capital local e internacional.

El 29 de marzo de 1976 fue nombrado ministro de economía de la República Argentina, Jose Alfredo Martínez de Hoz, después presentar exitosamente su plan económico a la Junta Militar, con el pretencioso título de “Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina”.

A diferencia de lo que sucedió con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, donde el gobierno militar copó el gabinete de economistas y tecnócratas procedentes de la Escuela de Chicago, Martínez de Hoz no era un economista profesional. Era un abogado con amplia experiencia en puestos directivos que asumió acompañado de un equipo de economistas ortodoxos en representación de un sector del empresariado argentino que estaba descontento con las políticas económicas adoptadas por el tercer gobierno de Perón.

La economía todavía estaba apabullada por los catastróficos efectos del Rodrigazo. Martínez de Hoz y su equipo económico entendieron que los elementos característicos del fracaso económico del tercer peronismo como los errores a evitar y enfrentar. Enmarcando en esa clasificación a fenómenos tales como el  proteccionismo, el desorden en los precios relativos como consecuencia de los acuerdos de precios y tarifas subsidiadas, el aumento del gasto público y la utilización de la emisión monetaria como herramienta para paliar el déficit.

Con el lema de “Achicar el estado es agrandar la nación” las reformas económicas viraron en cuatro direcciones: Fiscal, bajar el gasto estatal y eliminar el déficit público, que se consideraba la causa principal de la inflación. Monetaria, eliminar la asistencia del Banco Central al tesoro nacional. El comercio internacional, habilitando la apertura de importaciones. Y financiera, permitiendo la desregulación del sector.

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Todo apuntaría a que la respuesta a la cuestión fiscal (y, por lo tanto, monetaria, dado que el Central emite para pagar el déficit del tesoro) serían políticas económicas de shock. Sin embargo, el gobierno militar consideraba necesario mantener la inversión pública para evitar el aumento del desempleo y la caída de los salarios que podrían menguar la paz social y la caída de su popularidad en pos del apoyo a Montoneros y ERP. Además de ello, la preocupación del ejército por la existencia de las organizaciones guerrilleras (que ya hace tiempo habían entrado en una curva descendente con respeto a su influencia y poderío) en conjunto a su creciente temor por el vasto movimiento obrero organizado con el que contaba nuestro país, concluyó en un aumento del gasto de las fuerzas armadas que dificulto aún más la concreción de metas fiscales. Por estas circunstancias, el gasto público apenas varió brevemente durante el periodo. De facto, Martínez de Hoz cerró tanto su primer como su último año como ministro de economía con un gasto público que ascendía al 30% del PIB.

El Proceso encontró a un estado con un elevado déficit fiscal y nunca logró alcanzar la preciada meta del superávit. El déficit bajó del 16% del PIB en 1975 al 8% en 1977, pero solamente por un aumento de los ingresos tributarios, lo cual tuvo efectos recesivos en el corto plazo. El poder del imperio del gobierno militar le permitía hacer una persecución más arrolladora de evasores y morosos. El déficit del estado dejó de financiarse por medio de emisión monetaria para empezar a hacerlo por medio de deuda pública. La deuda pública pasó de 7.899 millones de dólares en 1975 a 43.243 millones de dólares en 1982, lo cual terminó acrecentando el rojo de las finanzas públicas. El déficit fiscal se elevó al 17% en 1981 en consecuencia del aumento excesivo de los servicios de deuda pública y al 20% en 1982 por los gastos de la Guerra de Malvinas. 

La reforma financiera estableció al Banco Central como garante de los depósitos bancarios al mismo tiempo que habilitaba a los bancos a determinar libremente la tasa de interés. En ese momento, las tasas de interés de la Reserva Federal estaban en sus mínimos históricos para paliar los efectos recesivos de la crisis del petróleo, por lo que los bancos argentinos vieron la posibilidad de ofrecer grandes tasas de interés con el objeto de atraer capitales internacionales. La mecánica para inversores extranjeros consistía en traer dólares al país, cambiarlos a pesos, poner un plazo fijo en el país, sacar el dinero en pesos con el elevado interés adquirido y cambiarlo nuevamente a dólares. Este ingreso de capitales extranjeros se tradujo en una enorme apreciación de la moneda que destruyó la competitividad de los sectores de bienes comercializados internacionalmente (la industria y el agro) que en teoría tenían que ser los beneficiados por la apertura económica. Por esto, la cuenta corriente de la balanza de pagos fue negativa en la mayoría del periodo y compensada con la cuenta capital. Cuando terminó el flujo de capitales del exterior se usaron las reservas del Banco Central.

El gobierno intentó arreglar este problema con la “Tablita” que estableció la depreciación programada del peso, pero la inflación superó el ritmo de devaluación de modo que la moneda siguió sobrevaluada. En 1980 empezó el plan de estabilización de Paul Volcker, flamante presidente de la Reserva Federal, subiendo nuevamente los tipos de interés y dinamitando el flujo de capitales internacionales del país austral, generando la quiebra de bancos que tuvieron que ser rescatados por el estado.

Hacia 1982 la situación se tornó compleja. La apertura indiscriminada de la economía argentina y el destrucción de la industria que ella conllevo, comenzó a mostrar sus peores efectos, aunque los síntomas del estancamiento económico ya se empezaron a  visualizar desde años anteriores.  La entrada a un espiral inflacionario, la caída del PBI , la toma exhaustiva de dólares en deuda externa y la combinación entre el aumento de la inflación y la pobreza llevaron a un creciente malestar social. En crudo, el gobierno militar fracasó económicamente en todos los aspectos. De arranque la inflación pasó de 182,8% en 1975 a 444,1% en 1976 por la liberalización de precios y tarifas. La misma nunca bajó de las tres cifras, siendo la inflación más baja del periodo la del año 1980 con un 100,8%. Sin embargo, rápidamente escaló a 164,7% en 1981 y 343,5% en 1982. La pobreza que en la década de los 70 promedio un 5,9%, casi se cuadruplicó cuando en 1982 alcanzó la cifra de 19,6% de argentinos pobres. Para 1981, el PIB per cápita se contrajo en -8,1% y el PIB per cápita del sector industrial un -17,2%. Las altas tasas de interés para atraer capitales internacionales fueron nocivas para la economía real que perdió el acceso al crédito dado el elevado costo de  préstamos y financiamiento. En colaboración, la agricultura se estancó y el único sector que varió positivamente durante el periodo fue el de finanzas y seguros, que creció un 3,4% de 1976 a 1981.  Argentina, en consonancia con sus vecinos, que también eran víctimas de las dictaduras militares del cono sur, se transformaron en casos únicos de reducciones tan bruscas del PBI y de la actividad industrial. 

La dictadura militar, que ya mostraba signos de  agotamiento por los constantes recambios presidenciales, busca una última maniobra para perpetuarse en el poder y la encuentra en la causa Malvinas. El dos de abril del mismo año, la Junta Militar, encabezada por Galtieri, decide ir a la guerra con una potencia militar, Gran Bretaña, con el fin de recuperar las islas del sur del continente.

Malvinas une a la nación, pero el gobierno no tenía las herramientas ni el apoyo para recuperar la soberanía en las islas, por lo que un 14 de junio, la Junta Militar, agotada y sin recursos, firmó la rendición. Este fue el golpe de gracia del régimen; que se encontró con una sociedad exhausta y una opinión internacional cada vez más crítica.

Finalmente, en 1983 el gobierno erosionado  inicia la apertura democrática y es la primera vez en años que se realizan  elecciones libres y limpias. Era el fin de una etapa ; Argentina vuelve a retomar el pluralismo y la vía institucional después de un siglo turbulento.

Sin embargo, las heridas siguen abiertas. Desde 1976 a 1983 nuestro país sufrió violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la censura, la desaparición de personas y el uso de la tortura a manos del Estado. Y las secuelas no terminan allí, la instalación del modelo provocó la pérdida de gran parte de la industria nacional, la vuelta a una economía primaria y la excesiva dependencia del sector agropecuario para la obtención de divisas. Las consecuencias son todavía, parte del presente. El modelo de la Junta Militar abrió la puerta a la instalación definitiva del modelo neoliberal en los noventa. Argentina, nunca logró recomponer su industria, ni recuperarse de los efectos del plan de Martínez de Hoz, que casi cincuenta años después, sigue decidiendo la suerte de la nación. Rodolfo Walsh, el famoso autor y periodista que fue desaparecido por la misma dictadura en su Carta Abierta a la Junta Militar de 1977 enuncia: “5. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”

Bibliografía 

• Aldo Ferrer (2004). La economía argentina: Desde sus orígenes hasta principios del siglo XX. Fondo de Cultura Económica de Argentina. Buenos Aires, Argentina.
• Domingo Felipe Cavallo, Sonia Cavallo Runde (2018). Historia económica de la Argentina. Editorial El Ateneo. Buenos Aires, Argentina.
• Azpiazu, Basualdo, Khavisse  (2004 ) El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, Argentina
• Walsh, R (1977) Carta abierta de un escritor a la Junta Militar