Politólogos al Whisky

En los pasados días el gobierno de la Nación se negó a realizar la transferencia por coparticipación a la provincia de Chubut debido a que esta había contraído una deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, órgano dependiente de la Nación. A pesar de los intentos de la provincia por refinanciarla, el gobierno decidió finalmente descontarla de su coparticipación sin más dilación. De esta manera, Chubut pasaría a ser una de las tres provincias que menos reciben de estas transferencias, y su gobernador Ignacio Torres decidió tomar cartas en el asunto pronunciándose fuertemente al respecto. En última instancia, la justicia falló a favor de la provincia, suspendiendo el quite de los fondos de coparticipación, buscando el “cese al fuego” de ambas partes litigantes. 

No obstante, los verdaderos ganadores de esta guerra de tire y afloje, sin duda, fueron la obstinación, la falta de diálogo y los pleitos intergubernamentales que solo logran fraccionar una Argentina que ya se encuentra débil políticamente.  El poder ejecutivo de la Nación cuenta con una serie de transferencias intergubernamentales que actúan como recursos de gobierno. Más allá de fomentar el crecimiento y bienestar económico y social de las provincias, estos recursos contienen además un valor político importante que reside en el grado de colaboración y predisposición que puede obtener el gobierno de la Nación de estas provincias y sus representantes. Es decir, gracias a la variación en el monto, discrecionalidad y entrega de estos fondos de coparticipación a las provincias, el jefe de gobierno puede hacerse de socios políticos claves de diferentes partidos que respalden sus medidas legislativas, en un contexto donde el partido oficialista no es mayoría en ninguna de las dos cámaras. 

De esta manera, el gobierno de la Nación podría hacer uso de sus recursos de gobierno para ampliar su contingente legislativo a favor, y tener así una base más fuerte para la sanción de proyectos de ley o reformas, o mismo para intentar consolidar una convivencia fructífera y duradera entre el Estado nacional y los Estados provinciales. Sin embargo, a veces la teoría puede jamás ser puesta en práctica, y a la hora de atinar a resolver conflictos que desafían el federalismo y unión que definen a la Argentina, aparecen soluciones de corte disruptivo y separatista que remontan a las discusiones ideológicas sobre “unitarios y federales” o a la creación de más clivajes en una nación ya fuertemente ajetreada por esas mismas divisiones (Bonvecchi & Zelaznik, 2010). 

Por un lado, el gobierno de la Nación mantuvo una posición extremadamente intransigente a la hora de cerrar el acuerdo con los representantes de la provincia antes mencionada. Si bien el gobierno Provincial ampliaba sus quejas de haber intentado cancelar la deuda a través de diálogo entre el vicegobernador Gustavo Menna y el ministro de interior Guillermo Francos y de no haber recibido respuesta alguna, el gobierno Nacional se defendía exclamando jamás haber obtenido la presentación de una documentación necesaria para avanzar con la operación de cancelación de la deuda, por ende remitiendo la disputa a un mar de incomunicación exacerbado, que no hizo más que entorpecer la resolución de litigio (Tarricone, 2024). En el ínterin, el gobernador de Chubut emitió discursos que incitaban al quiebre institucional en señal de disconformidad con las medidas del poder ejecutivo, amenazando con no enviar ni el petróleo ni el gas de la provincia para la Nación. 

Mientras tanto, el gobierno Nacional no dio el brazo a torcer con su postura impenetrable sobre la retención de los fondos, dando así paso a la aparición de la justicia como ente arbitrario que debió mediar entre ambas partes para consolidar un acuerdo lo antes posible. Por más que en términos generales se haya tratado el conflicto, en el aire aún flota una brisa de cierto desequilibrio inmiscuido en los interiores del altercado, y estos residen en la escasa o nula intención de abrir la mesa al diálogo y a la negociación por partes de ambos agentes políticos. Antes que velar por la paz y bienestar del pueblo, se prioriza el camino punitivo y taleónico, dando a entender que ninguna parte se encontraba dispuesta a dar para recibir, tampoco a escuchar para entender, y en esta situación los que más pierden siempre son los más indefensos, es decir los ciudadanos que poco o nada tienen que ver con la raíz del conflicto. La conclusión, al menos a priori, sigue siendo un tanto difusa con relación a las posibles consecuencias que pueda dejar el suceso. Ya que, por un lado, la parte jurídica del reclamo sigue en pie porque puede haber réplica desde el gobierno Nacional, es decir, que la puja de intereses por ahora parece seguir en pie. Sin embargo, algunos atisbos de esperanza propuestos por el mandatario provincial en una conferencia de prensa insisten en apostar a la unidad y en pensar a futuro, con agendas de proyectos de inversión en la Patagonia que podrían ser avalados por el gobierno; agendas de desarrollo que pueden poner a ambas jurisdicciones a trabajar en conjunto por una Argentina más unida. Al final, los recursos de gobierno resuelven los problemas típicos de la división de poderes en partidos con poco contingente legislativo, pero solo pueden ser usados eficazmentea condición de no destruir esa misma división de poderes; a costa de no desafiar el federalismo de la república (Bonvecchi & Zelaznik, 2010).

Bibliografía

Bonvecchi, A., & Zelaznik, J. (17 de 03 de 2010). Recursos de gobierno. Fundación Manuel Giménez Abad.