Politólogos al Whisky

El acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya para investir a Pedro Sánchez es una realidad. Dicho acuerdo engloba una extensa serie de concesiones y acuerdos entre ambas agrupaciones políticas, entre las cuales se destaca la aprobación de una legislación de amnistía para todos los políticos catalanes involucrados en el proceso independentista conocido como “procés”. Indudablemente, la ley de amnistía ha sido el punto más complejo y polémico, provocando multitudinarias manifestaciones, las cuales han generado un espacio para la aparición de organizaciones de corte fascistas.

La mayoría de estas concentraciones ocurren de manera recurrente frente a la sede del PSOE en Madrid, ubicada en la calle Ferraz. Estas manifestaciones son un claro ejemplo de la creciente polarización en la política española. Sin embargo, a pesar de que la amnistía haya sido el factor desencadenante de esta exacerbación de la polarización y de la tolerancia de la derecha ante elementos fascistas, la ley ha sido concebida con un propósito radicalmente opuesto.

Breve síntesis de los antecedentes de la amnistía

El conflicto catalán perdura desde hace más de una década, convirtiéndose en uno de los principales focos de atención de la política nacional, alcanzando su punto álgido entre 2017 y 2019, con la celebración del referéndum ilegal (1 de octubre de 2017), la declaración unilateral de independencia y su consiguiente suspensión (27 de octubre de 2017), así como el encarcelamiento de los líderes políticos y sociales del movimiento independentista (14 de octubre de 2019).

Este último movimiento del sistema judicial español tuvo como objetivo poner fin a la era secesionista en Cataluña mediante la detención de sus líderes, lo que implicó la judicialización de un conflicto político. El resultado fue inequívoco: se produjeron protestas masivas en Barcelona con actos de violencia, generando un aumento del descontento social entre los habitantes catalanes. 

En los últimos años, la distante relación entre el gobierno autonómico y el central, derivada de los traumáticos procesos vividos en Cataluña, ha ido disminuyendo desde la llegada al poder del PSOE. Este acercamiento se ha dado debido a la concesión de indultos a los presos políticos y al establecimiento de una mesa de diálogo bilateral entre ambos gobiernos.

La amnistía como instrumento de negociación política

Tras las últimas elecciones, el PSOE requería del apoyo de la facción más dura del movimiento independentista, representada por Junts per Catalunya. Entre las demandas de esta formación política para otorgar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez figuraba la aprobación de una ley de amnistía. Este acuerdo para amnistiar a los procesados por el “procés” se percibió como una herramienta adicional para el plan de reconstrucción de las relaciones entre la clase política española y catalana. Se toma como ejemplo los beneficios que aportaron los indultos al momento de restablecer la institucionalización del conflicto, abandonando los enfoques unilaterales del gobierno catalán.

De hecho, en el acuerdo hecho público entre el PSOE y Junts per Catalunya se especifica que los independentistas catalanes buscarían negociar un referéndum con el gobierno central, amparándose en la Constitución y abandonando la senda del unilateralismo seguida durante el período de máxima tensión política en Cataluña.

La situación busca ser redirigida a través del diálogo, donde ambas partes ceden en una parte importante de su discurso. Por un lado, el PSOE, antes de las elecciones celebradas en julio, aseguraba que no habría amnistía. Por otro lado, Junts abandona la vía unilateral y después de una legislatura entera negándose a pactar un gobierno español, retoma el camino de la política, un camino que se recupera gracias a la progresiva desjudicialización y la creciente comprensión entre los implicados.

Más allá de las críticas que se puedan formular hacia el PSOE por su disposición a aceptar la ley de amnistía, es importante recordar la relevancia de la capacidad de llegar a un acuerdo mediante concesiones en ciertos aspectos durante una negociación. Desde hace tiempo se solicita la reinstitucionalización del conflicto y sin una cesión de ambas partes no sería factible. En la política española, al igual que en cualquier tipo de negociación, no puede haber un acuerdo mutuo sin concesiones.

La amnistía y la extrema derecha

A pesar del propósito de la ley de amnistía y del acuerdo para la investidura en su totalidad, no se pueden realizar evaluaciones prematuras, ya que la valoración de dicho acuerdo carece de validez hasta que no se hayan experimentado las consecuencias pertinentes para valorarla. Este proceso parece un avance significativo hacia el restablecimiento del diálogo, la institucionalización y la desjudicialización del conflicto. No obstante, cabe considerar que este acuerdo cuenta con una mayoría muy limitada y con una oposición feroz frente al acuerdo.

La enérgica oposición al gobierno del PSOE ha sido forjada y fomentada mediante los duros discursos de odio por parte de la oposición, en los que se cataloga al gobierno de ilegítimo, ilegal, golpista y dictatorial. Este discurso contiene diversos elementos claves que propician la aparición de organizaciones fascistas en dichas protestas.

El elemento clave es el uso de la fragmentación social. La política española se basa en dos ejes principales interconectados entre sí. Por un lado, existe el tradicional izquierda-derecha, que a la vez está altamente influenciado por el otro eje, centro-periferia. Históricamente, la izquierda ha mostrado una mayor inclinación hacia la descentralización y el reconocimiento de la existencia de distintas realidades nacionales dentro del territorio español, mientras que la derecha siempre se ha posicionado más cercana al centralismo. Tradicionalmente, el espacio centralista ha estado dominado sólidamente por el PP hasta los acontecimientos ocurridos entre 2017 y 2019, que abrieron las puertas a un partido más centralista, VOX.

En esta coyuntura, la irrupción de VOX ha generado una pugna interna por la hegemonía en el bando centralista, lo que ha llevado a una radicalización del discurso del PP. El objetivo de la radicalización del discurso es mantener la hegemonía de la derecha e intentar desplazar a VOX. Sin embargo, esta radicalización ha resultado en la desaparición de un partido centralista de derechas moderado y, como consecuencia, la radicalización del electorado de derechas. Debido a esta radicalización del discurso por parte de la derecha en su conjunto, se ha producido una normalización de conductas y discursos propios de la extrema derecha. Esto ha propiciado la aparición de cánticos racistas, machistas y homófobos en estas protestas.

La creación de este entorno en las manifestaciones facilita de manera evidente la presencia de grupos fascistas que anteriormente se encontraban marginados. Estos grupos cada vez se sienten más cómodos con el discurso de la derecha tradicional y de la extrema derecha parlamentaria, pese a mantener sus discrepancias.

La polarización de la política en España parece haber alcanzado un punto crítico, ya que los lazos entre gobierno y oposición han sido dinamitados. Además, la sucesión de actos violentos protagonizados por grupos fascistas en manifestaciones convocadas por la extrema derecha parlamentaria representa una seria degradación de la democracia española. Es de suma importancia que tanto el PP como VOX se distancien de forma contundente y sin ambigüedades de estos pequeños grupos fascistas, ya que su única contribución es el agravio y la exacerbación de la polarización ya existente.

A día de hoy, resulta complejo vislumbrar una disminución de la tensión en un futuro cercano. Sin embargo, al igual que se ha abordado el conflicto catalán, es imperativo retomar la senda de la política y el diálogo, dejando de lado discursos de confrontación y odio. El objetivo principal debe ser restablecer una convivencia, que, no obstante, parece estar desvaneciéndose.