Formosa: ¿Crisis en el Imperio Verde?

Formosa ha pasado a ser, en los últimos meses y con mayor énfasis en las últimas semanas, uno de los focos de la agenda mediática y política argentina. Desde principios de noviembre hasta el día de la fecha, han ido tomando fuerza los cuestionamientos y las acusaciones al gobernador formoseño, Gildo Insfrán, por el manejo de la pandemia y por la vulneración de derechos fundamentales y libertades individuales. 

Este salto de Formosa a la arena mediática nacional comienza por las denuncias y la cobertura que dieron los medios a los “varados”, los más de 8.000 formoseños y formoseñas que hasta la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se habían visto impedidos de regresar a su provincia natal por decisión de las autoridades provinciales. Pero lejos de apaciguar la tensión, esto fue la punta de un iceberg que permitió entrever el ejercicio del poder en la provincia. 

A partir de los varados los argentinos fueron testigos, gracias a la cobertura mediática, de denuncias que involucran detenciones forzosas, hacinamiento y condiciones precarias a los contagiados por COVID en los centros de aislamiento montados por el gobierno provincial; seguimiento y amedrentamiento a periodistas; bloqueo de ciudades enteras como Clorinda y Juárez; detención de concejales (que gozan, según Ley Orgánica de las Municipalidades, de inmunidad de arresto) y la represión con balas de goma y gases vencidos hace 25 años a los manifestantes del viernes 5 de marzo por el regreso a Fase 1.

Todos estos hechos sumaron el repudio y el involucramiento de la oposición, de organizaciones de derechos humanos y de asociaciones periodísticas ala actuación de la Corte Suprema al fallar por los varados y peticionar informes sobre los centros de aislamiento, pero también generaron la condena por parte de Amnistía internacional y la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de autoridades de las Naciones Unidas como son Roberto Valent (Coordinador Residente de Naciones Unidas Argentina), Jan Jarab (Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien advirtió a principios de febrero que ninguna violación a las restricciones puede justificar el uso excesivo de la fuerza y que deben respetarse las salvaguardas contra la arbitrariedad.

Desde las autoridades nacionales, las respuestas que se destacan son la defensa de las cualidades como persona de Gildo Insfrán, la valoración positiva de su gestión de la pandemia; la acusación de uso político y falaz campaña desprestigiante por parte de la oposición y los medios hegemónicos; la tímida visita del Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, a los centros de aislamiento dispuestos por la provincia y un ambiguo comunicado de ésta secretaría condenando no sólo el accionar policial sino también y una vez más, a la campaña difamatoria y boicot a las medidas sanitarias de los medios hegemónicos y el uso político y mal intencionado de sectores de la oposición. Así, dió a entender que la responsabilidad del abuso por parte de las autoridades provinciales y la represión por parte de la policía provincial pareciera ser compartida.

A partir de este conflicto que está tomando lugar en Formosa se puede observar la brutalidad y el abuso por parte de las autoridades provinciales, la ambigua condena de las autoridades nacionales y cómo los actores locales pueden conectarse con actores nacionales para poder dar a conocer su realidad. Y esto tenemos que verlo en la clave que proponen los estudios sobre democracia subnacional.

Como Estado federal, Argentina se organiza en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada unidad subnacional (provincia) tendrá un marco de autonomía para el dictado de su propia constitución, sus leyes y su organización territorial, siempre y cuando siga los principios de la Constitución Nacional.

La vuelta a la democracia en 1983 no implicó un proceso que se haya dado en todas las provincias en la misma medida (Giraudy, 2015), sino que en algunos casos permitió la combinación de elementos democráticos como no democráticos. Hay elecciones y se protegen los derechos políticos básicos pero a su vez se ejercen una variedad de acciones informales y hasta ilegales por parte del gobierno que evita el acceso de la oposición a cargos estatales (Giraudy, 2015). Regímenes subnacionales no democráticos (Giraudy, 2015) y juegos cerrados (Behrend, 2011) han sido los términos para definir estos regímenes provinciales. 

Para describirlos un poco mejor, estos gobiernos subnacionales serán juegos cerrados cuando una familia o una elite política goce de una hegemonía que le permite, a partir de victorias electorales legales y legítimas, el control de la legislatura local para llevar a cabo las posibles reformas constitucionales y políticas que permitan reelecciones indefinidas y el establecimiento de leyes electorales según sea la necesidad del momento. Formosa hace esto observable con dos hechos: el primero es la reforma constitucional de 2003 para habilitar la reelección indefinida del gobernador; y segundo, la derogación de la ley de lemas de cara a las elecciones a gobernador de 2011 por el riesgo que el lema opositor pudiera lograr una victoria electoral.Por otro lado, los juegos cerrados también se caracterizan por influir en los medios locales, ya sea porque miembros de esta élite son propietarios de canales de comunicación masiva, como nos puede ejemplificar la experiencia correntina o puntana, o por el otorgamiento discrecional de pauta oficial y el amedrentamiento al periodismo crítico.Por último, la fuerte influencia en el poder judicial al logran nombramientos de ex funcionarios o miembros de esta familia política. La persecución política y el cuestionamiento a jueces que desafíen al poder ejecutivo también son conductas de esta dimensión.

Casi vital para la perdurabilidad de estos regímenes es mantener el conflicto político provincializado (Gibson, 2005) o vallar el conflicto, cómo definiría Adolfo Rodriguez Saá (Behrend, 2011). Y para lograr el control del conflicto político local, existen tres estrategias. La primera es maximizar la hegemonía gubernamental sobre el sistema político local; la segunda es nacionalizar la influencia de estos líderes subnacionales en la política nacional y por último mantener el monopolio de los vínculos nacionales. Pero también hay posibilidades para los actores locales para permear y lograr abrir esas fronteras con la finalidad que el conflicto se nacionalice. Para esto, se utilizan las alianzas con actores externos como pueden ser autoridades judiciales, los medios nacionales, la oposición nacional o la actuación de organismos internacionales.

Hoy en Formosa se puede observar las primeras dos estrategias de la siguiente manera. Es indiscutible la hegemonía de Gildo Insfrán en la política local, se ha consolidado gracias a contundentes victorias electorales y ha logrado desde 1995 ser gobernador ininterrumpidamente. También nacionalizó su influencia en la política y en la coalición gobernante a nivel nacional: él mismo es el Presidente del Congreso Justicialista y José Mayans, senador por Formosa, jefe del bloque oficialista en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.Lo que sin duda está en disputa es la tercera estrategia del control, si bien es más abstracta que las anteriores, involucra el dominio monopólico de flujos, en este caso, de comunicación entre el nivel subnacional y nacional.

La situación Formoseña desnuda la forma en que se ejerce el poder por parte de las autoridades provinciales y, cuanto menos, ha permeado las fronteras de este juego cerrado, atrayendo la atención de los medios nacionales, la actuación de los partidos con peso nacional y la preocupación de actores y organismos internacionales. Una combinación de factores que en oportunidades anteriores ha implicado las intervenciones a provincias como Catamarca, Tucumán, Corrientes y Santiago del Estero. Esto de ninguna manera es un derrotero inevitable para las caídas de estos regímenes, ni mucho menos una predicción de sucesos por venir. Solo es la apertura a una situación que puede poner en jaque a gobiernos provinciales y que a partir de este momento, todo está por verse.

Referencias Bibliográficas:

Behrend, J. (2011). THE UNEVENNESS OF DEMOCRACY AT THE SUBNATIONAL LEVEL: Provincial Closed Games in Argentina. Latin American Research Review, 46(1), 150-176.

Gibson, E. (2005). Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Democratic Countries. World Politics, 58(1), 101-132.

Giraudy, A. (2015). Democrats and Autocrats. Reino unido: Oxford University Press.

Escrito por

Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales - UADE Suarense por adopcion

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .