DEUDA, ¿HAY ACUERDO CON LOS ACREEDORES?

06/08/2020 por Ceferino Pettovello (@ceferinopettovello)

¿Qué significado tiene para la Argentina llegar a un acuerdo con los acreedores de la deuda? Para entender este cuestionamiento primero hay que formular otras preguntas tales como ¿Quiénes son los acreedores? ¿Cómo está constituida la deuda de la Nación? ¿Qué se necesita para lograr una reestructuración? Y, por último, ¿Qué escenario económico se espera?

Si se busca una referencia para la fecha de inicio de este proceso se debe remontar hasta mediados del año 2005, cuando el gobierno de Néstor Kirchner empezó a negociar una reestructuración de plazos y pago de intereses de la deuda generada por el default (cesación de pagos) que había sufrido el país en el año 2001. Desde ese entonces la Argentina pasó por varios gobiernos, así como también por varios ciclos económicos en los cuales tuvo la posibilidad de pagar algunos de los intereses de deudas previamente adquiridas, pero a su vez también se vio forzada a endeudarse nuevamente. Durante todo este tiempo hasta el día de hoy el peso de la deuda fue creciendo como una bola de nieve que se convierte en avalancha y cae sobre los hombros del mercado financiero local, generando que el país tenga que aceptar contraer deuda a tasas de interés cada vez más altas para financiar el elevado nivel de déficit. 

En otras palabras, cuando el país gasta más de lo que genera tiene tres maneras de financiarse: primero con emisión monetaria, pero utilizar este medio es, en cierto sentido, jugar con fuego porque a la larga termina repercutiendo en un crecimiento de la tasa de inflación y devaluando la moneda local si no se cuenta con el crecimiento de las reservas (dólares) para respaldar la impresión de billetes (situación que se da en la actualidad). 

En segundo lugar, lógicamente, se encuentra achicar el gasto público, herramienta que por consecuencia de los continuos escenarios de crisis a los que se enfrenta la Nación es casi imposible de implementar ya que significaría despidos de empleados del sector público, terminar con la proveeduría de planes de asistencia social y restringir tanto la inversión pública como el presupuesto. Por último, se cuenta con el endeudamiento, que es comúnmente elegido por países en desarrollo y crecimiento como los de América Latina. Pero dada la mala reputación que tiene la Argentina en el mercado financiero internacional (producto del historial de no-pago de deuda y la baja probabilidad de pago en relación a países desarrollados como Estados Unidos reflejado por el alto riesgo país), la única manera de hacer más atractivo el bono a inversores extranjeros es tomar crédito a una tasa de interés mucho más elevada de la que sería óptima, teniendo que pagar mucho más de lo necesario en un futuro a un costo mayor. Una vez entendido esto se puede especificar cómo es que está distribuida la llamada deuda nacional.

Según Sofía Diamante, la Argentina tiene una deuda acumulada por un total de 323.000 millones de dólares (en parte conformados por la deuda previamente nombrada del re-perfilamiento de 2005 y 2010, los llamados ‘bonos del canje’ y otra parte constituida por bonos del gobierno de Mauricio Macri) de los cuales 129.000 millones son intra sector público, es decir, es plata que el Gobierno le debe a organismos e instituciones propios del país tales como el ANSES. Este casi 40% del total es el menos importante porque al ser estos organismos los acreedores, propios del Estado nacional, es más fácil acordar nuevos plazos. Por otro lado, hay U$D 73.000 millones (un 22%) en manos de organismos multilaterales como el FMI (Fondo Monetario Internacional) y BID (Banco Interamericano de Desarrollo), entre otros, con los que por el hecho de estar en una crisis y el rol que los mismos cumplen a nivel global ayuda a que se pueda acceder a un punto de negociación en donde los intereses de ambas partes se vean alineados sin generar muchos problemas de repago en un futuro. Por último, un restante de 121.000 millones de dólares que están en manos de fondos de inversión, empresas, bonistas, etc., de los cuales solo se hará foco en unos 66.000 millones que son los 21 bonos que conforman la deuda en cuestión en este momento porque los 55.000 millones que faltan nombrar están bajo legislación local y el mercado está respondiendo de buena manera y paciente.

Ministerio de Economía. (2020, 28 julio). Presentación gráfica de la deuda. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/presentaciongraficadeudapublica

¿Por qué son de interés solo esos 66.000 millones? Estos 66 millones son los únicos que están bajo legislación extranjera.

Cuando un país adquiere una deuda en el mercado financiero internacional hay por detrás todo un marco legal en el cual no se hará mucho foco. Solamente hace falta mencionar que cuando se da el endeudamiento, ambas partes llegan a un acuerdo de dónde y cómo se va a legislar la deuda. Es decir, Argentina a la hora de tomar un crédito internacional puede lograr que la deuda sea tratada legalmente en el país o en el exterior (suele ser en Nueva York o Londres), pero para quien presta el dinero no da lo mismo el lugar en el que se trate legalmente, al menos en caso de llegar a una situación como esta. Por ejemplo, si la deuda legislase en la Argentina y el escenario fuese actual, un juez nacional sería el encargado de determinar la forma en la que se debería tratar la deuda; en cambio, si la deuda legisla en un punto arbitrario, como lo es en el caso de Argentina en Nueva York, el juez de los Estados Unidos no tendría ningún incentivo a jugar a favor de ninguna de las dos partes. Generalmente, entonces, cuando se trata de países con un largo historial oscuro financieramente se eligen puntos de este estilo para que la deuda legisle de manera adecuada para los intereses de ambas partes.

Las negociaciones tuvieron su comienzo a principio de este 2020 con una oferta unilateral y directa ante la SEC (comisión de valores de Estados Unidos), cuestionada porque no tuvo comunicación previa con los acreedores, con la intención de reestructurar la deuda estirando los plazos y modificando el total mediante una quita de capitales (hace referencia a que se decide parar un porcentaje menor por dólar adquirido en una primera instancia). Dicha oferta era bastante baja con relación al monto total acordado en el momento en el que se otorgó el crédito.

La misma oferta tuvo un nivel de aceptación del 13% aproximadamente según datos de mercado (Consultora Macroviews), lo que es muy bajo ya que según las cláusulas de acción colectivas (reglas del juego determinadas en el momento de emisión del bono) se requiere generalmente que un 75% de los acreedores acepte la oferta para que se haga oficial sobre el total de los mismos. En otras palabras, si el Gobierno emite una oferta y es aceptada por un 75% o más del total de acreedores de la deuda nacional, el 25% restante que la hubiese rechazado se vería obligado por dichas cláusulas a aceptar lo que se negoció previamente. Si bien existen otras cláusulas para los bonos, como la famosa RUFO (Rights Upon Future Offers) que determina que la oferta tiene que ser equivalente para todos los acreedores, no es relevante para el análisis de hoy.

Habiendo mencionado esto, es necesario ver cómo están distribuidos los bonos para ver quienes tienen el poder de decisión para generar esta ‘mayoría’ mencionada anteriormente y entender el proceso en cuestión.

Hay tres grandes grupos de acreedores en la deuda en cuestión: por un lado, los propietarios de los bonos otorgados en 2005 y 2010 por la reestructuración de la deuda por el default de 2001 a los cual se les llama grupo de bonos del canje de la deuda, que tienen en su poder el 16% del total de la deuda. Por otro lado, está el Comité de Acreedores de Argentina que tiene la mayoría de los bonos globales emitidos por Mauricio Macri en 2016 por un total del 8% de la deuda. Por último, está el tercero formado por empresas y fondos de inversión como el estadounidense Black Rock (entre otros). Éste el más grande porque tiene bonos de las dos partes, es decir, un 15% de la deuda de bonos ya reestructurados del default de 2001 entregados como canje en 2005 y 2010, y un 25% de los bonos emitidos en 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri. Lo que en conjunto le da la posición bloqueadora, la palabra final, en la decisión de aceptar o no lo que ofrece Guzmán porque, en caso de negarse, no se lograría la mayoría necesaria para que se acepte la oferta final.

Dicha negociación parece haber llegado a su fin el pasado 4 de Agosto cuando aparentemente se logró un acuerdo entre ambas partes por unos 54,8 centavos por dólar (el gobierno comenzó ofertando 39 centavos). De ser así, el Gobierno lograría estabilizar medianamente la situación económica del país. Pero esto no es suficiente para salir de la crisis. Es necesario tomar medidas de fuerte impacto económico para que aumenten los parámetros relevantes para el bienestar social de la República Argentina.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: