ACUERDO MERCOSUR – UE: LA CUESTIÓN AMBIENTAL SE TORNA DECISIVA

Por Lucas Mercado Gutiérrez – 23/10/2020

Fueron más de 20 años de negociaciones discontinuas que comenzaron en 1995 con la firma de un acuerdo marco y un primer intercambio de ofertas en el 2000. En el 2004 se frustraron las negociaciones y el intento de reanudarlas en el 2010 no fue suficiente. Fue por ello que, en junio del 2019, el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) fue calificado como histórico. Pero las circunstancias que permitieron dicho regocijo diplomático hoy ya no están presentes. Los obstáculos han persistido, las diferencias se profundizaron y las oportunidades disminuyeron. La sugerencia del Parlamento Europeo de que “en su estado actual” el acuerdo no puede ser ratificado devela de alguna manera una cuestión que tal vez se pensó no sería la de mayor inconveniente en su proceso de ratificación: la cuestión ambiental.

Ello también confirma lo que Julieta Zelicovich sostiene al mencionar que el acuerdo se entiende más desde la política que desde lo comercial. Y, de hecho, de ello se desprende la principal traba hoy. Intentar entenderlo simplemente como un acuerdo de libre comercio es insuficiente. De hecho, lo que posibilita su precipitada conclusión en 2019 se vincula con la convergencia de factores tanto de estructura como de agencia. Por un lado, la crisis de la globalización expresada en las dificultades del multilateralismo y el regionalismo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el cierre de mercados y la recesión económica global. Y por el otro la convergencia político-ideológica de los gobiernos y líderes del Mercosur y la UE. Así como originalmente el acuerdo nace como producto de la profundización de la globalización, es más bien bajo una estrategia de defensa del orden internacional liberal en un momento crítico lo que precipita su firma. En ese sentido, tal vez la aceleración de los tiempos en un contexto en el que se entendía que el momento era “ahora o nunca”, dejó ciertas cuestiones como la ambiental, inconclusas. Los fuegos del Amazonas llegaron hasta Europa, donde los líderes europeos solicitan a los países miembros del Mercosur asumir mayores compromisos en materia ambiental. Brasil, sobre todo, en la mira.

Han pasado 16 meses desde la concreción del acuerdo birregional más grande del mundo. Y sin ni una ratificación, la cuestión ambiental se presenta como el candidato predilecto para hacer frente a su avance. En su justificación habrá tanto una serie de organizaciones legítimamente preocupadas por estas consideraciones, pero también los tradicionales lobbies del sector agroindustrial que históricamente han buscado evitar su firma por ser sectores tradicionalmente sensibles y protegidos por el bloque europeo. 

En el renovado impulso de las negociaciones, la Alemania de Ángela Merkel se ha mostrado a favor de la concreción y el avance del acuerdo, y más teniendo en cuenta que representaría una gran ventaja para el país europeo el ingreso de sus productos industriales a los mercados del bloque latinoamericano con desgravación arancelaria. Sin embargo, recientemente la canciller alemana sostuvo que los acontecimientos ambientales le han generado “serias dudas” respecto al acuerdo. Esto debe enmarcarse en dos contextos, por un lado, la realidad de Brasil en la cual los incendios vienen mostrando números particularmente alarmantes desde el año pasado y que, de acuerdo con el Instituto Nacional Brasileño de Investigación Espacial, los primeros seis meses del 2020 ya fueron los peores registrados en cuanto a la deforestación de la Amazonia brasileña, con un área más extensa que Luxemburgo. Y, por otro lado, la creciente movilización de la juventud en torno al cambio climático con acciones de intervención y concientización. De hecho, antes de dichas declaraciones Merkel se había reunido en agosto con un grupo de activistas entre los cuales se encontraban Greta Thunberg y Luisa Neubauer, quien incluso dio un paso más allá al twittear que la líder alemana se había comprometido a no firmarlo. Esta posición más dura probablemente se pueda interpretar a partir de la falta de acciones concretas por parte de Brasilia para contrarrestar el fenómeno, ya que en 2019 Merkel había declarado que la no ratificación llevaría a los efectos contrarios a los buscados, reduciendo los compromisos de Brasil.

Y si Alemania es uno de los principales impulsores para que el acuerdo llegue a buen puerto, muy por el otro lado se posiciona la Francia de Emmanuel Macron, quien ya mostraba su oposición en agosto 2019, prácticamente cuando estaba saliendo de sellar el acuerdo. Para aquel entonces el mandatario francés ya había declarado que “así como estaba” el acuerdo no iba a ser ratificado por la falta de compromiso de Brasil en contener la deforestación de la Amazonia. En el marco de la reunión del G-7 del 2019, el mandatario francés twitteó “nuestra casa está ardiendo” en referencia a los incendios, poniendo el tema sobre la mesa de los más poderosos e internacionalizando la crisis ambiental. A ello se le suma que históricamente Francia ha liderado junto a otros países europeos la ofensiva en contra de la concreción del tan postergado acuerdo, respondiendo a los intereses del sector agropecuario francés que teme ante la competencia de los agro-productos del Mercosur. Recientemente, además, en las elecciones municipales de junio pasado, el partido de Macron perdió frente al partido verde, por lo que al otro día el líder francés declaró que no haría ningún acuerdo con países que no respetasen el Acuerdo de París.

Pero la ratificación debe aprobarse en los 27 parlamentos europeos, por lo que, a las preocupaciones por la decisión de los dos más grandes de Europa, se le suman la de otros Estados como Irlanda, Austria o Luxemburgo. Dublín es otro de los que pisa con fuerza junto con París condicionado por su lobby agroindustrial. A finales de septiembre el presidente Varadkar declaró que antes de ratificar el acuerdo, deben existir garantías que fortalezcan las condiciones de protección ambiental. Respondiendo a las presiones de organizaciones de agricultores, Macron y Varadkar fueron rápidos en condicionar la ratificación a un compromiso creíble de Bolsonaro con el ambiente, del cual el líder brasileño se ha mostrado escéptico en varias oportunidades. En la misma línea, tanto desde Austria como desde Luxemburgo se hacen eco de estas declaraciones y exigen mayores compromisos en la defensa de la lucha contra el cambio climático por parte de países del Mercosur, sobre todo de Brasil.

Cuando de alguna manera las condiciones se habían dado para la concreción del acuerdo el año pasado, la cuestión ambiental se presenta como el factor que divide los caminos del Mercosur y de la Unión Europea. En el viejo continente, las organizaciones medioambientales comienzan a ocupar roles protagónicos en los procesos de negociación e instalan con fuerza la temática ambiental en el debate público europeo. En julio, 265 organizaciones latinoamericanas y europeas enviaron una carta a Ángela Merkel y a los 27 miembros de la UE solicitando rechacen el acuerdo y condenando al gobierno de Bolsonaro por su política ambiental y argumentando que este agudizará la crisis climática a través de la expansión de los monocultivos, como la soja. Al mismo tiempo, crece la participación de los partidos verdes en la política europea, por lo que sus voces ganan injerencia en el debate público.La decisión del Parlamento Europeo no discute el acuerdo birregional pero sí envía una alerta. Como señala Antonio Sanahuja, director de Fundación Carolina, “no se trata de abandonar el acuerdo UE-Mercosur (…) sino de reforzarlo con instrumentos más efectivos…”. El académico señala que el acuerdo es una herramienta para contribuir a la autonomía estratégica de ambas regiones frente a las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos, que da una clara señal ante la fragmentación del sistema de comercio internacional y que puede ser un espacio común de diálogo de políticas para la transformación productiva. Reabrir el acuerdo sería una caja de pandora, por lo que sugiere incluir una cláusula ambiental de carácter vinculante que observe la vigencia de normas internacionales sobre la materia. La pregunta que surge de esto es si habrá suficiente voluntad política de ambos lados del Atlántico para escuchar los legítimos reclamos de la ciudadanía y contemplarlos, sin necesidad de reabrir un proceso que llevó más de 20 años poder concluir.